Un programador de TI trabaja con su ordenador en una oficina.

Un programador de TI trabaja con su ordenador en una oficina. iStock

La tribuna

La digitalización del compliance, una realidad inevitable

30 diciembre, 2022 01:14

La abogacía es una de las profesiones más antiguas que existen y tendemos a pensar en ella como un sector tradicional. Es una realidad que el mundo legal es conservador, incluso a nivel académico, la formación legal sigue manuales y técnicas muy tradicionales.

Pero, aún así, el sector tampoco ha sido ajeno a las tendencias de digitalización que han ocurrido en las empresas de todo el mundo, principalmente por los grandes beneficios que ya se han empezado a apreciar en los departamentos de compliance de grandes multinacionales en términos económicos y de ahorro de tiempo.

De hecho, el sector del compliance corporativo es uno de los más avanzados en esta digitalización legal. Las empresas han comenzado a desplegar herramientas digitales que permiten liberar a los equipos de las tareas más tediosas y repetitivas, facilitando así su día a día y permitiendo que puedan dedicarlas a tareas de valor, con el nivel necesario de seguridad informática y protección de los datos. 

Estas herramientas no solo facilitan el trabajo, sino que permiten que los equipos puedan cumplir con el creciente volumen de trabajo ante un entorno legal cada vez más exhaustivo y, por tanto, más complejo.

Estamos viendo cómo las instituciones, supranacionales o nacionales, están dedicando importantes esfuerzos en perseguir las malas prácticas en términos de corrupción en las empresas de cualquier tamaño. Esto supone que muchas de las normas de compliance interno dejan de ser una responsabilidad ética y moral que la empresa impone, para convertirse en un imperativo legal, e incluso, en muchas ocasiones, es imposible cumplir con ellos sin la ayuda de la tecnología.

Un buen ejemplo que refleja la realidad de esta situación es la directiva Whistleblowing de la UE, que se espera se apruebe como ley en España en los próximos meses como la Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción. Esta normativa obliga a las empresas de más de 50 empleados a implantar un canal de denuncias que pueda garantizar la confidencialidad y anonimato del informante sin comprometer la efectiva investigación del hecho y protegiéndolo de las represalias futuras.

Los canales de denuncia no son una novedad, las empresas llevan años utilizándolos, ya sean líneas de atención telefónica o buzones de correo anónimos, sin embargo, a partir de ahora son una obligación y de no cumplir con ellas las compañías se enfrentan a multas que podrían alcanzar el millón de euros. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta ley ya no vale cualquier canal, solo una herramienta digital puede cumplir con las características que se marcan. 

Para que las empresas puedan aplicar esta normativa y ahorrarse futuros gastos por multas, no es necesario invertir en un gran desarrollo en digitalización. Estas herramientas existen, por tanto, desde el punto de vista de la tecnología, el sector compliance está más que preparado para la transformación.

Sin embargo, en un área tan tradicional el factor humano puede ser el obstáculo más difícil de superar y convencer a los perfiles más seniors de que la tecnología es la solución puede ser un tema complejo de resolver, pero tampoco podemos prescindir de su expertise. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esta dicotomía?

No se trata de convertir a los abogados en hackers expertos del compliance corporativo, ni podemos, ni debemos. Pero sí que podemos trabajar en crear un entorno más proclive a la innovación.

Para ello, debemos apoyarnos en dos pilares, el primero, las nuevas generaciones, con mucha más capacidad tecnológica, y por otro lado, acuerdos con proveedores que faciliten las herramientas más innovadoras para cumplir los objetivos juridicos y comerciales, así como que permitan realizar el cambio mediante una transición dulce.

La figura de los compliance officer -o la persona de la empresa encargada de los temas legales- no tienen que ser expertos en informática y tampoco los proveedores de tecnología tienen que ser abogados con años de experiencia en el sector, pero si tienen que establecer una relación cercana con ellos, de modo que ambos trabajen en la modernización de un sector que ya está enfrascado en una inevitable transformación digital.

*** Murray Grainger es Country Manager de EQS Group España y Portugal

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