El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y encargado de investigar el llamado caso Zed, ha archivado la causa por el delito de tráfico de influencias para tres de los investigados: Javier Pérez Dolset, Víctor Calvo-Sotelo y Mauricio Casals. El magistrado toma esta decisión por "falta de indicios suficientes" contra ellos.

El primero de ellos fue fundador, máximo accionista y consejero delegado de la empresa tecnológica Zed WorldWide S. A. El segundo, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones. Casals es presidente del diario La Razón. Para este último, también se acuerda el sobreseimiento respecto del delito continuado de falsedad en documento mercantil que se le atribuía.

En esta rama de la compleja causa, la Audiencia Nacional investiga los contratos que el Gobierno adjudicó entre 2012 y 2016 a Zed WorldWide S. A. Según la Fiscalía Anticorrupción, se otorgaron "de forma fraudulenta".

En su auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el juez reconoce que "existe una serie de correos electrónicos en los que se infiere que Calvo-Sotelo informó al entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, a propósito de la situación de los concursos públicos a los que se había presentado el Grupo Zed", así como "comunicaciones con otras personas del Ministerio a propósito de estas cuestiones". 

El Código Penal define el tráfico de influencias como el comportamiento del "particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero".

No obstante, aparte de dichas comunicaciones, "no existen otros indicios" de este delito, subraya el magistrado. "Ha de recordarse que José Manuel Soria no está investigado y que los restantes sujetos que aparecen en las comunicaciones eran, en todo caso, subordinados suyos", advierte.

En su auto, el juez García-Castellón explica que en esta macrocausa se investigan varias conductas delictivas diferentes; "si bien, en el informe del Ministerio Fiscal se interesa el sobreseimiento parcial, en lo relativo a los delitos de tráfico de influencias". Por ello, el documento no hace alusión alguna a otros supuestos ilícitos, como administración desleal, fraude de subvenciones y blanqueo, que también se investigan.

En su declaración ante el juez en julio de 2017, Pérez Dolset negó haber tenido tener conocimiento de que se cometieran irregularidades por parte de su empresa para conseguir subvenciones públicas millonarias de forma fraudulenta por valor de cerca de 70 millones de euros entre 2011 y 2016.

Asimismo, el juez recuerda que, tal y como establece la jurisprudencia, para ser delictiva, "la influencia debe ejercerse para alterar el proceso motivador del funcionario influido, lo que excluye las meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social interesando el buen fin de un procedimiento que no pretendan alterar el proceso decisor objetivo e imparcial de la autoridad o funcionario que deba tomar la decisión". Además, también exige "el abuso de una situación de superioridad".

El auto añade que, según el informe del fiscal, el entonces ministro de Industria José Manuel Soria utilizaba también, además de la oficial, su cuenta de correo electrónico particular (de Gmail) y que la Audiencia Nacional no ha tenido acceso a tales comunicaciones. "De ahí, que se sostenga que, dado que no se ha acreditado una relación directa de los investigados revestidos de funciones públicas relativos a las subvenciones, ni que los particulares influyeren en modo alguna en la resolución, deba proceder el sobreseimiento".

Por todo ello, el juez expone que no consta "siquiera indiciariamente" dicha influencia, ni que ésta haya provocado que se dictara una resolución favorable a la empresa. Así, "no ha lugar a la participación" de Casals y Pérez Dolset en el delito de tráfico de influencias.

El auto sí refiere a una reunión del presidente de La Razón con el ministro Soria el 23 de junio de 2012. Y en dicha cita, Mauricio Casals recibió un e-mail de Javier Pérez Dolset sobre el proyecto Avanza de Zed WorldWide S. A. En el correo se indicaba lo siguiente: "Toda la ayuda que nos puedas prestar será bien recibida, como siempre". Sin embargo, para el magistrado Castellón, esos hechos resultan, "a todas luces, insuficientes" para atribuirles a ambos un delito de tráfico de influencias.

La mera reunión "no es constitutiva de delito", expone la resolución. "Ni lo es la alusión a la petición de ayuda si no cristaliza en actos concretos de los que se infiera que se influyó sobre las autoridades o funcionarios públicos (...), lo que tampoco se desprende de lo actuado hasta este momento, en el que la instrucción se encuentra muy avanzada", indica el auto.

70 millones de euros

La Operación Hanta, en la que resultó detenido Javier Pérez Dolset, tuvo lugar a finales de junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse, supuestamente, de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.

Según indicó entonces la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exCEO de Zed WorldWide S. A. se habría embolsado parte de ese dinero a espaldas de los pequeños accionistas de la compañía, vaciando así su propia sociedad. Antes de entrar en concurso de acreedores, había sido una empresa líder en su sector y llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de euros.

A finales de 2020, el juez archivó la causa para el magnate ruso Mikhail Fridman, principal accionista de la cadena de supermercados Dia y quien adquirió un porcentaje de Zed WordWide S. A., al considerar de que no hay pruebas que demuestren que participó en la asfixia económica de dicho grupo. Posteriormente, la Sala de lo Penal revocó este archivo.