Bruselas, 24 may (EFECOM).- Con propuestas que van desde fijar un mínimo de impuesto de sociedades en la Unión Europea hasta gravar las emisiones de CO2 pasando por introducir una tasa digital, la defensa de una "fiscalidad justa" se ha convertido en mantra de campaña para los partidos que concurren a los comicios europeos.

Durante la legislatura que termina, los europeos descubrieron que Irlanda permitió al gigante tecnológico Apple pagar 13.000 millones de euros menos de lo que debía en impuestos, que Luxemburgo rebajó durante años las tasas a numerosas multinacionales -el Luxleaks- y que las empresas europeas hacen amplio uso de paraísos fiscales, con escándalos como los papeles de Panamá.

En este caldo de cultivo, el debate sobre quién y cómo se pagan los impuestos que mantienen las sociedades del bienestar europeas escaló puestos en la agenda comunitaria, sobre todo en la Eurocámara, que creó tres comisiones especiales sobre ello.

Llegada la campaña, se ha convertido en elemento clave de unos programas económicos que en las dos legislaturas anteriores se habían centrado en responder a la crisis financiera.

Entre las cuestiones que ponen sobre la mesa los seis grandes partidos destaca la de cómo acabar con la brecha entre los impuestos que pagan las empresas digitales, en particular los gigantes del sector (9,5 %), y los que abonan las tradicionales (23,2 %).

El Partido Popular Europeo (PPE), el Partido Socialista Europeo (PES), los Liberales y Demócratas (ALDE) y los Verdes abogan por introducir un impuesto digital que permita gravar adecuadamente las actividades de unos negocios que han cambiado las reglas del juego.

Los normas actuales, basadas en que las empresas paguen impuestos dónde tienen presencia física, se han quedado obsoletas frente a modelos que generan valor gracias a factores intangibles como la actividad de los usuarios, y las formaciones coinciden en que será necesario adaptarlas.

La idea de una tasa, sin embargo, parte con pocos visos de éxito, al menos inmediato, después de que los gobiernos nacionales hayan sido incapaces de aprobar el impuesto a los gigantes de internet que propuso la Comisión Europea el año pasado y hayan trasladado el debate a la OCDE.

La segunda brecha que quieren recortar los partidos es la que existe entre lo que contribuyen al fisco el ciudadano de a pie, entre un 10 % y un 60 % en IRPF en función del país, y las grandes empresas, que en estados como Irlanda, Holanda o Luxemburgo no llega al 5 %.

"Algunos pagaron un 0,05 % durante algunos años, como vimos con el caso Apple", recordó en un debate la candidata de ALDE, Margrethe Vestager, quien como comisaria de Competencia se ha convertido en azote de las multinacionales, infligiendo multas millonarias a Google o Facebook e investigado el trato fiscal que reciben Amazon, McDonalds o IKEA.

Los liberales proponen fijar un tipo mínimo de impuesto de sociedades a nivel europeo para poner fin a la competencia entre los propios países de la UE, que pugnan por atraer empresas a base de rebajarles la factura fiscal.

La idea es compartida por los Verdes, la Izquierda y los socialistas, pero solo estos últimos, liderados por el holandés Frans Timmermans, se aventuran a dar una cifra: 18 %.

El PPE defiende que las multinacionales no pueden recibir privilegios, pero rechaza fijar un mínimo, mientras que los Conservadores y Reformistas, que agrupan a partidos nacionalistas y euroescépticos, se oponen a cualquier tipo de armonización.

"Los países tienen su derecho a poner impuestos y la UE no es un país", defendió el líder de los conservadores, Jan Zahradil, para cuyo partido "la competencia fiscal es una de las fuentes de prosperidad europea".

Los ecologistas y la Izquierda proponen también que se introduzca un impuesto europeo a las transacciones financieras, un proyecto que ya se ha intentado sin éxito en el pasado.

Por otra parte, muchos partidos ven en los impuestos también una herramienta de lucha frente al cambio climático.

Los socialistas proponen una tasa europea a las emisiones de CO2 que pagarían los productores, mientras que los liberales abogan por acabar con las exenciones al sector de la aviación.

Los Verdes piden además impuestos comunitarios sobre los vuelos y los plásticos, y que los estados aumenten las tasas sobre los combustibles fósiles.

A la hora de abordar la evasión de impuestos y la lucha contra los paraísos fiscales, los partidos ponen el acento en mejorar la transparencia sobre las actividades empresariales, reforzando las normas que ya existen para multinacionales y estados. La Izquierda reclama también más protección para quienes revelan delitos fiscales.

Con excepción de los Verdes, todos han evitado pedir directamente un escrutinio de los propios estados miembros, pese a que el Parlamento aprobó este año un informe en el que señalaba que Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre, Bélgica y Hungría tienen "características" de paraísos fiscales.

Pese a la sintonía de los partidos en este frente, al menos sobre el papel, en la práctica la Eurocámara tiene las manos atadas en política fiscal, ya que cada país tiene potestad para fijar sus impuestos, la legislación europea es limitada y las decisiones requieren unanimidad de los 28 países.

Sin embargo, la legislatura pasada mostró que la presión parlamentaria puede, como poco, mantener vivo el debate.

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