A través de los eurodiputados electos, esta institución (junto a los representantes de los gobiernos) se encarga de aprobar el presupuesto y controlar cómo se gasta el dinero en la Unión Europea (UE), así como de elegir al presidente de la Comisión Europea, nombrar a sus comisarios y obligarles a rendir cuentas.

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Sin embargo, su máxima ocupación es la de dar forma y decidir las nuevas leyes que influirán en la vida de los ciudadanos de la UE. En concreto, el último lustro, que termina con los comicios del próximo mes de junio, el Parlamento se ha centrado en legislar sobre el ámbito digital, desplegando todo un core normativo alrededor de la tecnología y sus diferentes usos y aplicaciones. 

En DISRUPTORES hemos analizado cuáles han sido las principales leyes que han visto la luz en este período, muchas de las cuales deberán aterrizarse y empezarse a aplicar durante la próxima legislatura del mencionado organismo. 

Humanismo tecnológico

Uno de los grandes focos del Parlamento Europeo durante los últimos cinco años ha sido el humanismo tecnológico, es decir, regular la tecnología, pero poniendo al ser humano en el centro. En este sentido, a principios de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la UE (el BOE europeo) la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, un documento pionero en el que se establece la base de los valores y los derechos fundamentales de la UE a la hora de legislar sobre ámbitos como los servicios digitales, la protección de datos o la ciberseguridad y que, por ende, sería relevante para la construcción del resto de normas, presentes y futuras. 

Bajo esta premisa, el organismo ha dado a conocer su posición en los aspectos éticos que afectan a la transformación digital a través de la publicación de diferentes documentos en los que expone sus principios relacionados con la necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales (entre ellos, la protección de datos, el derecho a la intimidad, la no discriminación o la igualdad de género), la protección de los consumidores, la neutralidad tecnológica y de la red, la fiabilidad y la inclusión. 

Además, en estos cinco años, el Parlamento también ha pedido mejorar, específicamente, los derechos online, la inversión en capacidades digitales y otros temas relacionados como la salud mental en el espacio de trabajo digital y el derecho a la desconexión, con el objetivo final de conseguir unas plataformas digitales menos adictivas y basadas en los principios de la UE. 

Regulación digital

Relacionado con lo anterior, el organismo europeo ha sido partícipe del despliegue de dos de las grandes normas que marcarán el devenir del ecosistema digital europeo: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). 

Por un lado, la DSA obliga a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes con el objetivo de proteger a los usuarios y sus derechos, haciendo de internet un espacio más seguro y responsable. Bajo la premisa, "hacer que lo que es ilegal offline, sea también ilegal online", la norma obliga a las compañías dueñas de estos servicios a moderar los contenidos que se publican en ellas y a eliminar los que se consideren ilegales o ilícitos. 

Por otro, la DMA pretende limitar la posición privilegiada de los gatekeepers o  "guardianes de acceso", es decir, las grandes plataformas que cuentan con más de 45 millones de usuarios finales mensuales, tienen una valoración de 75.000 millones de euros o controlan uno o varios servicios básicos, entre otras características. 

Esta legislación establece obligaciones para garantizar que dichas empresas operan de manera justa y, además, permite que aquellas firmas que desarrollan tecnologías emergentes puedan competir con ellas en un entorno empresarial mucho más justo, ofreciendo más opciones a los consumidores sin perder el control de sus datos. 

La diana en el dato

El dato ha sido, de hecho, otro de los grandes protagonistas en estos cinco años. Entre los grandes hitos en este ámbito se encuentra la Ley de Datos (Data Act) y la Ley de Gobernanza de Datos (Data Governance Act), dos normas complementarias cuyo principal objetivo es impulsar la innovación eliminando las barreras de acceso a la información de los consumidores y las empresas. 

En línea con esta estrategia, los negociadores de la Unión Europea también acordaron la creación de un monedero digital a escala europea con el que los ciudadanos podrán identificarse y autenticarse online sin necesidad de recurrir a proveedores comerciales. Además, fijaron su posición sobre la creación de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios, lo que acerca, un poco más, el derecho de los usuarios a acceder a recetas, imágenes y pruebas de laboratorio de prueba segura en otros países comunitarios. 

A nivel genérico, la Eurocámara ha respaldado en estos años el establecimiento de un marco de gobernanza de datos interoperable a escala de la UE y una "sociedad de datos" centrada en el ser humano en el que los ciudadanos tengan pleno control de su propia información. 

Ciberseguridad como mantra

El foco de los europarlamentarios también ha estado centrado en la ciberseguridad, a raíz de las crecientes amenazas que plantea la digitalización y el incesante aumento de los ciberataques. Con esto, el Parlamento actualizó la norma relacionada en sustitución de las ya existentes con el objetivo de establecer requisitos de seguridad online más estrictos, ampliando el número de "sectores esenciales", simplificando la presentación de informes y endureciendo las disposiciones de aplicación, incluidas las sanciones, en toda la UE.

En este lustro, la Eurocámara aprobó, asimismo, la creación del nuevo Centro de Competencia en Ciberseguridad y la nueva Red y pidió que se endurecieran las normas de ciberseguridad europeas para los dispositivos, aplicaciones y sistemas operativos conectados.

Esta intención se materializó en legislaciones concretas y, así, el Parlamento finalizó sus negociaciones con el Consejo sobre la Ley de Ciberresiliencia, que establece requisitos de seguridad para los dispositivos conectados a fin de proteger a los consumidores y a las empresas frente a los productos digitales en el mercado único.

Medidas contra la escasez 

La autonomía estratégica europea fue otro de los grandes quebraderos de cabeza de las instituciones europeas durante este período, especialmente a raíz de lo experimentado durante la crisis sanitaria con la falta de semiconductores. 

Así, los eurodiputados avanzaron en normas que permitirán aumentar la disponibilidad de materias primas fundamentales para la industria electrónica de la Unión Europea a través de la investigación en alternativas, minería, reciclaje y diversificación del suministro de terceros países.

En concreto, en relación a los chips, el Parlamento dio luz verde definitiva a la Ley de Chips (Chips Act), una legislación con la que se pretende asegurar el suministro de este tipo de componentes en territorio comunitario, impulsando la producción e innovación en Europa y estableciendo medidas de emergencia contra la escasez. 

La guinda en forma de IA 

A pesar de la relevancia de las mencionadas normativas para el futuro digital de la Unión Europea, la que terminó acaparando todo el protagonismo, debido a su carácter pionero, fue el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). 

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A finales de 2023, rozando el final de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Parlamento y Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la posición común para regular esta tecnología. En concreto, la ley adopta un enfoque basado en el riesgo, dividiendo los diferentes usos en categorías que indican la peligrosidad que entrañan. 

Con esta legislación, Europa dio un paso al frente en el control de esta herramienta pionera, que se espera que empiece a operar a finales de 2026, aunque algunas disposiciones estarán operativas antes.