El concejal del Grupo Socialista Fernando Vegas fue el más certero, en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca celebrado esta mañana, respecto a la postura que estaba determinando la intervención del teniente de alcalde y concejal de Fomento, Carlos García-Carbayo, en el ‘caso hotel Corona Sol’. Vegas, avezado en estas lides políticas desde niño, le espetó “comprendo su postura, porque menudo papelón hacerse cargo de un regalito de estos”, tal cual.

Es que, con todo el respeto por el concejal García-Carbayo, la impresión que ofrecía su intervención, para defender lo indefendible y se mire como se mire, no era más que echar balones fuera para salir del paso como se pudiera y pasar el mal trago del Pleno en el que, como era esperado por conocido, toda la oposición en bloque tumbaría la propuesta del equipo de Gobierno popular para, también hay que decirlo claro señor concejal, legalizar un asunto urbanístico que nada en la ilegalidad.

Nadie sospecha de la conducta del actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ni del concejal de Fomento, que, estoy convencido, con ellos en el Gobierno no hubieran  acontecido todos los desmanes urbanísticos ocurridos en esta ciudad desde los años de ‘mano dura’ del ahora, parece, proscrito Julián Lanzarote y sus caprichosas mayorías absolutas. Decían por mi pueblo que ‘de aquellos polvos, señor Carbayo, vienen estos lodos’.

El actual alcalde de Salamanca y su equipo no tiene más remedio que ‘apechugar’ con estas patatas más que calientes que le dejó su predecesor, también del PP y contra el que nadie de esa formación política, sabiendo lo que estaba ocurriendo en la ciudad, levantó la voz y, lo más tremendo, dejaron hacer o miraron para otro lado. Quizás pensando que las mayorías absolutas no tendrían final. Pero ya sabemos los ‘caprichos’ de las urnas, que las carga el diablo.

Cuando se construía por capricho. Cuando las licencias se daban a la carta. Cuando desde el propio salón de Plenos se advertía una vez tras otra de las consecuencias futuras que traerían esos designios caprichosos, se obviaban o se decía que todo era cuestión de pataletas de una oposición por no ganar las elecciones. Y, claro, nuevamente, señor concejal de Fomento, de aquellas formas llegan ahora estos problemas que enfangan y entorpecen la normal gestión del actual equipo de Gobierno que, como recordó el edil de Ciudadanos de Salamanca, Fernando Castaño, gobierna en minoría. Quien además fue muy respetuoso con el actual gobierno municipal, al que ve “muy eficaz y eficiente”.

El hotel, se mire como se mire, está construido saltándose las normas urbanísticas de la ciudad, como recogen los autos de los tribunales de Justicia que han anulado las licencias. Es que, para ser escuetos, de una calle casi llana se ha hecho el "Everest" –en palabras de Castaño- para ir adaptando la altura de la calle a la edificabilidad, hasta el punto que se mide la altura del edificiio para su edificabilidad desde la parte alta de la calle. “He ahí la trampa”, advirtió Castaño, y todo ello con la oposición, quejas y denuncias de los vecinos, a los que nadie desde el equipo de Gobierno de antaño hizo el menor caso.

Finalmente, la oposición no pidió su cierre, ni clausura, ni demolición, sino que se busquen formas de restaurar la legalidad pergeñada, pero claro, siempre primando el interés general, porque, tras lo escuchado en el pleno, la empresa está en su derecho de defender sus intereses privados, pero el Ayuntamiento también debe velar por el interés del resto de ciudadanos. Y ese es el escollo esencial de este caso, que la modificación del PGOU para el sector urbanístico Carmelitas-Santísima Trinidad no defiende el interés de los ciudadanos, denunció la oposición al unísono.

No sabemos si ha existido o existe “miedo” en la ciudad a denunciar o criticar actitudes, organismos, empresas o personas –tal como sugirió el concejal de Ganemos Salamanca Gabriel Risco, muy duro en su intervención-, pero lo cierto y fuera de elucubraciones, maniobras políticas oscuras y demás conspiraciones, es que el ‘caso hotel Corona Sol’ es la constatación del desmadre urbanístico que esta ciudad ha vivido durante muchos años.

Ahora, en estos nuevos tiempos, aún quedan responsabilidades políticas por depurar y, sobre todo, restaurar la legalidad urbanística. Y si tiene que haber actuaciones sancionadoras, que las haya, como también la búsqueda de soluciones a la actividad económica y los puestos de trabajo, pero que no se intente justificar lo injustificable. Con todo el respeto, señor García-Carbayo. Cachis!