En este contexto y bajo estos propósitos, la Comisión Europea ha dado luz verde, recientemente, a la Ley Europea de Interoperabilidad, una norma impulsada bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que terminó el pasado 31 de diciembre de 2023, que afecta directamente a los organismos e instituciones que operan en la UE. 

Esta legislación, que entró en vigor la semana pasada, facilitará la transformación digital del sector público, en línea con los objetivos definidos en la Década Digital de la UE (entre ellos, que el 100% de los servicios públicos clave estén disponibles online para 2030), según han afirmado las autoridades europeas responsables de su impulso. 

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"La interoperabilidad es una funcionalidad clave para el desempeño del Mercado Digital Único", han precisado desde la Comisión. "Esta contribuye a una aplicación más efectiva de las características digitales de las políticas públicas, desde la justicia a la sanidad o el transporte". 

Los mandatarios precisan que esta ley beneficiará a los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas con herramientas como el reconocimiento de títulos académicos o profesionales, el acceso a datos de áreas como la seguridad social, la sanidad o la fiscalidad. En concreto, según la evaluación de impacto, se espera que la normativa ahorre hasta 5.000 millones de euros al año.

La ley de interoperabilidad 

La legislación creará un marco de cooperación entre los responsables de gobierno digital de cada uno de los estados miembros, así como una comunidad de la que formarán parte expertos locales y académicos, quienes definirán una agenda común en relación a la interoperabilidad. Este marco estará dirigido por Interoperable Europe Board y apoyado por Interoperable Europe Community.

También, implantará evaluaciones de interoperabilidad obligatorias con el objetivo de crear servicios públicos que introduzcan esta característica desde su diseño. Así, la Comisión ayudará a los organismos a desplegar soluciones que cumplan dichas condiciones a través de una serie de directrices. 

La norma incluye, asimismo, el despliegue del Portal de la Europa Interoperable, una ventanilla única para fomentar el intercambio y la utilización de soluciones fiables y de alta calidad entre las diferentes administraciones. En este sentido, la UE promete reforzar los mecanismos de apoyo a la innovación y la formación para desarrollar, probar y ampliar estas herramientas. 

De tres a nueve meses de implantación 

Desde la Comisión han precisado que la mayoría de disposiciones de la ley se aplicarán en un plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor, ocurrida la pasada semana. No obstante, hay algunas excepciones que llevarán algo más de tiempo, entre ellas, la designación de las autoridades competentes por parte de los estados miembros o las evaluaciones de interoperabilidad. 

Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración de la Comisión Europea, ha precisado que este reglamento responde a las peticiones de unos servicios públicos digitales mejores e interoperables en la UE. "Esta norma sienta las bases de un sector público de la UE eficaz e interconectado y de una transformación digital integradora, transparente y responsable", ha afirmado.