El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Aceves, ha pedido este martes la comparecencia urgente en las Cortes del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para explicar las resoluciones de la Inspección de Trabajo sobre la sala del 1-1-2.

Aceves, que ha comparecido compareció junto con el presidente del Comité de Empresa del 112 y otros miembros de este organismo, ha calificado de "verdadero escándalo" por el poco interés de la Junta por un servicio "de primordial importancia" como es 1-1-2.

Al respecto, el portavoz socialista ha explicado que una resolución de la Inspección de Trabajo de Valladolid del 22 de mayo de este año, y que corresponde al periodo entre el enero de2014 y marzo de 2018, condena al pago de 695.577,87 euros a la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, como sujeto responsable y la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León como responsable solidario.

Y se les condena, según José Luis Aceves pora la "utilización de la fórmula de subcontratación del servicio con la empresa EURAL en el Centro Coordinador de  Emergencias (CCE) y en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE)", lo que está calificado como "grave" según la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

El procurador socialista ha recordado que la Junta se constituyó en entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del 1-1-2 por Acuerdo de octubre de 1997, pero el PP "decidió" que este servicio público se gestionará por la Administración de la Comunidad "de forma indirecta, y tuviera la naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento abierto".

En el pliego de condiciones para la contratación del servicio de emergencias del 1-1-2 se estableció un indicador de tiempos de atención de llamadas y un indicador de disponibilidad de personal y presencia física.

En octubre de la Delegación de la Junta en Valladolid notificó a la empresa una infracción de 3.500 euros comoconsecuencia de un acta de infracción de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, debido al cómputo de las horas de localización en el servicio de atención de llamadas de urgencia calificada "como grave".

Asimismo, José Luis Aceves ha recordado que la responsabilidad de la Agencia de Protección Civil es comprobar el cumplimiento de los pliegos de condiciones del servicio "y no permitir deficiencias" y sancionar a la empresa adjudicataria "en el caso de que así se produzca".