Luis de Guindos, ministro en funciones.

Luis de Guindos, ministro en funciones. Juan Carlos Hidalgo Efe

Mercados

El mayor inversor del mundo ve a España como un riesgo

Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, percibe un escenario "hostil" y, por primera vez, coloca a España entre sus preocupaciones.

13 abril, 2016 02:14
Rubén J. Lapetra Cristina G. Bolinches

Noticias relacionadas

La política cobra cada vez más peso en la economía, pero no para bien. Al contrario, los escenarios de incertidumbre que se están abriendo en distintas partes del globo comienzan a sentirse en el siempre miedoso ánimo de los grandes inversores. España, que sigue sin formar gobierno casi cuatro meses después de las elecciones generales, se ha convertido en uno de los riesgos para Blackrock, el inversor con la cartera más grande del mundo: 4,2 billones de dólares en activos.

“La polarización en las elecciones en EEUU y Alemania, junto a las transiciones de gobierno en España, Taiwan y Canadá; la crisis económica y política en Brasil; y el referéndum británico en junio continuarán, en conjunto, dirigiendo la volatilidad. En este escenario tan hostil, nuestro deber con los inversores nunca ha sido tan vital, tanto como la responsabilidad que tenemos”, explica Larry Fink, presidente de Blackrock, en un carta enviada al supervisor bursátil estadounidense, la SEC.

Principales intereses en bolsa española de Blackrock.

Principales intereses en bolsa española de Blackrock.

En el caso de España, la falta de visibilidad de un futuro gobierno y el fracaso en las conversaciones entre los cuatro grandes partidos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) está afectando a la economía. Según estimaciones de jefe de estudios de BBVA, Rafael Doménech, esta situación está generando la pérdida de fuelle de la economía española. "Lo que ya hemos visto supone entre dos y tres décimas menos de crecimiento", dijo en una entrevista con EL ESPAÑOL.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha constatado que la economía española se desacelera y ha recortado una décima su previsión de crecimiento para 2016, del 2,7% al 2,6%. Son casi seis décimas menos que el incremento del PIB registrado hasta las pasadas elecciones (3,2%). 

El emborronamiento de la foto macroeconómica no ha hecho sino acrecentar las dudas de los grandes inversores como Blackrock, cuya soporte en la financiación del Estado es fundamental, como se demuestra en cada subasta del Tesoro. La firma estadounidense también ha notado el impacto de este proceso en su cartera de acciones española, cuyo valor en bolsa se ha reducido un 40% desde el verano pasado. Por entonces sus participadas valían cerca de 15.000 millones y ahora poco más de 10.000 millones, según los datos compilados por este diario. 

Su estrecha relación con Abengoa

En España, Blackrock está metido, directa e indirectamente, en uno de los mayores problemas empresariales de los últimos años: el preconcurso de acreedores de Abengoa. El gigante de la inversión es uno de los principales bonistas con los que la empresa andaluza está negociando su salvación.

Blackrock lleva la voz cantante porque, hasta el año 2021, tiene deuda de la empresa andaluza por valor de 3.500 millones de euros. Si se cumplen los pronósticos, la firma de inversión se convertirá en uno de sus accionistas de referencia, una vez Abengoa capitalice su endeudamiento. Es decir, la transforme en acciones a cambio de que sus acreedores le ‘perdonen’ una parte de lo que les debe.

Pero hay otro papel, que no es secundario. El ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, se incorporó al gigante de la inversión el pasado mes de julio, sólo dos meses después de abandonar la empresa sevillana. Sánchez Ortega se unió a la división de infraestructuras en América Latina de Blackrock. Un trabajo que, según explicó la firma a EL ESPAÑOL, desarrolla desde Nueva York.

El directivo trabaja ahora para uno de los principales acreedores de Abengoa a pesar de que, antes de dejar la compañía, selló una indemnización en concepto de cláusula de no competencia. Una compensación valorada en casi 4,5 millones de euros, el equivalente a su retribución anual en 2014, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por presunta administración desleal.