La Junta va a convocar este año 2.000 plazas de empleo público, de acuerdo con el compromiso firmado en 2015 con los sindicatos para agotar la tasa de reposición que el Estado marque como máxima cada año. De estas plazas mil de ellas serán para Sanidad y 800 para Educación, según ha destacado este lunes el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.

La Consejería destinará 3,1 millones de euros sin contar los gastos de personal. En estas cuantías destaca el incremento de las partidas para organizar oposiciones y pruebas selectivas, que pasan de 44.000 a 400.000 euros. Asimismo, para reducir las tasas de interinidad, entre 2017, 2018 y 2019 se convocarán más de 5.700 plazas de las que Sanidad se llevará 2.800; Educación, 1.300, y los Servicios Sociales, 1.500.

La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) recibirá de la Presidencia en 2017 más de dos millones de euros, un ocho por ciento más que en 2016. A partir de ahora, en lugar de transferir fondos a corporaciones locales y universidades para formación de su personal, estas cuantías se gestionarán directamente desde la Eclap.

Ordenación del Territorio

El despliegue del modelo de ordenación del territorio se lleva casi el 70 por ciento del presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2017 una vez excluidos los gastos de personal. El presupuesto de la Consejería asciende a un total de 121,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,27 por ciento respecto a 2016 (2,7 millones más), incremento destinado fundamentalmente a dos prioridades que, tal como ha señalado De Santiago-Juárez, son la citada ordenación territorial y la oferta pública de empleo.

Respecto a la primera, el vicepresidente de la Junta ha recordado las distintas fases ya recorridas desde que el proceso de ordenación se iniciara en 2011, tras lo que resta "culminar el Mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales", cuyo proyecto de ley está ya en las Cortes.

Una vez aprobado, se dará luz verde a las áreas funcionales estratégicas y, sobre éstas, al Plan Plurianual de Convergencia Interior, al tiempo que se regulará el fondo autonómico de compensación como instrumento para financiar los programas en los que se estructure, a fin de hacer frente a los "desafíos demográficos o económicos" de las zonas "más desfavorecidas de la Comunidad" o afectadas por circunstancias extraordinarias.

A juicio de De Santiago-Juárez, el proyecto de ley remitido al Parlamento regional "garantiza" los servicios públicos autonómicos en el medio rural y la continuidad de las mancomunidades existentes, y "flexibiliza" el modelo de ordenación para "dar respuesta" a las propuestas recibidas sobre el mismo. Para lograr dicha aprobación, el consejero de la Presidencia ha mostrado la "voluntad de diálogo" del Gobierno castellanoleonés y el carácter "razonable y necesario" del fin perseguido.

Participación en ingresos tributarios

En este sentido, ha destacado el avance que refleja el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2017 en dotación de fondos para la participación en los ingresos tributarios, con 62,4 millones para las entidades locales, un incremento del 2,43 por ciento.

Así, el fondo de participación en tributos propios estará dotado con 12,8 millones, un incremento del 3,79 por ciento, el máximo que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En cuanto al fondo de cooperación económica local vinculado a ingresos de impuestos cedidos, contará con 49,6 millones de euros, con un aumento del 2,09 por ciento.

Del montante de ambos fondos, un 55 por ciento (34,3 millones) irá a municipios de menos de 20.000 habitantes con carácter incondicionado; un 25 (15,6 millones), a municipios de más de 20.000 habitantes que deberán destinar 6,2 de esa cantidad a programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos, mientras que el resto tendrá carácter incondicionado, y el 20 por ciento restante (12,5 millones), a diputaciones provinciales que disfrutarán de 7,5 millones con carácter incondicionado y otros cinco para programas de empleo para fijación y aumento de población.

Según ha precisado el vicepresidente, parte de estas cantidades ya se han resuelto de forma provisional y parcialmente con cargo al PGC prorrogado de 2016, lo que ha supuesto 27,6 millones de euros, aunque las cuantías "se corregirán al alza" una vez se aprueben las cuentas de 2017.

En materia de cohesión territorial, la Junta destinará 3,3 millones dirigidos a incentivar la constitución voluntaria de las mancomunidades de interés general. Asimismo, el presupuesto de la Presidencia contempla 1,9 millones para el Consejo Comarcal del Bierzo, más de 500.000 euros para la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y 7,2 para las oficinas del servicio de asistencia a municipios y los establecimientos sociosanitarios que gestionan las diputaciones.

De este modo, las entidades locales recibirán 76 millones que elevan hasta los 149,2 el montante en lo que va de legislatura --el presidente Herrera se marcó el objetivo de 250 millones a lo largo del mandato--, que junto con la cooperación sectorial alcanzan una cifra de 202 millones.