El Grupo Popular presentará en las Cortes de Castilla y León sendas proposiciones no de ley (PNL) en las que solicitará una financiación autonómica sin negociaciones bilaterales y concesiones, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y contra el cierre de la minería que considera que se hace "sin transición ni justicia".

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, y el responsable de Economía del Grupo, Salvador Cruz, han presentado estas iniciativas que reivindican estas cuestiones al Gobierno central.

En concreto, De la Hoz ha explicado que en la primera de las iniciativas se insta al Gobierno "del doctor Sánchez" a afrontar el modelo de financiación sin acuerdos bilaterales, "en ningún caso" con comunidades que no respeten el principio de lealtad o amenazan con quebrantar el orden constitucional, sino en el marco del CPFF.

De la Hoz ha criticado que el Gobierno del "doctor Sánchez" haya llegado a "oscuros acuerdos" en materia de financiación autonómica con formaciones "radicales, secesionistas y populistas", entre los que ha citado a Bildu por el acercamiento de presos, el PNV por la cesión de competencias o Podemos con la subida de impuestos con la que ahora "amenazan".

A todos ellos ha sumado los acuerdos con los nacionalistas catalanes en torno a un referéndum que inicialmente era de autogobierno pero que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entiende que es de "autodeterminación, las declaraciones del Gobierno en las que hablan de "presos políticos" o el compromiso del Ejecutivo de saldar 1.500 millones de euros y asumir 2.700 de deuda a corto plazo en Cataluña.

El portavoz del Grupo considera "inaceptable" que para "intentar salvar" al Gobierno de Sánchez se "castigue" a los ciudadanos de España y Castilla y León, por ello se presenta la iniciativa parlamentaria frente a lo visto en los últimos días.

Orden constitucional 

Por ello, ha reclamado que cualquier "diálogo", el cual defienden, se enmarque con el principio "irrenunciable" de lealtad constitucional y en "ningún caso" con comunidades que no respeten el mismo o amenacen con quebrantar el orden constitucional.

En la misma línea, insta al Gobierno a que en caso de que haya acuerdos bilaterales, estos sean ajenos al sistema de financiación autonómica y ésta se circunscriba al ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha criticado que, además de los acuerdos con Cataluña, se asuman 350 millones de deuda de Valencia por la Copa América y el presidente de la Comunidad, Ximo Puig, diga que exigiría 1.200 millones adicionales o que haya un compromiso de 4.000 millones para Andalucía.

"Es inaceptable", ha añadido Raúl de la Hoz, quien ha recordado que sólo en el CPFF están todas las comunidades para ofrecer sus propuestas, alternativas y reivindicaciones como las que hace Castilla y León, que coincide con las de otras comunidades "leales" a la Constitución como Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias o Galicia.

Además, De la Hoz ha incidido en la necesidad de acordar el modelo de financiación "sin dilación alguna" y se aborde con "sensatez" y no con negociaciones bilaterales que en el caso de Cataluña sirven para "pagar los desvíos secesionistas" y ahora se asumen "por obra y gracia" del Gobierno de Sánchez.

De la misma forma, en la PNL se reivindica que la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, como el Fondo de Liquidez (FLA) o la financiación de la deuda a corto plazo, se aborden también en el seno del CPFF bajo la premisa de la igualdad de trato en entre todas las comunidades de régimen común y sin que no haya acuerdos en beneficio de unas que vayan en "perjuicio" de otras.

El portavoz del Grupo Popular ha asegurado que Castilla y León no aceptará que se "sacrifiquen" los intereses de los españoles y los castellanoleoneses y ha apelado a la responsabilidad de los grupos de las Cortes después de que presidentes de otras comunidades como el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, o el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hayan puesto "el grito en el cielo" por la "injusticia" que generan estos acuerdos bilaterales.

Defensa de la minería 

Por otro lado, el Grupo Popular también buscará el apoyo de los grupos, aunque lo ve "difícil", para defender el carbón autóctono, las térmicas y la minería más allá de finales de este año después de la "irresponsabilidad" del actual Gobierno después de que el anterior "peleara" por aplazar el cierre hasta 2030.

En este marco, ha criticado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hable de una transición "justa" y luego anunciara el cierre a 31 de diciembre de este año. "Ni transición ni justicia", ha señalado De la Hoz, quien ha criticado que se hable de un cierre "inmediato" que pone en riesgo más de 3.500 puestos de trabajo sin alternativa.

Salvador Cruz ha criticado al PSOE en esta materia y le ha pedido que se posicione, al tiempo que ha censurado su "postureo", ya que mientras en Castilla y León pide la permanencia de la minería en Madrid defiende lo contrario. Asimismo, ha calificado de "irresponsable" a Podemos con una política que tiene "la misma credibilidad que Echenique en la Seguridad Social".

A este respecto, Salvador Cruz ha reclamado una "transición justa" con el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para las familias y empresas, dado que supondrán más "presión" para las primeras y una pérdida de competitividad para las segundas. El procurador ha recordado que el precio de la energía se ha incrementado entre agosto de 2017 y el mismo mes de 2018 un 24 por ciento.

Asimismo, ha apuntado que debe garantizarse un suministro para el que ha pedido un 'mix energético' que contemple todas las energías, también las térmicas y el carbón autóctono, con la defensa de los pagos por capacidad y llevar el objetivo de generación térmica con carbón a 2030.

Apoyo a renovables

Junto a ello, ha abogado por continuar potenciando las energías renovables y ha recordado que Castilla y León cuenta con una potencia instalada de 5.579 megavatios de energía eólica y casi 500 de solar y es pionera en esta materia.

Por ello precisamente ha reclamado convocar subastas concretas y específicas de biomasa para los municipios mineros para consolidar una "transición justa" y generar empleo.

También se requiere que el Gobierno inste a las eléctricas propietarias de las centrales de Compostilla y La Robla que acometan las inversiones necesarias pendientes para la continuidad hasta 20130, en los grupos 4 y 5 de la primera y en el 2 de la segunda.

El PP también pide que se modifiquen los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación para impedir cierres como el de Velilla, establecer un procedimiento de devolución de ayudas para que las explotaciones rentables continúen operativas desde enero y que las propietarias de las térmicas inicien las negociaciones para comprar carbón autóctono paa el año que viene.