Luxemburgo, 6 jun (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron este jueves la directiva de insolvencia, reestructuración temprana y segunda oportunidad, que busca facilitar que las empresas que atraviesan dificultades financieras puedan acceder a una reestructuración preventiva para evitar la quiebra.

Los ministros de Justicia, reunidos en Luxemburgo, dieron el visto bueno definitivo a las normas, que deberán ser introducidas en la legislación de cada país en un plazo de dos años, ampliable a tres en casos justificados.

La nueva directiva permite que las empresas deudoras tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva, que les permita acometer este tipo de operación cuando todavía son viables para evitar así llegar a la insolvencia y destruir puestos de trabajo.

Estos marcos estarán disponibles cuando lo soliciten los acreedores como los representantes de los trabajadores.

Los deudores que acometan una reestructuración preventiva podrán disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante un periodo máximo de cuatro meses, para facilitar el proceso.

Durante ese periodo los acreedores individuales no podrían reclamar su parte de la deuda y bloquear por sí solos el proceso de reestructuración.

Las normas fijan además que los empresarios que sean declarados insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda llevar a la plena condonación de sus deudas en un plazo no superior a tres años, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para preservar los derechos de sus acreedores.

La Directiva prevé establecer sistemas de alerta temprana para ayudar a detectar a tiempo las condiciones que puedan llevar a la insolvencia y, llegado el caso de una reestructuración preventiva, facilitar la negociación con el nombramiento de administradores que ayuden a elaborar los planes.

Se trata de una Directiva de mínimos comunes en toda la Unión Europea, por lo que los países que lo deseen pueden ir más allá en sus leyes de segunda oportunidad.

Según la Comisión Europea, que propuso estas normas en 2016, cada año quiebran en la Unión Europea 200.000 empresas, lo que conlleva una pérdida de 1,7 millones de empleos.

Los procesos de insolvencia en los Veintiocho duran de media dos años y los acreedores solo recuperan el 65 % de sus deudas.

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, las nuevas normas podrían ayudar a evitar parte de las quiebras y facilitar que se devuelvan las deudas, de modo que se reduzca la ingente cantidad de préstamos fallidos que acumula la banca europea.

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