También se irá modificando poco a poco, a lo largo del año, el cálculo de la factura eléctrica para hogares y pymes, con la incorporación o el aumento de la carga fiscal, en el caso del IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).

Además, entrará en vigor la nueva metodología para la tarifa regulada de la electricidad, con la indexación a los mercados a largo plazo. Esa nueva fórmula de cálculo o del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), a la que están acogidos unos 8,5 millones de consumidores (un tercio de todos los domésticos), volverá a cambiar a los seis meses.

[Así será la factura de la luz y de gas a partir de enero sin ayudas fiscales y con el nuevo cálculo en la tarifa regulada]

Por otro lado, las facturas de los suministros de gas y biomasa (pellets) experimentarán una evolución similar, con un IVA inicial que subirá del 5% al 10%, pero que a partir del segundo trimestre del año se situará en el 21%.

Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable. Posteriormente se alzarán hasta el 21% de antes de la crisis energética.

Eólica marina y mercados de capacidad

Tanto los promotores eólicos como el sector del almacenamiento esperan que 2024 sea su año. En el primer caso, porque se espera que el Gobierno lance la primera subasta, tan esperada para salvar esta industria, y en el segundo, porque sin mercados de capacidad, no salen las cuentas para una tecnología imprescindible para dar respaldo al aluvión de proyectos renovables.

La instalación de parques de eólica marina flotante en las costas de España se ha retrasado con las expectativas del sector y ya espera que sea 2024 el año en el que el Gobierno convoque la primera subasta. Es el instrumento que puede dar el impulso definitivo a los numerosos proyectos que ya han anunciado los promotores.

Por el momento, en toda España las solicitudes de reservas de zonas para el desarrollo offshore suman una potencia total de 13.000 MW. Y solo en Canarias, los proyectos offshore anunciados suman más de 1.160 MW.

La hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España espera alcanzar en 2030 una capacidad instalada máxima de 3 GW, aunque "el potencial de la eólica marina flotante en España es de 17 GW. Su desarrollo contaría, además, con casi toda la cadena de valor 'made in Spain'. De los 50 prototipos de estructuras flotantes, 14 son patentes españolas, y el 75% de toda la cadena de valor del sector es nacional. Solo los nacelles, la parte de las palas, se hacen fuera por sus grandes dimensiones.

En el caso de los mecanismos de capacidad, el Gobierno ya ha dado los primeros pasos. En noviembre pasado, envió a Bruselas el Plan de Implementación, ya que es uno de los documentos que exige la actual normativa europea –el Reglamento (UE) 2019/943 y el marco de ayudas de Estado-, para desarrollarlos.

Control del exceso renovable

Por último, en España hay unos 50-60 GW (entre eólica y fotovoltaica) en la carrera por finalizar su construcción y conectarse a la red. El Gobierno ha extendido de forma voluntaria hasta ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovable, para obtener la Autorización Administrativa de Explotación, lo que ha dado un respiro al sector.

Sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. Por lo tanto, el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. 

Sin embargo, habrá que observar si se consigue el objetivo buscado con esta decisión. La incorporación ordenada de las nuevas instalaciones y así cumplir con la capacidad propuesta en el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) para 2030. 

El Gobierno ha propuesto un objetivo eólico de 62 MW, y de fotovoltaica de hasta los 57 GW (más 19 GW de autoconsumo).