La nueva ordenación del territorio marcará la futura Ley de Transporte de viajeros por carretera de Castilla y León, que se adaptará a la normativa de ordenación de servicios del territorio, para amoldarse así a las nuevas realidades, resultando un sistema de transporte de viajeros eficiente y competitivo. Así lo ha resaltado el Ejecutivo autonómico tras el Consejo de Gobierno en el que se ha analizado el Anteproyecto de Ley.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado este proyecto que pone en primer plano al ciudadano regulando por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios de cuya tutela se responsabiliza a la Administración. Se propicia la incorporación de las nuevas tecnologías para la gestión de los servicios y de las infraestructuras y una mejora en la información dirigida a los ciudadanos, junto por una apuesta por la calidad en el transporte.

El nuevo texto legislativo pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, y dar respuesta a la realidad de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, todo ello con el máximo aprovechamiento de los recursos.

Existen razones jurídicas que hacen obligatoria la adaptación a la nueva normativa estatal y europea, de un lado, y a la propia legislación autonómica, de otro, con la aprobación de la ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A efectos de la aplicación al modelo de ordenación del territorio de Castilla y León, la presente ley distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte (urbano e interurbano).

Así mismo, la nueva norma agrupará en un solo texto todas las competencias de la Comunidad en materia de transporte de viajeros, que ahora recoge la ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, aprobada en 2002, y que es necesario reemplazar.

Transporte a la demanda

La nueva norma incorpora el Transporte a la demanda y supone el reconocimiento legislativo de este sistema de gestión del transporte público, un referente en España que ha demostrado su utilidad es ámbitos territoriales de difícil cobertura, permitiendo que los ciudadanos de las áreas rurales, tengan los mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades y que ha significado un hito en esta Comunidad Autónoma por su alto nivel de desarrollo tecnológico.

La propuesta legislativa elaborada por el Gobierno de la Comunidad incluye también la regulación del régimen de autorizaciones y licencias para el transporte urbano en autobús y taxi y para los servicios de transporte turístico. Respecto al ámbito de planificación y coordinación, está prevista la creación de una serie de instrumentos, entre ellos, un mapa de ordenación de trasportes, consorcios de transportes, planes de movilidad sostenible y áreas territoriales de prestación conjunta en materia de taxis.