El Ministerio de Economía y Empresa ha anunciado que retoma la consulta pública, hasta el próximo 7 de septiembre, del texto del anteproyecto de ley en el que se incluye la regulación de un sandbox para el sector fintech, es decir un laboratorio de pruebas de regulación para las fintech en un entorno controlado por los supervisores.
Su funcionamiento estará condicionado a tres aspectos: vigilancia de las autoridades competentes, en particular a los supervisores financieros; delimitación previa del alcance, duración y características de las pruebas; y máxima garantía para los participantes cuando la realización de las pruebas requiere la participación de clientes reales.
En este sentido, según ha dicho el Ministerio, existe un "consenso internacional" en considerar que este tipo de instrumentos puede ser de utilidad para todos los actores, pero especialmente para supervisores y legisladores en el ejercicio de sus funciones.
Las dos principales patronales de fintech e insurtech en España, la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) y la Asociación de Crowdlending en España (ACLE), ven "muy positivo" que el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez haya retomado esta iniciativa regulatoria y han pedido trabajar de forma conjunta para crear un espacio "perfecto" en el que todos los participantes del sector financiero puedan llevar a cabo iniciativas conjuntas.
"El ecosistema fintech sigue creciendo y demostrando que puede aportar valor al sector financiero, además de innovación y crecimiento al país a través del fomento del empleo", ha precisado la patronal, añadiendo que estas firmas permiten acelerar la transformación digital de la banca.
"Las posibilidades de actuación dentro de un marco digitalizado en la actualidad se reducen a un conjunto de normas, que, por su extensión y contenido, parecería que en lugar de permitir y promover la referida digitalización dentro de un marco seguro, tuvieran como fin último la limitación de la misma", ha aseverado.
La AEFI ha explicado que el sector bancario afronta la existencia de unas normas establecidas que si bien deberían abrir nuevos horizontes para la operatividad digital de las entidades financieras, "se limitan en cierto modo a frenar el desarrollo".
Además, la implantación de un sandbox podría ser aprovechado por las fintech e insurtech para la innovación, dentro de un marco controlado respecto a los riesgos que pudieran afectar a terceros. "Además de posibilitar la creación de un marco estable dentro de cada sector regulado afectado (financiero y asegurador), haría de España un estado garante de seguridad jurídica", ha precisado la patronal.
Por su parte, ACLE ha asegurado que no puede más que felicitar al Gobierno por que haya recuperado y dado prioridad a este proyecto. "Podremos discutir los detalles, pero el reconocimiento de que es posible acceder a un campo de pruebas, en el que la actividad del promotor se regirá por el protocolo que acuerde con el o los supervisores que corresponda, junto con normas claras de protección de los inversores, es buena noticia", ha comentado.
Para ACLE, son "especialmente" relevantes dos circunstancias: la primera, que las entidades financieras de base tecnológica se consideren activo apto para la inversión de las entidades de capital riesgo o las entidades de inversión colectiva cerradas; y la segunda, el establecimiento explícito del principio de proporcionalidad para la autorización del proyecto, una vez que este salga del campo de pruebas.
España es el país con más fintech e insurtech del mundo en proporción al número de habitantes y, según las patronales, con un "gran recorrido", ya que cada semana nacen entre dos y tres nuevas firmas de estos sectores.