El Gobierno central estudia convocar las plazas vacantes por jubilación en servicios esenciales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, como ya se hiciera en 2016, y sumar gradualmente a las mismas aquellas que no se han ofertado en años anteriores.

Así se lo ha trasladado la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en un encuentro mantenido este lunes en Madrid para realizar el seguimiento del acuerdo de la Conferencia de Presidentes relativo a empleo público y para abordar aspectos incluidos en el acuerdo de legislatura que la Junta de Castilla y León firmó en octubre de 2015 con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

En concreto, Gobierno y Junta han abordado el acuerdo de la Conferencia en materia de empleo público en el que se aludía a la tasa reposición para "un fortalecimiento equilibrado y sostenible" de los efectivos en el conjunto de cada Administración Pública y, por otro lado, se hacía mención expresa al porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales y la búsqueda de fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas para garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad.

A este respecto, la secretaria de Estado ha manifestado que se está estudiando ofertar todas las plazas vacantes en 2016 por jubilación -al igual que se hizo el año anterior- en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y a ellas poder sumar gradualmente un porcentaje de las plazas no ofertadas en años anteriores; y así, sucesivamente, hasta reducir el porcentaje de interinidad hasta unos registros "similares a los anteriores al periodo de la crisis", según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Sobre esta cuestión, el Gobierno central ha recordado que, precisamente, Castilla y León presenta una de las tasas de interinidad más bajas de España, próxima al 17 por ciento. En la actualidad hay 4.500 interinos más que al inicio de la crisis y la intención de la Junta de Castilla y León es reducir progresivamente esta cifra, siempre y cuando la regulación estatal lo permita.

El vicepresidente de la Junta también ha trasladado la petición al Gobierno de la modificación de la normativa básica para que la jornada de los empleados públicos vuelva a la regulación previa a la crisis. Sin embargo, la secretaria de Estado Elena Collado ha expuesto que este asunto no es prioritario, dado que supondría un notable incremento del gasto para las arcas públicas.

La Junta ha recordado que, en octubre de 2015, llegó a un acuerdo de legislatura con los sindicatos mayoritarios en materia de modernización y recuperación de derechos de los empleados públicos y uno de los puntos afectaba al pago del cien por cien de las retribuciones durante las bajas laborales, un aspecto concreto que el Ministerio de Hacienda y Función Pública también estudia.

Durante la reunión celebrada en Madrid, en la que también han participado la viceconsejera de Función Pública de la Junta, Marta López de la Cuesta, y dos directores generales del Ministerio de Hacienda, los representantes del Gobierno de España han mostrado su interés por el modelo y los avances de Castilla y León en una materia como el teletrabajo y por el concurso abierto y permanente para empleados públicos.

Reunión con los Sindicatos 

Tras la reunión con el Gobierno central, ya por la tarde, De Santiago-Juárez, López de la Cuesta y la directora general de Función Pública, María Antonia Abia, se han reunido con representantes de los empleados públicos de estos tres sindicatos, que el 29 de octubre de 2015 firmaron el acuerdo marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019.

Entre los contenidos de aquel texto rubricado se incluían cuestiones planteadas hoy en la reunión con la Secretaría de Estado, por lo que De Santiago-Juárez ha expuesto a CSIF, UGT y CCOO el contenido de la reunión celebrada en Madrid.

La Junta ha recordado que, tal y como se firmó en aquel acuerdo, se ha reclamado al Gobierno de la Nación la consideración de varios de los asuntos fijados entre Administración autonómica y representantes sindicales.

Cabe recordar que el vicepresidente y consejero de la Presidencia formuló estas peticiones en dos cartas remitidas al ministro Cristóbal Montoro, en noviembre de 2016 y a finales de enero pasado, para hacerle partícipe de los aspectos consensuados con las fuerzas sindicales de Castilla y León.