De izquierda a derecha: Jaime Rodríguez, director de la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS); Juan Manuel Martínez Mourín, presidente de la Asociación Española del Transporte (AET); Ankor Tejero, jefe de Motor de El Español; Mario Rodríguez Vargas, director de Políticas Públicas de Ecodes; y José María Quijano Riestra, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
El sector del transporte advierte de que la Ley de Movilidad Sostenible necesita un desarrollo reglamentario
Garantizar la inversión y la seguridad jurídica resulta imprescindible para conseguir los objetivos.
Más información: Iryo pide a Adif que informe de las obras a los viajeros y que ajuste los cánones a la calidad de la infraestructura
Tras aprobarse hace casi un año la Ley de Movilidad Sostenible, el sector del transporte coincide en que la norma constituye un marco de referencia positivo, pero advierte de que corre el riesgo de quedarse en una mera "declaración de intenciones" si no se esclarece un desarrollo reglamentario y presupuestos estables.
En la mesa redonda realizada por EL ESPAÑOL- Invertia en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, representantes del sector como Jaime Rodríguez (Confebus), Juan Manuel Martínez Mourín (AET), Mario Rodríguez Vargas (Ecodes) y José María Quijano Riestra (CETM) han coincidido en la urgencia de concretar la norma para evitar la incertidumbre en las empresas y usuarios.
Durante el debate, los ponentes han destacado que, aunque se ha logrado definir el "qué", estableciendo objetivos como la descarbonización y derecho a la movilidad, falta concretar el "cómo" y el "cuándo".
Por su parte, Jaime Rodríguez (Confebus) enfatiza en que se debe "pasar de las palabras a los hechos", garantizando el derecho a la movilidad y consolidando las bonificaciones en los billetes antes de que expire la medida el próximo 31 de diciembre.
A su vez, José María Quijano (CETM) subrayó que la ley sin partidas presupuestarias reales del estado "no sirve para nada", haciendo ver la necesidad de destinar fondos a la renovación de flotas envejecidas y mantenimiento de las infraestructuras.
Seguridad jurídica para las pymes
Uno de los principales temores expuestos es la falta de seguridad jurídica y la incertidumbre a largo plazo, un factor crítico para un mercado, que en su inmensa mayoría, está constituido por pequeñas y medianas empresas.
El reto de conseguir flotas de cero o bajas emisiones requiere grandes desembolsos, cuyos periodos de amortización son prolongados. Por lo que tal y como afirma María Quijano (CETM), cualquier cambio en las reglas a mitad del proceso pone en riesgo la viabilidad del negocio.
Cuando una compañía invierte en tecnología como el gas o la electrificación necesita que el marco legal no se modifique para poder asumir los costes.
Por ello, Mario Rodríguez (ECODES) expone la necesidad de una optimización en los trámites realizados por la Administración, evitando la sobrecarga administrativa. De la misma manera, recalca el gran avance que supone haberse definido por primera vez el concepto amplio de movilidad.
Concentración de la financiación
Ante la dispersión de necesidades entre modos de transporte, los representantes coinciden en que los recursos deben focalizarse.
Jaime Rodríguez (Confebus) defiende el transporte colectivo de viajeros para garantizar la cobertura en todo el territorio, subrayando que la financiación debe traducirse en soluciones reales y adaptadas a las necesidades cotidianas.
En relación con los planes de movilidad al trabajo, cuyo plazo legal se acortó drásticamente de 24 a 12 meses, Rodríguez recalca que las empresas necesitan asesoramiento e incentivos. Como ejemplo destaca la guía desarrollada por la Comunidad de Madrid para orientar a las compañías.
Desde la perspectiva del transporte de mercancías Juan Manuel Martínez Mourín (AET) desvela que "llevamos bastantes años intentando educar prohibiendo", algo poco efectivo. La solución que propone es motivar con mejores condiciones.
Mesa redonda. Los retos de la nueva Ley de Movilidad Sostenible
Respecto al objetivo de elevar la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías del 3% actual al 10% en 2030, Martínez lo consideró poco factible, especialmente tras las últimas incidencias vividas en la red ferroviaria.
José María Quijano Riestra (CETM) asegura que el ferrocarril y el barco no son enemigos, se transforman en plataformas en las que subir el camión. Pero para lograr una intermodalidad eficiente defendió el impulso de los ecobonos, algo que ya funcionó en rutas marítimas italianas.
A este reparto de recursos, Quijano (CETM) añadió que el propio sector aporta unos 21.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado a través del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA, por lo que bastaría con reinvertir entre 2.000 y 3.000 millones para garantizar el mantenimiento de las carreteras y financiación de las flotas.
Una renovación que, al tratarse de un tejido compuesto mayoritariamente por pymes, con una media de cuatro vehículos por empresa, requiere ayudas directas y realistas.
Electrificación de la flota
La transición hacia la electrificación es uno de los pilares centrales de la nueva ley y uno de los mayores focos de tensión ante las exigencias normativas.
En un extremo se sitúa la movilidad urbana electrificada, donde la tecnología se consolida como una solución madura. Sin embargo, en el transporte interurbano y de larga distancia todo cambia. Jaime Rodríguez (Confebus) subraya la existencia de barreras: "En el ámbito que no es urbano hay una carencia clara".
Ante el aumento de las ventas de vehículos electrificados y el horizonte de 2030 se cuestiona la capacidad de las infraestructuras de carga. Juan Manuel Martínez Mourín (AET) afirma que, "vamos fatal. ¿De dónde sacamos la energía si se produce el cambio? Si no hay capacidad para espacios residenciales de cara a 2030, ¿dónde lo vamos a enchufar?"
Siguiendo la misma teoría, Mario Rodríguez Vargas (Ecodes) indica que ante un futuro electrificado, a corto plazo se deben afrontar retos infraestructurales evidentes, y por ello argumenta que "si no está claro, lo mejor es no poner fechas fijas, lo importante es que es una ley que tiene una vocación de perdurar".
Los objetivos han quedado definidos, pero las intervenciones de los representantes ponen de manifiesto que la descarbonización no puede lograrse a costa de asfixiar a las empresas ni encarecer el derecho a la movilidad de los ciudadanos.
