En el año 2012, justo antes del rescate europeo al sistema financiero español, el Gobierno tenía dos alternativas para las comunidades autónomas: financiar sus deudas y sus servicios, o dejarlas caer. Como dicta la lógica, se optó por lo primero, y se puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Pago a Proveedores, los principales mecanismos extraordinarios de apoyo financiero a las regiones. Desde entonces, el Estado ha asumido ya 163.000 millones de euros de deuda de las autonomías, según los datos del Ministerio de Hacienda.

De toda esta cantidad, el 55% ha ido a dos autonomías, las que están en una situación financiera más delicada y que, además, están en bono basura para las agencias de rating: Cataluña y Comunidad Valenciana. Estas dos comunidades deben ya al Estado 89.900 millones de euros incluyendo las últimas transferencias de finales de 2016. Esta cantidad equivale al 17% de toda la deuda del Estado (sin contar el pasivo del resto de sectores de la Administración), con datos a cierre del tercer trimestre del año.

El Tesoro Público emitirá en 2017 deuda neta, esto es, sin contar las refinanciaciones de bonos que vencen, por valor de 35.000 millones de euros. Una cifra que incluye las necesidades de liquidez de las autonomías, ya que no pueden acudir al mercado. El objetivo de déficit para las regiones este año está en el 0,6% del PIB, lo que supone un desfase entre ingresos y gastos de unos 6.000 millones de euros.

La Comunidad Valenciana y Cataluña son las dos regiones más endeudadas de España, con un pasivo que asciende hasta el 43% del 38% del PIB respectivamente. Entre las dos tienen el 43% de toda la deuda autonómica, según los datos recogidos por el Banco de España. Ambas están muy lejos de la deuda del conjunto de las autonomías, que se sitúa en el 26% del PIB. Son, además, las autonomías que más van a tardar en reducir su pasivo, hasta el punto que dentro de una década serán las dos únicas regiones con un endeudamiento superior al 30% del PIB, según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La ayuda extraordinaria

De las dos autonomías, Cataluña es la que está en una posición financiera más complicada, en gran medida provocada por el desafío soberanista, lo que se está reflejado en su mala calificación crediticia. S&P Global (antes Standard & Poor’s) pone la nota de la autonomía a cuatro escalones del grado de inversión, Moody’s a tres y Fitch a dos. Además, todas ellas mantienen su perspectiva negativa, lo que anticipa posibles bajadas del rating a lo largo del año.

Fitch mantuvo su nota el viernes, pero alertó del riesgo que supondría para la autonomía perder el apoyo financiero del Estado. Cataluña tiene que refinanciar casi 10.000 millones de euros este año, de los cuales, 5.466 millones son deuda de largo plazo, que tendrá que ser asumida por el FLA, ya que Cataluña seguirá con déficit. Además, tiene que negociar con los bancos la refinanciación de los 4.429 millones de euros de deuda de corto plazo hasta que el Estado acepte financiarla con el FLA.

El Estado ha asumido ya 53.600 millones de la deuda de Cataluña, lo que asciende hasta el 72% de todo el pasivo de la autonomía. Es la autonomía que más dinero ha recibido de los fondos de financiación extraordinarios dispuestos por el Ministerio de Hacienda. La segunda es la Comunidad Valenciana, que debe al Estado 36.300 millones de euros, después de los 7.000 millones que recibió en 2016.

Moody’s y S&P también tienen en bono basura la deuda de la comunidad valenciana, a dos escalones del grado de inversión. En su caso, la perspectiva es estable, por lo que no se prevén mayores recortes de la calificación. Por su parte, Fitch tiene su rating en BBB-, esto es, el último escalón del grado de inversión. La agencia considera que el apoyo financiero del Estado es la garantía de que la autonomía no incumplirá sus obligaciones financieras.

En el caso de la Comunidad Valenciana, su baja calificación crediticia responde exclusivamente a su elevado endeudamiento, y no a cuestiones políticas como en el caso catalán. Sin embargo, podría ser una de las comunidades beneficiadas de la reforma del sistema de financiación autonómico que está negociando el Ministerio de Hacienda con los presidentes de las regiones. Será una de las más beneficiadas simplemente porque ahora es una de las más perjudicadas.

Según los cálculos de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la financiación ordinaria que recibe la Comunidad Valenciana ajustada por población es un 5,4% inferior a la media de las regiones. Esto sitúa a la región en la peor posición de España, empatada con Murcia. Una parte de sus problemas de deuda se derivan de la baja financiación que recibe actualmente, por lo que en un futuro podría disponer de más recursos si se reforma el sistema.