Nada más conocer el diseño de este nuevo gravamen los banqueros mostraron públicamente su rechazo, advirtiendo de las consecuencias negativas que podría tener sobre la solvencia y la rentabilidad del sector, así como sobre la concesión de crédito. Unos argumentos que en su momento fueron tachados de "catastrofistas" desde algunos ámbitos y que ahora el sector ve reforzados con el dictamen del BCE, especialmente en dos aspectos.

Concretamente, el supervisor bancario de la zona euro confirma que la imposición de este gravamen, tal cual está diseñado, podría afectar a la concesión de crédito, uno de los argumentos más discutidos.

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Otro de los aspectos más controvertidos de las declaraciones que durante meses han vertido desde el sector bancario era la necesidad de repercutir el coste del impuesto al cliente, dado que así lo indica la normativa bancaria europea.

Ahora el BCE confirma este aspecto y deja caer que no trasladar a los clientes el coste de este impuesto podría generar "incertidumbre" y "riesgos operativos".

Varias fuentes financieras trasmiten a este periódico su satisfacción por este respaldo, que consideran que refuerza sus argumentos en torno al peligro para el sector y el resto de la economía de imponer este gravamen tal cual está diseñado. "No esperamos que se retire nada, pero sí que haya alguna modificación y que el dictamen se tenga en cuenta", explica una de estas fuentes.

Aunque son conscientes de que es difícil que haya grandes cambios en el impuesto para incorporar las sugerencias del BCE, una de las fuentes explica que este dictamen da fuerza a los bancos en el caso de que decidan finalmente emprender acciones judiciales contra este impuesto.

Rechazo total del Gobierno

Tras conocer este dictamen, han sido varios los miembros del Gobierno que han querido quitar hierro a las consideraciones vertidas por el BCE, empezando por el presidente del Ejecutivo.

"Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Creo que está justificado que [los bancos] arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", señaló el viernes Pedro Sánchez.

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También José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se mostró crítico al tachar de "corta y pega" el dictamen del BCE. "No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos", apuntó.

En el departamento responsable de la política fiscal también ha habido reacciones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, minimizó la opinión no vinculante del BCE y adelantó que desde el Gobierno no se contemplan cambios en la proposición de ley del gravamen temporal a las energéticas y las entidades de crédito.

Según la ministra, el informe del BCE "es muy claro" con respecto a que no plantea la paralización del gravamen a las entidades financieras. "El BCE plantea las consideraciones generales que estamos acostumbrados", agregó. 

Por su parte, la vicepresidenta Nadia Calviño apuntó que las grandes entidades financieras españolas están anunciando estos días "enormes beneficios extraordinarios que explican la justicia y adecuación de tener este gravamen temporal que garantice el reparto justo del impacto de la guerra".

Todos han incidido especialmente en el hecho de que la opinión del BCE no es vinculante y el poder legislativo tiene libertad para establecer la política fiscal que quiera. También Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, que afirmó el viernes que la única intención del supervisor con este dictamen es "tratar de ayudar".