El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha propuesto hoy una reforma legal que modifique la actual clasificación de exenciones en el pago del IBI que perjudica a todos los ayuntamientos por la aplicación de un acuerdo estatal, especialmente en el caso de la Iglesia Católica. Y de no ser así considera que debe ser el propio Estado el que compense a los ayuntamientos por esas exenciones, como ya ocurre en el caso de los colegios concertados.

Según los datos facilitados por el alcalde, de los 800.000 euros de exenciones en el pago del IBI, 360.000 euros corresponden a la iglesia católica y el resto a dotaciones públicas como servicios ferroviarios, carreteras, embalses, etc.

En el caso de los once colegios concertados existentes en la capital, cuyo valor catastral es de alrededor de 14 millones de euros, el Estado compensa al Ayuntamiento con los 73.725 euros de IBI; un criterio que, de no modificarse la Ley, el alcalde considera que debería aplicarse al resto de propiedades de la Iglesia Católica.