El PP ha culpado este miércoles al Gobierno de los cierres de las fábricas en el sector electrointensivo y ha criticado su política "irresponsable y sectaria" después de que el pasado martes la dirección de Alcoa alertara de la viabilidad de su planta de aluminio en Lugo.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha asegurado que el Estatuto del Consumidor Electrointesivo no es factible, ya que no ha sido aprobado previamente por Bruselas, y que esto implicaría la apertura de un expediente sancionador a España, según ha señalado el PP en un comunicado.

Mariscal ha denunciado que esta medida, impulsada por un Ejecutivo incapaz de mantener una interlocución razonable con el sector, pone en riesgo la competitividad de la industria española y los puestos de trabajo de unas 2.000 personas.

Asimismo, el portavoz del PP en el Congreso ha apuntado que en diez meses se ha incrementado un 5 % la factura eléctrica y se han recortado las ayudas en 118 millones de euros a la gran industria para compensar los costes de CO2.

“El PSOE lleva 10 meses adoptando medidas en el terreno laboral, fiscal y energético en lugar de preparar a España en el proceso de transición energética hacia una descarbonización de la economía”, ha concluido Mariscal.

Este martes la dirección de Alcoa advirtió de que si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador, no sólo se dificultará la venta de las operaciones de aluminio primario en Avilés y A Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián.

La planta lucense es la única fábrica que la compañía mantiene abierta tras el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña, que se efectuará en el próximo mes de junio y supondrá el despido de unos 686 trabajadores.