Como ya avanzó D+I en su día tomando como referencia las palabras del discurso de investidura del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, la Junta iba a dotarse de una agencia de estas características que, según dijo, iba a ser una realidad en enero de 2024.

Llegados a ese punto, es momento de preguntarse por la tramitación necesaria para la creación de este organismo. Y la respuesta llega rápidamente: la administración autonómica ya está tramitando un decreto-ley que ha recibido ya diversos informes a favor y que ha sido ya tomado en consideración por parte de la Comisión de Gobierno.

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D+I ha tenido acceso a este decreto ley, que lleva un título inequívoco, al incluir la coletilla "de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha".

En este decreto-ley ya se evidencian algunos de los pilares fundamentales sobre los que se asentará este nuevo organismo, partiendo de cuáles serán sus objetivos, sus funciones y su organización interna.

Lo primero que conviene destacar es que en el punto primero del artículo primero de la ley ya se deja claro que esta agencia tendrá "patrimonio propio y autonomía en su gestión", si bien se remarca que dependerá de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "a través de la consejería competente en materia de digitalización y transformación digital".

Esa referencia a la dependencia no es baladí, puesto que, al menos en un momento inicial, los ingresos de la agencia provendrán de "los créditos que se asignen de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las transferencias que cualesquiera otras Administraciones o entes públicos puedan disponer a su favor y para el cumplimiento de sus funciones". Es en el artículo 7 de la ley donde se hace referencia a la cuestión financiera.

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En un futuro, la ley contempla como posibles ingresos, "los rendimientos de los bienes y derechos de su patrimonio o los ingresos devengados por la explotación o uso de sus soluciones, aplicativos o desarrollos tecnológicos".

En cualquier caso, la pregunta es: ¿qué funciones tendrá la agencia? Se responde a esta cuestión en el artículo 2 de la citada ley.

"La Agencia tiene como fin general el impulso, con criterios de eficiencia y transversalidad, de la transformación digital y la plena digitalización de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos", se explica.

Con este objetivo, y siempre lo que se incluye literalmente en la ley, "corresponde a la agencia la planificación de la estrategia digital, la dirección, gestión, ejecución y control de los instrumentos de tecnologías de la información, comunicaciones corporativas, ciberseguridad y seguridad de la información, así como el impulso y coordinación de la administración electrónica y la implementación y desarrollo de la política estratégica en materia de telecomunicaciones".

De todo el presupuesto de la Consejería de Hacienda, el departamento que más dinero gestionará (con diferencia) es la Viceconsejería de Transformación Digital, con un 47,7%, de la que dependerá la agencia.

Siendo un poco más concretos, la agencia se va a responsabilizar de la planificación, coordinación, dirección y ejecución de la estrategia e instrumentos de transformación digital y digitalización; de la dirección y gestión de todas las actuaciones en materia de tecnologías de la información, telecomunicaciones e infraestructuras digitales; o del fomento y la regulación de los servicios digitales y de la economía y sociedad digitales.

Pero también del impulso, diseño y dirección de los programas de capacitación y certificación de competencias digitales que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región y favorezcan el empleo; o del impulso, dirección y coordinación de los programas y actuaciones dirigidos a la plena implantación de la administración electrónica, la sede electrónica, el registro electrónico, el archivo electrónico y la innovación administrativa.

El organigrama de la agencia

En cuanto a su organización, la agencia estará formada por un consejo de administración, capitaneado por un presidente y un vicepresidente que hará las veces de director-gerente de la entidad.

La ley especifica a quién corresponde la titularidad del cargo de presidente. "La Presidencia de la Agencia se ejercerá por la persona titular de la consejería competente en materia de digitalización y transformación digital" -en este caso Juan Alfonso Ruiz, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital-.

La dirección-gerencia, en cambio, deja abierto el nombramiento a una propuesta del presidente. No sería de extrañar, aunque no hay confirmación al respecto, que este cargo lo ostentara Juan Ángel Morejudo, viceconsejero de Transformación Digital.

Sobre este último cargo recaerían las funciones de dirección, coordinación, planificación y control de las acciones de la agencia.

El consejo de administración lo formarán también "al menos cinco vocales pertenecientes a la administración"

La maquinaria para la creación y puesta en marcha de la agencia ya es una realidad con un decreto-ley que deberá ser completado con los pertinentes estatutos. El siguiente paso será la primera dotación económica destinada específicamente para la agencia, aunque conviene hacer una explicación aparte en este punto.

Y es que, según ha podido constatar D+I, los presupuestos autonómicos de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital para 2024 no incluyen ninguna partida específica para la creación de la agencia.

Eso no quiere decir, obviamente, que no se cree a posterior, ya que la Junta tiene herramientas para hacerlo posible, pero de momento, no existe esa partida para hacer posible la creación de la agencia.

Un presupuesto muy sensible a la digitalización

Ahora bien, por otra parte, no es menos cierto que el mimo con el que los presupuestos autonómicos han tratado a la transformación digital es innegable. De hecho, de los 253,2 millones de euros que gestionará la citada consejería, casi la mitad (121 millones, es decir, el 47,7) estarán gestionados por la Viceconsejería de Transformación Digital.

El siguiente departamento que más dinero gestionará en esta consejería es la Secretaría General, que gestionará 69 millones (el 27,2%). Lejos quedan los 15,5 millones que gestionará la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego; los 14,4 millones que gestionará la Dirección General de Protección Ciudadana; los 11 millones que gestionará la Dirección General de Función Pública; los 9,9 millones que gestionará la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa; o los 9,6 millones que gestionará la Intervención General.

Volviendo a la viceconsejería más beneficiada por el reparto, la de Transformación Digital, conviene concretar que dedicará 22 millones a telecomunicaciones y 98,9 millones a la sociedad digital, leit motiv de la creación de la agencia.