Aunque ha sido durante la actual legislatura cuando se ha arrancado la puesta en marcha de la Ley de Startups, aprobada hoy en el pleno del Congreso, la necesidad de crear un marco legislativo que regule las particularidades de este tipo de empresas se lleva gestando desde hace más tiempo.

Hace ya seis años que entidades del sector propusieron su creación. "Era muy importante que el conjunto de partidos, el Parlamento y el gobierno discutieran sobre políticas públicas que impulsaran el ecosistema con todo el sector", afirma Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups (AES).

A pesar de la espera, en la conversación que mantiene con D+I, Baeza se felicita porque "por fin está aquí" y el gobierno "ha aceptado nuestro esquema en cuestiones planteadas en los dos últimos años [cuando se presentó el anteproyecto de ley], como la definición de startup, certificación de la startup, aplicación de medidas a quien tenga ese sello…".

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Por otro lado, Baeza, desde AES, alaba la creación de un Foro de Empresas Emergentes que ayudará a realizar una evaluación continua del proyecto desde el primer momento para ir corrigiéndolo ante, por ejemplo, "una nueva realidad socioeconómica” como en la que nos encontramos ahora. Y siempre “junto a los ministerios y el resto de organizaciones representativas".

Durante su tramitación han sido fundamentales las contribuciones de entidades que representan y aúnan al sector emprendedor en España, y que llevan mucho tiempo esperando el día de hoy. Preguntado por este medio, César Tello, director general de Adigital, hace una valoración positiva del proyecto de ley, añadiendo que "es solo un primer paso en la dirección adecuada". 

"Era muy importante que partidos, Parlamento y gobierno discutieran sobre políticas públicas que impulsaran el ecosistema con todo el sector"

Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups.

"Desde aquí, toca pensar en el futuro. Tenemos que trabajar juntos, en estrecha colaboración público-privada, para crear un marco regulatorio ambicioso y de largo recorrido, que impulse la competitividad del ecosistema español", manifiesta Tello. 

Una visión que también comparten desde la Asociación Española de Fintechs (AEFI), que ven en la aprobación de esta ley "un empujón más para convertir a España en referencia para el ecosistema europeo y en un verdadero hub de empresas innovadores con base tecnológica", afirma Leyre Celdrán, Business Manager Director de la AEFI. 

Qué le falta a la Ley de Startups

La satisfacción por lo conseguido hoy es generalizada porque "el concepto, la cultura y el ecosistema de startups ya forma parte del acervo legislativo y jurídico del Estado". Sin embargo, Baeza reconoce que no es todo lo ambiciosa que les habría gustado desde su Asociación.

"Se sigue notando cierta precaución a la hora de redactar algunos artículos, como si se quisiera ir despacio porque no se tiene claro el alcance de todo esto". Una objeción que no resta optimismo a este primer paso en firme dado por el Ejecutivo: "a partir de ahora será más fácil introducir mejoras".

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Así también lo corroboran startups del ecosistema español consultadas por D+I. "Sigue dejando la sensación de que este proceso no ha acabado aún, pues el valor estará en no considerarlo un texto inalterable, sino adaptarse a nuevas realidades, como lo hacemos en el ámbito del emprendimiento", asevera Joan Paul Pozuelos, cofundador de Neurominset.

En la misma línea se muestra Marco Conde, CEO y cofundador de Motoreto. "Todavía queda un largo camino por recorrer. La base es muy buena, porque surge para ser más competitivos y mejorar el tejido, pero aún nos quedamos cortos con respecto a países europeos como Suecia o Finlandia".

"Tenemos que trabajar juntos, en estrecha colaboración público-privada, para crear un marco regulatorio ambicioso y de largo recorrido, que impulse la competitividad del ecosistema español"

César Tello, director general de Adigital.

Entre las medidas que se echan en falta, el director de Asuntos Públicos de la AES señala cuestiones fiscales relacionadas con inversión en startups por parte de corporaciones y empresas. A lo que desde Adigital, Tello, también aboga por "la revisión de la definición de ‘empresa emergente’ para adecuarla a la realidad del ecosistema".

Desde el ecosistema emprendedor español se pone el acento en otras carencias de la ley como las stock options. "Mantenemos una desventaja competitiva con otros países de nuestro entorno. También faltan medidas relevantes de apoyo fiscal a la propia inversión en fases tempranas de las startups, en especial en el caso de personas físicas, tanto emprendedores como business angels", incide Roger Álvarez, managing partner en Bondo Advisors.

"También habría sido conveniente mejorar la regulación de los procesos concursales para este tipo de compañías, en las que por su propia naturaleza la tasa de mortalidad es elevada", recalca Álvarez.

"Lo cierto es que el mundo startups está todavía en construcción y esta ley persigue reducir trabas y también favorecer la financiación, uno de los grandes caballos de batalla de este tipo de compañías, al carecer del track record que demandan los bancos", apunta Celdrán desde AEFI. "Por ejemplo, los fondos europeos de digitalización y de reconversión venían para ayudar a muchas de estas compañías en su proceso de crecimiento, pero no han llegado en tiempo y forma".

Talento y contratación

Uno de los puntos fuertes de esta ley es conseguir proyectar a España como un hub para el talento tecnológico. "Por ejemplo, para aquellos nómadas digitales que pueden trabajar desde cualquier rincón del planeta", explica el director general de Adigital, 

Entre sus argumentos, señalan la "posición estratégica" en cuestiones de conectividad de nuestro país, con el tercer puesto en este ámbito en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (conocido como DESI), y "un ‘poder blando’ [las llamadas soft skills] que nos hace atractivos para que personas de todo el mundo quieran trabajar para y desde España". 

En esta línea, la CEO de Usyncro, Cristina Martín, destaca la necesidad de que ley potenciara más la atracción del talento. "Aunque se contempla la contratación de talento extranjero, se apreciarían más las ayudas directas a la cotización en la Seguridad Social o IRPF, de utilidad a la hora de construir equipos con mayor trayectoria profesional, que doten de solidez a los proyectos".

"Esta ley persigue reducir trabas y también favorecer la financiación, uno de los grandes caballos de batalla de este tipo de compañías"

Leyre Celdrán, Business Manager Director de la AEFI.

Los nuevos modelos híbridos de trabajo también generan dudas al sector respeto a la ley. "En un mundo tan globalizado: ¿cómo puedo contratar a alguien que vive en el extranjero? Esta cuestión es clave si queremos ser competitivos en el mundo", plantea Martín. 

"Está claro que España es un país de atracción de talento extranjero (sus ciudades, el clima, el estado del bienestar, etc.) y así lo recoge la Ley de Startups para atraer el nómada digital a España. Pero cuando se quiere contratar, a veces no es posible hacer una relocalización. Esta cuestión no está resuelta en la legislación laboral", afirma Irene Gómez, cofundadora y CEO de Keybotic.

Los nuevos modelos híbridos de trabajo y la captación de talento en el extranjero plantean nuevos retos que las startups no ven atendidos en la ley.

La antigüedad de las startups, el último escollo

Uno de los puntos sobre los que más se ha debatido en todo el proceso de redacción y aprobación de Ley de Startups, y no resuelto hasta esta misma semana, es la antigüedad de una compañía para ser considerada startup.

Establecida inicialmente en cinco años, el sector siempre ha considerado que este tiempo era muy poco. "Nos estábamos dejando fuera empresas que están creciendo, pero todavía son startups, o aquellas que tienen modelos de negocio que requieren más madurez", explica Baeza. 

¿Los motivos? "Parece que el gobierno tenía cierto temor a que la Unión Europea tumbara la ley por razones de ayudas de Estado, pero en otros países comunitarios han hecho esto y no ha pasado nada", añade el directivo.

Una reivindicación que también se venía haciendo desde Adigital, que consideraba necesario ampliar el período por el cual una empresa se considera emergente a siete años desde su constitución, con carácter general, y a 12 años en casos específicos. 

Asimismo, también proponían "incluir en el periodo de siete a 12 años a aquellas que pasen a fase scaleup. Y que se contemple la opción de ampliar a otros sectores innovadores, estratégicos o de impacto social dicho periodo de 12 años".

El mismo posicionamiento mantienen desde FOSSA Systems. Su CEO, Julián Jiménez, sostiene que "no todos los proyectos son iguales. Algunos, como los tecnológicos o los de biomedicina, necesitan más de cinco años para madurar, y otros, como los ecommerce, monetizan más rápidamente que empresas de desarrollo de software. No es lógico fijar un período de madurez ni un máximo de ingresos igual para todos". 

En una línea similar se muestra Raquel Valero, cofundadora y CEO de PlayFilm. "Desde nuestra visión, y dado el contexto tan volátil que vivimos, toda nueva empresa debería ser considerada como una startup y acogerse a esta ley, y las ayudas que son tan necesarias al empezar".

En esta línea, desde el último unicornio español, inciden en las necesidades no atendidas de este tipo de compañías más maduras. "El marco actual es muy limitado, y existen muchas startups o scaleups que se quedan fuera. Incluida nuestra compañía, una startup tecnológica que ha contratado 600 profesionales durante el 2022 y va a seguir creciendo durante los siguientes años", argumenta Jordi Romero, CEO de Factorial.