El borrador, al que ha tenido acceso este diario, deja claro el período de duración de estas nuevas medidas y fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos lo han confirmado. El objetivo es que respondan a una situación de alza de tipos de interés que parece se va a extender en el tiempo.

La OCDE alertaba este martes de que vamos a asistir a una inflación elevada hasta 2025, lo que hace presuponer que el Banco Central Europeo (BCE) se verá obligado a mantener los tipos en niveles elevados. 

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Durante estos dos años habrá que comprobar el número real de familias que deciden solicitar las ayudas. El Ejecutivo, en sus negociaciones con la patronal bancaria, ha estimado que se podrán beneficiar de ellas cerca de un millón de hipotecas: 300.000 vulnerables y hasta 700.000 en las medidas destinadas a la clase media. Sin embargo, fuentes del equipo que lidera Nadia Calviño confirman que lo más probable es que el número final sea sensiblemente inferior. 

Conviene recordar que el Gobierno y las patronales bancarias han pactado la renovación del Código de Buenas Prácticas vigente hasta ahora, y que ayuda a las familias con mayores problemas. La idea es que puedan beneficiarse de una reestructuración de sus préstamos, una rebaja de los intereses y, además, la posibilidad de solicitar la dación en pago. 

Unas ayudas que se extienden para aquellas familias con ingresos no superiores a los 25.200 euros y cuyo esfuerzo hipotecario en los últimos meses se haya incrementado un 50%. Se crea también un programa de medidas para hipotecados que ganen 29.400 euros al año y que destinen más del 30% a pagar la hipoteca y que hayan visto subir su cuota un 20%. 

Ese es el trazo grueso, luego queda la letra pequeña que se ha estado negociando hasta última hora con las entidades financieras. El temor de la banca era tener que considerar como dudosos los créditos que se acojan a este programa de ayudas. ¿Por qué? Porque eso les obliga a provisionar restando puntos de capital. Un problema que, según las fuentes consultadas en el Gobierno se ha podido resolver. 

Rebaja del coste

Para evitarlo se ha establecido un mecanismo que permita reducir el coste final de los préstamos un 0,5%, lo que permite que no se tenga que considerar como impago. Una cuestión técnica, pero que "es importante para las entidades, pero también para los hogares. Desde ese punto de vista lo vemos por las consecuencias negativas que tiene para un hogar que tus créditos entren en situación de morosidad", indican las fuentes consultadas. 

No es de extrañar que se lance semejante aviso desde el Gobierno ya que algunas entidades financieras ya han alertado de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Lo hacía este martes el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, cuando alertaba de que "quien se acoja a las medidas podría no recibir más créditos". 

Otras fuentes del sector coinciden en el diagnóstico. Se preguntan qué va a pasar a partir de ahora con las familias vulnerables si, finalmente, tienen que considerarse como dudosos. Algo que, por ahora, no está claro. Dependerá de lo que diga el regulador. "¿Quién se va a atrever a dar un préstamo hipotecario a estas familias?", se preguntan. 

Sea como sea, economistas como Javier Santacruz creen que -a falta de conocer la letra pequeña- las familias con hipotecas más recientes podrían verse beneficiadas por las nuevas ayudas. Así, explica que para una hipoteca a 20 años de 150.000 con un interés variable de euríbor + 1% firmada hace un año, podría ahorrarse 5.400 euros durante los cinco años de carencia de capital. 

Una hipoteca igual, pero firmada hace una década, el ahorro será de unos 623,77 euros. Por tanto, su conclusión es que "para el hipotecado más reciente, al que no le importe (y pueda) extender la hipoteca 5 años más, le va bien". 

Las reglas están encima de la mesa. Ahora los bancos tienen un mes para decidir si se adhieren o no al Código de Buenas Prácticas. Parece que lo razonable es que todos se sumen. De hecho, las fuentes del sector con las que ha hablado este diario dan por descontado que las principales firmas se van a adherir. 

También está por ver qué ocurrirá en el Congreso de los Diputados. El Real Decreto Ley tendrá que ser convalidado por la Cámara Baja y allí el Gobierno podría tener problemas para sacar adelante la normativa. Su socio gubernamental, Podemos, ya ha dicho que es "insuficiente". 

El portavoz morado, Pablo Echenique, destacaba que "no toca sus beneficios obscenos. Nosotros vamos a seguir trabajando para limitar las subidas abusivas de verdad". Una tesis muy similar a la mantenida por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, para quien "esto no va de propuestas ligeras" con la banca.