Los agentes que conforman el Diálogo Social en Castilla y León, patronal y sindicatos, han respaldado las propuestas que llevará el jefe del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, a la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero como incorporar la financiación de la Ley de la Dependencia al sistema de modo que el Estado cumpla ya que, hasta la fecha, no ha cumplido, según ha cuestionado el secretario regional de CCOO, Ángel Hernández.

Esta es una de las principales conclusiones de esta reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, a la que los asistentes se han referido como "muy densa, útil, interesante y muy interesante", de cara al encuentro de los presidentes de las comunidades autónomas con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que, aunque no esperan un acuerdo concreto, sí quieren que se sienten las bases para que se pueda aplicar el nuevo modelo en los presupuestos de 2018 y cerrar el actual "Sudoku" de "parches y reparches".

Tras advertir de la insuficiencia del actual modelo de financiación autonómica, los agentes del Diálogo Social han reclamado un modelo que cubra los costes de los servicios básicos fundamentales en Castilla y León para poder mantener su calidad y que tenga en cuenta el "coste diferencial" que supone esa prestación en el mundo rural y con una estructura poblacional de un mayor número de personas de edad avanzada.

La principal reivindicación de la Junta a este respecto será que se elimine o, al menos, se flexibilice la tasa de reposición de efectivos en la financiación de los servicios públicos para poder dotar de más personal a esos servicios.

Patronal y sindicatos han abogado también por luchar contra el fraude fiscal ya que, según han insistido CCOO y UGT, el gran problema del sistema de financiación no es de gastos sino de ingresos.

A esto han añadido la necesidad de crear una agencia de evaluación de la calidad de los servicios básicos en cada lugar para "certificar" los costes de las prestaciones y poder hablar con números y con euros concretos esos costes a partir de un catálogo de prestaciones y servicios igualitario para todos los territorios, de modo que una mayor carta de prestaciones en cada Comunidad se pague con impuestos autonómicos.

UGT y CCOO también han planteado una ley nacional que unifique y financie total o parcialmente la situación de las personas que cobran rentas garantizadas de ciudadanía o similares.

Además y según ha informado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión de Herrera con los agentes económicos y sociales, todos han coincidido en la necesidad de solicitar al Gobierno una estrategia nacional en temas de población desde el convencimiento de que afecta al conjunto del país y a parte de Europa.

"Es imprescindible que este asunto ocupe la primera línea de la agenda política en España y en el conjunto de Europa", ha insistido Fernández Carriedo, el que ha secundado el líder regional de CCOO quien ha reclamado una política común por la población a nivel europeo para actuar a medio y largo plazo para "repoblar" determinadas zonas de Europa.

Hernández ha reconocido que esas medidas van a ser "costosas" pero ha advertido de que si no se hace nada se generará un "problema muy grave de mano de obra" y de natalidad que no van a resolver "ni blancos ni cristianos" ante lo que ha augurado un problema de xenofobia.

Herrera ha contado también con el respaldo de patronal y sindicatos para defender las políticas industriales a nivel nacional y para reflexionar sobre el papel de las comunidades autónomas en las políticas pasivas y activas de empleo sin olvidar dos desafíos sectoriales que "ocupan y preocupan" a Castilla y León como es el caso del futuro del carbón y de la revisión de la PAC donde la Comunidad "se juega mucho".

Finalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León pondrá sobre la mesa en esa Conferencia de Presidentes los "excesivos retrasos" de algunas infraestructuras, como la Autovía del Duero o la Valladolid-León, para las que la Comunidad reclama ya el "impulso que merecen".

"Castilla y León ha sido ya suficientemente generosa, responsable y comprensiva en una situación de crisis pero estas dos infraestructuras tampoco pueden permitirse más retrasos en el tiempo", ha sentenciado el consejero de Empleo.