Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox y la abstención del PSOE, la regulación de la teleasistencia avanzada, que plantearon PP y Ciudadanos para eliminar el copago, ya que será gratis para 26.000 personas, e igualar los criterios de acceso y sus condiciones de prestación, pues se contempla un contrato único que asumirá la Junta.

En ese sentido, la proposición de ley, que modifica la Ley de Servicios Sociales (2010), se aprobó por el procedimiento de lectura única con el 'no' de PSOE y Podemos, que expresaron su rechazo a esta fórmula, si bien dejaron claro su respaldo a que la teleasistencia avanzada sea gratis, a pesar de la existencia de "muchas dudas" y de la falta de garantías.

La modificación regula este servicio, su planificación, dirección y establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria, pues la Junta asumirá el coste del contrato único previsto, unos cuatro millones de euros. Se pretende, de esta manera, garantizar la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en toda la Comunidad.

Además, plantea un contrato único que permitirá reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio integrando recursos, optimizando costes y homogeneizando los contenidos en todo el territorio. También, garantiza a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento.

La ‘popular’ María Ángeles García destacó que la Junta “invita y paga” con esta medida por lo que lamentó que no hubiera unanimidad y señaló que mejora la propuesta del Gobierno que pretende que este servicio se restrinja para las personas con dependencia. También negó que no se haya dado participación a las entidades locales y criticó que los dirigentes socialistas se levantaran de la mesa de negociación.

Además, defendió el procedimiento de tramitación parlamentaria, porque aseguró es la vía más rápida y señaló que se mantendrá la atención sanitaria, pero con coordinación sociosanitaria. También aclaró que no requiere conexión a internet, sino línea telefónica móvil o fija y señaló que se unifican criterios y condiciones en un contrato único sin arrebatar competencias.

En nombre de Ciudadanos, María Teresa Gago expresó su sorpresa por el voto en contra de PSOE y Podemos que recordó se abstuvieron en la toma en consideración de la proposición de ley. También argumentó la “urgencia” de esta iniciativa que recalcó evita un desembolso a los ayuntamientos y se estrecha la conexión del servicio y las bases de sanidad.

Muchas dudas

La socialista Isabel Gonzalo respaldó la gratuidad de la teleasistencia, pero aseguró que tienen “muchas dudas” sobre la reforma por la falta de transparencia sobre esta propuesta y recordó la promesa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre los programas “pilotos” previstos, por lo que aseguró que no serán muy beneficiosos al no ser “vendidos” a la oposición. Además, indicó que la gratuidad del servicio llega gracias al Gobierno de España, que recordó aporta más de 700 millones en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

También consideró que el procedimiento no es muy democrático ni en la forma, ni el fondo, aseguró que se busca evitar el control de las instituciones propias y la participación de otros grupos parlamentarios. Además, señaló que también se cercena la intervención de las entidades locales, que recordó llevan años prestando el servicio, con la retirada de competencias.

A su juicio, la Junta tiene prisa por ponerse medallas que no les corresponden al contar con un aumento de la aportación del Gobierno para la teleasistencia, que señaló será gratis. Además, recordó que las entidades locales recibirán las quejas y no se sabe si seguirán prestando algún otro servicio en esta materia, ni tampoco quien se encargará del seguimiento de los usuarios y los sensores utilizados. “Yo me lo guiso y yo me lo como”, apostilló.

Garantías

En nombre de Podemos, Laura Domínguez aseguró no entender la “cerrazón” de PP y Cs con esta modificación, que indicó que al igual que con el decreto de sanidad, se tramite de forma rápida y sin debate. En su opinión, buscan un titular con una cuestión que aseguró es “profunda” e “importante” y no una “emergencia” o “urgencia”. “Hay que hacerlo de forma eficiente y garantista”, sentenció.

Además, preguntó si la Junta va a negociar con las entidades locales y si podrán decidir si lo amplían o no, algo que ella consideró no se podrá hacer al imponer un contrato único. A su juicio, la teleasistencia se va a centralizar, con unos criterios que decidirá la Comunidad, con un contrato único sobre el que recordó se desconocen los pliegos o su despliegue en el medio rural.