El Gobierno valenciano sacará de manera inmediata la licitación de los centros de servicios sociales, especialmente de los centros de mayores, que están todos sin contrato y con expedientes de enriquecimiento injusto.

Según explicó este lunes la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, todas las residencias están con prórrogas de contrato, pero también "muchos centros de día, centros de personas con discapacidad y centros de menores", por lo que el objetivo es licitarlos "poco a poco". 

Camarero recordó que cuando empezó la legislatura, la deuda con estos servicios era superior a los 100 millones de euros, lo que ha supuesto que la nómina de muchos profesionales haya estado "en riesgo de no poder cobrarse".

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El pleno del Consell aprobó este lunes la modificación del decreto de tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas de servicios sociales, un decreto aprobado por el anterior Ejecutivo autonómico en 2023 y al que el sector se opuso.

Los cambios aprobados suponen la ampliación de los plazos para que los centros puedan aplicar los requisitos de la normativa. Esta reforma afecta exclusivamente al calendario de algunas de las exigencias establecidas, pero no produce ningún perjuicio a las personas usuarias de los centros.

Primer paso

Se trata, en palabras de la vicepresidenta, de un "primer paso" al que le seguirá una reforma en profundidad del decreto. Al respecto, señaló que han recibido más de 1.790 alegaciones y se comprometió a estudiarlas.

Esta primera modificación del decreto afecta a seis de las 23 disposiciones transitorias de la norma inicial. Se amplía en un año el periodo para la adecuación de los centros, servicios y programas de servicios sociales actualmente autorizados, en cuanto a las denominaciones y contenidos de las nuevas tipologías de centros, servicios y programas de servicios sociales.

Se añade un periodo de dos años para que los centros autorizados adapten sus instalaciones, y también se amplía en un año que los centros adapten sus plantillas, figuras profesionales, ratios y titulaciones a los criterios o requisitos establecidos.

Camarero defendió que así se amplía el tiempo para que las entidades puedan ampliar sus espacios sin reducir las plazas y consideró que "no es de recibo" tener que reducirlas teniendo en cuenta las listas de espera que existen.

Respecto a las ratios de personal, afirmó que se ajustará a las necesidades "reales" de los centros, sin exigir figuras profesionales "innecesarias".