El primer ministro italiano ha recurrido ahora al mismo método para diseñar el plan de reconstrucción con el que pretende sacar a Italia de la crisis sin precedentes de la Covid-19. Draghi ha reclamado a Bruselas toda la munición a su alcance: 68.900 millones en subvenciones y 122.600 millones en préstamos a devolver, que aumentan la deuda. Además, pondrá 30.600 millones extra de dinero italiano: en total, una bazuca que supera los 220.000 millones de euros.

En contraste, en la solicitud de ayuda enviada este viernes a Bruselas, Pedro Sánchez opta de momento por una política más cautelosa. Aunque España puede recibir hasta 140.000 millones de fondos de la UE, el presidente del Gobierno sólo ha pedido a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen la parte de las subvenciones, es decir, 69.500 millones. Eso sí, en el plan de recuperación español se anuncia que los otros 70.000 millones en préstamos baratos se podrían a movilizar a partir de 2022 para cubrir instrumentos financieros de asistencia a empresas, así como los nuevos ERTE. Pero sin compromiso ninguno.

Es decir, Sánchez evita endeudarse todavía más en el corto plazo. Las ayudas públicas para amortiguar el golpe de la pandemia y el desplome de los ingresos fiscales han disparado la deuda pública de España del 95,5% en 2019 al 120% del PIB el año pasado, cifra que equivale a 1,3 billones de euros. Nuestro país es ya el cuarto más endeudado de la UE, sólo por detrás de Grecia (205,6%), Italia (155,8%) y Portugal (133,6%). Y Bruselas ha avisado del "alto riesgo" de que se repita una crisis de deuda como la de 2012, que obligó a pedir el rescate bancario. Los subisidios de la UE no incrementan el nivel de endeudamiento.

Además de España e Italia, otros 11 países han enviado hasta ahora a Bruselas sus planes de recuperación junto con la solicitud de ayudas a cargo del fondo de 750.000 millones de euros Next Generation EU. El resto lo harán ya fuera del plazo indicativo, que era el 30 de abril. Entre los cumplidores, sólo tres países más han seguido el ejemplo de Draghi y piden también los préstamos a devolver, además de las subvenciones: Grecia, Portugal y Eslovenia.

Sin embargo, el propio comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, había pedido a todos los Estados miembros, incluso los más endeudados, que solicitaran a la vez créditos y subvenciones. Su argumento es la urgencia de maximizar el impacto del estímulo presupuestario justo en el momento en que más se necesita y sostener la recuperación. De nuevo la doctrina de la "fuerza abrumadora". La UE acaba de recaer en la recesión debido a la nueva ola de contagios y el retraso de las vacunas, mientras Estados Unidos y China ya vuelven a crecer.

Los dirigentes de la UE hacen estos días examen de conciencia al ver la magnitud del estímulo presupuestario que ha movilizado el presidente norteamericano, Joe Biden. Su administración acaba de sacar adelante un paquete de ayudas de 1,9 billones de euros. Además, ha anunciado un plan de infraestructuras de 2,3 billones y otro plan centrado en la educación de 1,8 billones. En contraste, el fondo Next Generation de 750.000 millones de euros no empezará a desembolsar ayudas como muy pronto hasta julio. La UE corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera mundial de la recuperación.

Aparte de la potencia de fuego desplegada, la otra gran diferencia entre España e Italia (los dos países más golpeados por la pandemia, los que recibirán más ayudas de la UE y por ello los más directamente comparables) es el star power que aporta Draghi. 'Super Mario' ha conseguido trasladar su prestigio y credibilidad como presidente del BCE y salvador del euro a su cargo de primer ministro en Italia, al menos hasta ahora.

Toda la prensa internacional está poniendo el foco en el plan de reconstrucción de Draghi, con artículos elogiosos en la prensa alemana y francesa o en el Financial Times, la biblia bruselense. O con expertos que se dedican a contar cuántas veces aparece la palabra "competitividad" en su propuesta (son 50).

Pese a sus diferencias, las cuatro potencias de la UE (Alemania, Francia, España e Italia) han hecho frente común esta semana con el fin de presionar tanto a Von der Leyen como al resto de sus socios para que los fondos europeos empiecen a fluir cuanto antes. Los cuatro grandes han querido dar ejemplo enviando a Bruselas de forma coordinada sus respectivos planes de inversión y reformas, el requisito exigido por la UE a cambio de las ayudas.

Los planes resultan muy difíciles de comparar, ya que no usan una plantilla común y las cantidades de dinero en juego son muy dispares. Al mismo tiempo, todos comparten la misma columna vertebral: la prioridad dada a la doble transición digital y verde, con el objetivo de mejorar la resistencia de la UE a futuras crisis. El reglamento del fondo obliga a destinar al menos el 37% de las ayudas a la lucha contra el cambio climático y al menos el 20% a digitalización.

Tanto Alemania, como Francia, España o Italia aseguran que superan los umbrales. Berlín sostiene que destinará a estos dos capítulos el 90% del dinero europeo. Ahora corresponde a Bruselas verificar, por ejemplo, que las inversiones verdes efectivamente lo son, algo que han puesto ya en duda las ONG. Greenpeace ha tachado el plan Draghi de "ficción ecológica". 

Todos los planes se parecen además en que incluyen inversiones en las siete "iniciativas emblemáticas" que ha propuesto el Ejecutivo comunitario. Las más repetidas son el fomento de tecnologías limpias en el sector del transporte y, sobre todo, la rehabilitación de edificios públicos y privados con el objetivo de ahorrar energía. En este capítulo, las inversiones van de los 15.220 millones de euros que ha previsto Italia a los 2.500 millones del plan de Alemania.

"El plan alemán incluye poca financiación para políticas no relacionadas con la transición digital y verde, posiblemente porque Alemania es de los cuatro el país que recibirá menos dinero. Los planes de los otros tres países son mucho más diversificados, e incluyen prioridades políticas como inclusión social, educación, investigación, sanidad e incluso cultura y deportes en el caso de España", escriben Zsolt Darvas y Simone Tagliapietra, del think tank Bruegel.

Si se comparan las inversiones de Madrid y Roma, llama la atención la prioridad que le da Draghi a la construcción de nuevas líneas de tren de alta velocidad (con un capítulo de inversión en infraestructuras de 25.130 millones de euros), en lo que Italia va muy por detrás de España.

Además, Italia quiere consagrar 15.630 millones a sanidad, mientras que el plan de Sánchez sólo contempla una partida de 1.069 millones para renovación y modernización del sistema sanitario. La gran paradoja es que ningún país ha recurrido a la línea de crédito especial del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que acordó el Eurogrupo hace ahora un año. Un dinero al que cualquier Estado miembro puede recurrir sin condiciones siempre que lo dedique a sanidad. España tiene a su disposición 25.000 millones. Pero nadie quiere solicitar esta ayuda por el efecto estigma, por el papel del MEDE en los rescates de la crisis del euro.

Aparte de las inversiones, las reformas incluidas en los planes de recuperación son muy distintas en cada país, precisamente porque tienen que responder a las recomendaciones a medida que hace Bruselas dependiendo de los problemas estructurales de cada economía. En este capítulo, Sánchez apuesta por la cantidad. 102 reformas sin un hilo conductor claro y sin poner el énfasis en las que más urge Bruselas: laboral, pensiones y fiscal.

"El plan tiene algunas deficiencias destacables: la falta de concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior", escriben los expertos del Center for Economic Policy de Esade en su primer análisis del texto.

En contraste, Draghi, un maestro del relato desde su etapa en el BCE, se decanta por poner el foco en sólo cuatro grandes reformas, las que a su juicio necesita Italia para salir del pozo. Modernización de la administración pública y recorte de la burocracia; reforma de la justicia con el objetivo reducir los tiempos de los juicios en un 40% para el sector civil y al menos en un 25% para el sector penal; simplificación legislativa y derogación de las leyes que tienen un "impacto negativo" en la vida diaria de ciudadanos o empresas; y medidas para impulsar la competencia y acabar con abusos monopolísticos.

El primer ministro italiano prevé además acometer antes del final de julio una revisión del IRPF con el fin de racionalizar la estructura del gravamen y reducir gradualmente la carga tributaria, preservando al mismo tiempo la progresividad y el equilibrio de las finanzas públicas. Con esta reforma pretende rebajar la tasa de fraude fiscal y aumentar el empleo entre mujeres y jóvenes. En contraste, Sánchez ha anunciado que su reforma fiscal supondrá una subida de impuestos.

También el plan de Macron concentra toda su energía en tres reformas centrales. En primer lugar, una Ley del Clima cuyo objetivo es acelerar la transición verde. Francia plantea además una reforma de la prestación por paro, cuyo objetivo es aumentar los incentivos para la vuelta al empleo. La tercera gran reforma persigue restaurar el equilibrio presupuestario, con una revisión de la calidad del gasto púbico y una regla de gasto con un horizonte a cinco años.

El presidente francés se compromete además a proseguir las reformas ya iniciadas antes de la crisis, como la de pensiones o la reducción del nivel de impuestos, puesto que Francia es uno de los países con mayor carga fiscal.

De los cuatro grandes países de la eurozona, el plan de Alemania es el más parco en reformas. En la versión presentada el pasado martes por su ministro de Finanzas, Olaf Scholz, las únicas reformas de calado que se mencionan se refieren a la modernización y digitalización de la administración pública y la eliminación barreras a la inversión.

Los planes de España, Italia, Alemania y Francia están ya ante el tribunal de Bruselas. La Comisión dispone ahora de un plazo de dos meses para ponerles nota y el Ecofin tendrá un mes adicional para aprobarlos (o rechazarlos). Si no hay más contratiempos, las ayudas europeas podrían empezar a llegar en julio. Pero nadie en la capital comunitaria descarta nuevas sorpresas y retrasos.