Las democracias no suelen colapsar abruptamente. Se desgastan. Se van vaciando gradualmente cuando el Estado pierde la capacidad de cumplir la función que le da sentido.

No es el conflicto lo que los debilita, sino la persistencia de un aparato público que promete derechos pero genera frustración. Un Estado presente en las reglas, pero ausente en los resultados.

Este fue uno de los diagnósticos más perspicaces de José Ortega y Gasset al observar la crisis europea del primer tercio del siglo XX. No cuestionó la democracia como ideal, sino su vaciamiento práctico cuando el Estado dejó de funcionar como estructura reguladora de la vida en común.

Para Gasset, este sistema político no podía sostenerse por la mera invocación moral ni por la inercia institucional; requería capacidad de acción, responsabilidad histórica y método.

Ortega comprendió algo que vuelve a cobrar protagonismo hoy: cuando las instituciones pierden eficacia, la política se convierte en retórica y la ciudadanía se desvanece. El poder persiste, pero la legitimidad se erosiona. El sistema político pluralista sigue existiendo formalmente, pero deja de regular la vida cotidiana de la gente. No se derrumba; se desgasta.

Este razonamiento nos permite comprender con mayor claridad uno de los dilemas contemporáneos de las democracias occidentales: el problema no es un exceso de derechos, sino la incapacidad del Estado para transformarlos en una realidad verificable. Cuando fallan los servicios, la gestión es inadecuada o las decisiones se demoran, no solo se produce disfunción administrativa, sino también un déficit ético.

Desde esta perspectiva, la eficiencia estatal deja de ser una obsesión tecnocrática para convertirse en un imperativo moral. No se trata de un debate ideológico sobre el tamaño del sector público, sino de una cuestión más profunda: un derecho incumplido es una promesa rota, y un Estado que incumple sistemáticamente debilita los cimientos mismos del sistema democrático.

El filósofo español también advirtió contra la ilusión de que la voluntad de la mayoría bastaría para sostener el orden democrático. Sin instituciones competentes, sin normas aplicadas eficazmente y sin una administración eficiente, la voluntad se disipa. La democracia se convierte entonces en un sistema de expectativas incumplidas, y la frustración sustituye a la confianza.

Por lo tanto, el debate decisivo de nuestro tiempo no es entre mayor o menor intervención estatal, sino entre un Estado funcional y uno inoperante. Un Estado que decide bien, ejecuta con rigor y actúa con responsabilidad, fortalece el pluralismo sin necesidad de gestos grandilocuentes. Cuando esto no sucede, incluso si preserva su legitimidad formal, alimenta el escepticismo cívico.

En la obra de Ortega, hay una dimensión menos mencionada, pero particularmente relevante hoy en día: la función pedagógica del Estado. Las instituciones educan no solo mediante discursos o leyes, sino también mediante sus acciones. Un Estado funcional transmite racionalidad, previsibilidad y confianza; un Estado improvisador enseña desorden, arbitrariedad y resignación.

No se trata de transponer mecánicamente las categorías de Ortega a otra época, sino de reconocer una continuidad histórica: las democracias sobreviven cuando el Estado cumple su función. Cuando esto no ocurre, este sistema político persiste, pero se vuelve frágil, defensivo y pierde apoyo social.

En este punto, la lección es simple pero exigente: si el Estado no logra convertir los derechos en realidades concretas, la democracia se reduce a una simple aspiración. Y entre una cosa y otra, además de la calidad del gobierno, también está en juego la confianza pública, ese recurso invisible sin el cual ningún sistema democrático puede sostenerse a lo largo del tiempo.