Durante cinco años, el Gobierno ha presentado los fondos europeos como el gran instrumento de transformación de la economía española. Debían modernizar nuestro tejido productivo, elevar la productividad, impulsar la digitalización, reindustrializar España y mejorar nuestra competitividad. Era una oportunidad histórica, financiada con deuda europea, que exigía una gestión ejemplar, transparencia y una gestión gubernamental a la altura del desafío.
Sin embargo, la reciente Declaración del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024 ha vuelto a colocar el foco sobre los fondos europeos, concretamente en la utilización de créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para financiar necesidades presupuestarias ajenas al Plan de Recuperación.
En concreto, el Tribunal señala que la insuficiencia de crédito para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó dos modificaciones presupuestarias por importe conjunto de 2.389,4 millones de euros, financiadas con créditos sobrantes del MRR: una ampliación de crédito de 1.722,1 millones aprobada el 6 de noviembre de 2024 y una transferencia de crédito de 667,3 millones aprobada el 19 de noviembre.
Conviene ser rigurosos. No estamos ante una acusación simple de “pagar pensiones con fondos europeos” en el sentido material de que Bruselas haya enviado dinero finalista y el Gobierno lo haya destinado directamente a otra cosa.
El debate es quizás más técnico, pero precisamente por eso más importante. Lo que se discute es el uso de créditos presupuestarios inicialmente dotados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que el Gobierno consideró sobrantes o excedentarios, para cubrir compromisos ineludibles en partidas deficitarias de pensiones.
Tiene que ver con la anomalía democrática de no presentar Presupuestos y vivir en una prórroga e inestabilidad continua que el Gobierno resuelve abusando de opacidad
El matiz no exonera al Ejecutivo. Al contrario, obliga a preguntarse:
¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que recursos presupuestarios, vinculados al mayor programa de transformación económica de nuestra historia, terminan funcionando como una reserva de liquidez para tapar insuficiencias de gasto corriente?
Esto va mucho más allá. Tiene que ver con la anomalía democrática de no presentar Presupuestos y vivir en una prórroga e inestabilidad continua que el Gobierno resuelve abusando de opacidad, y uso discrecional de las modificaciones presupuestarias.
El Gobierno ha defendido su actuación en la excepcionalidad de las circunstancias, en la existencia de créditos previamente retenidos y en que, según su criterio, esas modificaciones no comprometían ni el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción del MRR.
En realidad, sobrevive por el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada en 2024, que le habilita para realizar transferencias entre secciones de forma arbitraria.
España está en interinidad con unos Presupuestos prorrogados porque Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de cuentas ante el Congreso
El Tribunal advierte que los fundamentos jurídicos deberían haber quedado mejor justificados y que existe incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas limitaciones al uso de créditos sobrantes del MRR para financiar modificaciones fuera del Plan de Recuperación.
Ahí está el núcleo gordiano del problema. España está en interinidad con unos Presupuestos prorrogados porque Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de cuentas ante el Congreso.
Un gobierno que renuncia a aprobar presupuestos no desaparece, pero sí gobierna mediante prórrogas, reales decretos, modificaciones de crédito y una elasticidad normativa que reduce la capacidad de control de las Cortes. Puede ser legal en determinados supuestos. Pero es una pésima práctica democrática. Incomprensible que lo admitan sus socios de gobierno e investidura. También son cómplices.
Y es que la flexibilidad presupuestaria no nació para sustituir al presupuesto. El Real Decreto-ley 36/2020 se aprobó para agilizar la gestión de los fondos europeos, simplificar procedimientos y evitar que la burocracia bloquease la absorción de unos recursos excepcionales.
Del mismo modo, el artículo 9 de los PGE de 2023 dotaba al Gobierno de capacidad para realizar determinadas transferencias de crédito por la situación excepcional de la Covid.
Pero una cosa es disponer de instrumentos de flexibilidad para ejecutar mejores inversiones transformadoras y otra muy distinta convertir esos instrumentos en el modo ordinario de supervivencia presupuestaria de un Ejecutivo incapaz de someter sus cuentas al Congreso.
El Tribunal ofrece además un contexto inquietante. A lo largo de 2024 se redistribuyeron créditos entre diferentes secciones, servicios y partidas por 41.966,3 millones de euros. Las modificaciones de los programas de gasto del MRR ascendieron a 9.708,2 millones, de los cuales 9.551,4 millones correspondieron a incorporaciones de crédito autorizadas en el presupuesto de la Administración General del Estado para la ejecución del PRTR.
Estas cifras, lo que reflejan es que tenemos una arquitectura presupuestaria cada vez más deformada por la prórroga, por los remanentes no ejecutados y por la incapacidad de cumplir con las inversiones.
Una advertencia. Esto no es nada con las modificaciones presupuestarias récord de 2025 y lo que veremos en 2026. Todo presupuesto vivo o prorrogado requiere ajustes. El problema es la escala, la opacidad y el destino. No es una preocupación nueva. La falta de transparencia sobre la ejecución real de los fondos ha sido una constante.
Ya lo advertía Hayek y su crítica a la “fatal arrogancia” de quienes creen que desde un centro político pueden ordenar la economía mejor que la información dispersa de millones de empresas, trabajadores e inversores. El fracaso de los fondos europeos en España es administrativo y también conceptual.
Se diseñó un plan demasiado centralizado, excesivamente intervencionista y poco atento a las necesidades reales del tejido productivo. Cuando el Estado concentra decisiones, reparte recursos con criterios políticos y limita la evaluación independiente, el resultado no suele ser mayor eficacia, sino más arbitrariedad y consecuentemente el fracaso del programa.
Es la calidad del marco institucional el que permite a los individuos cooperar, invertir, innovar y asumir riesgos. Los fondos europeos debían reforzar ese marco, no sustituirlo por una maquinaria burocrática opaca.
El intervencionismo de Sánchez tiende a generar nuevas distorsiones que luego se utilizan para justificar nuevas intervenciones. En España, la baja ejecución de los fondos justifica más modificaciones, la falta de presupuesto justifica más discrecionalidad y la discrecionalidad termina justificando menos control.
Por eso la polémica de los 2.389 millones no debe despacharse a la ligera o desde la demagogia. Hay que exigir explicaciones precisas. ¿Qué proyectos del MRR quedaron sin ejecutar para que esos créditos fueran considerados sobrantes? ¿Qué ministerios fallaron en la planificación? ¿Por qué no se informó con mayor claridad al Congreso? ¿Qué garantías existen para que la flexibilidad presupuestaria no se convierta en una vía ordinaria para financiar gasto corriente?
La cuestión de fondo, insisto, no es contable, sino institucional. Un Gobierno no puede sobrevivir gracias a la flexibilidad que le permiten el artículo 9 de los PGE de 2023 y el RDL 36/2020.
Lo que no puede es pretender es que esa flexibilidad sustituya la rendición de cuentas. La democracia exige debate, autorización, control y evaluación. Sin esos elementos, el presupuesto deja de ser una herramienta de política económica para convertirse en un ejercicio de ingeniería al servicio de la supervivencia de Sánchez.
Los fondos europeos eran una oportunidad para modernizar España. Utilizarlos como colchón presupuestario, aunque sea mediante créditos sobrantes y bajo cobertura jurídica discutible, transmite una imagen devastadora: la de un Gobierno que parchea constantemente, que sólo improvisa y que no rinde cuentas. Y en economía, como en democracia, la confianza se pierde cuando las instituciones dejan de actuar con la transparencia que los ciudadanos merecen.
***Santiago Sánchez López es economista.