Gasto público

Recortar 15.000 millones o pagar las pensiones sin la ‘hucha': los retos del futuro gobierno

El año 2017 va a ser complicado y seguirá empeorando a medida que se retrase la formación de Gobierno.

Cartera del ministro de Economía.

Cartera del ministro de Economía. Efe

Se busca ministro de Economía y Hacienda para nuevo gobierno. Estas serán dos de las carteras más complicadas para el nuevo gobierno, ya sea el surgido del Parlamento actual o de cualquiera que venga en el futuro. Eso sí, a medida que pasen las semanas todo se irá complicando. El rompecabezas no sólo será aprobar a contrarreloj un nuevo Presupuesto, también tendrá que encajar las piezas de la reforma fiscal, el déficit de la Seguridad Social y el descontrol de las cuentas públicas que ha dejado el actual gobierno. Estos serán sus próximos retos:

1. Un ajuste de 15.000 millones de euros. España tiene que hacer un importante esfuerzo para 2017, tanto como el 1,5% del PIB o el 3,5% de todo el gasto público. La Comisión Europea ya da por perdido este año, pero para el próximo exige que las cuentas públicas se ajusten para que el déficit público no supere el 3,1% del PIB. El Gobierno del Partido Popular no sólo ha agotado todos los márgenes de déficit que ha concedido Bruselas a España (por tres veces ha flexibilizado la senda de ajuste en esta legislatura), sino que ha agotado la paciencia de la Comisión.

La primera labor del futuro gobierno será establecer el techo de gasto para el año que viene, que será el umbral que limite las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero, con el techo de gasto no es suficiente, también tendrá que hacer lo que no ha hecho Cristóbal Montoro en los últimos años: vigilar el cumplimiento estricto de los objetivos fijados.

Pero los recortes no se terminan en 2017, pues en 2018 hay que reducir el déficit en otros 9.000 millones de euros, hasta llegar al 2,2% del PIB. A lo largo de la legislatura se tendrá que llegar hasta la estabilidad presupuestaria para empezar a reducir la deuda, lo que supone equilibrar ingresos y gastos. El desfase de este año va a ser de unos 46.000 millones de euros, por lo que hay mucho que corregir.

2. La hucha de las pensiones se acabará el año que viene. Es la crónica de una muerte anunciada. El Fondo de la Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como la hucha de las pensiones, se acabará a finales de 2017 o, como muy tarde, en 2018. Al cierre de julio, el valor del fondo era de poco más de 25.600 millones de euros, después de que en lo que va de año se hayan retirado 9.700 millones para pagar la extra de verano de los pensionistas.

Todavía queda por pagar la extra de Navidad, que serán otros 10.000 millones de euros, lo que dejará la hucha de las pensiones en unos 16.000 millones de euros. Cifra que probablemente será insuficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social de 2017. ¿Cómo se financiarán a partir de ese momento? El futuro gobierno será quien tenga que asumir este reto.

El problema de la Seguridad Social lleva años encima de la mesa y no se ha hecho nada para solucionarlo, por lo que el nuevo Ejecutivo tiene que tomar decisiones mirando al presente y al futuro, para garantizar la sostenibilidad del Sistema. El gobierno tendrá que elegir entre subir las cotizaciones sociales, bajar las pensiones o financiarlas con cargo a Presupuestos cubrir este gasto nuevo con recortes en otras partidas o subiendo impuestos.

La recuperación del empleo, que es en lo que confía el Partido Popular para poder pagar las pensiones, es insuficiente. La economía española lleva más de dos años en los que la Seguridad Social ha ganado más de medio millón de afiliados anuales y ni con esto es suficiente. La ratio de cotizantes por cada pensionista lleva desde 2013 anclada en 2,25, esto es, en su peor nivel desde el año 2000. Las medidas aprobadas por el Gobierno para dejar exentas algunas de las nuevas contrataciones ha provocado que el aumento del empleo no tenga un impacto igual sobre la ratio de cotizantes.

3. Subir los impuestos. Después de años de recortes y austeridad, el Presupuesto se ha quedado en los huesos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) explicó bien cuál es la situación de las cuentas del Estado antes del verano: “Ya no se puede recortar más sin perjudicar a los servicios básicos”. El gasto público en España está en el entorno del 42% y los ingresos apenas alcanzan el 38% y para equilibrar las cuentas es indispensable igualar ambos porcentajes. La diferencia supone una brecha de más de 40.000 millones de euros para el conjunto de las Administraciones Públicas, parece muy complicado cerrar la brecha sin elevar los ingresos del Estado.

Todos los partidos coinciden en que es imprescindible elevar los impuestos a las grandes empresas con una reforma integral del Impuesto de Sociedades. La recaudación de este tributo se ha desplomado un 85,5% hasta julio, lo que supone una pérdida de casi 3.000 millones de euros. Será el próximo ejecutivo quien tenga que pedir a las empresas un esfuerzo extra. También la rebaja del IRPF está afectando a la recaudación: 3.000 millones menos hasta julio.

Este tributo es muy polémico, ya que lo pagan todos los ciudadanos que tienen una renta mínima. PSOE y Podemos han pedido una subida del IRPF a las rentas altas, mientras que Ciudadanos y PP pactaron en su acuerdo de investidura bajar el impuesto en dos puntos en todos los tramos, una medida que tiene un coste de unos 5.000 millones de euros. Pero también están en el debate otros impuestos como Sucesiones o Donaciones.

4. Reforma de la financiación autonómica. Los cuatro grandes partidos políticos son conscientes de que las autonomías tienen un serio problema de financiación: tienen pocos recursos para pagar todos los servicios básicos que tienen atribuidos y están distribuidos de forma desigual entre las distintas regiones. El Gobierno del PP solucionó este problema con distintos fondos para ayudar a las regiones, como el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Financiación Autonómico (FLA), sin embargo son soluciones transitorias.

El próximo ejecutivo tiene que convocar a las regiones para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, con todas las implicaciones políticas y económicas que conllevan las negociaciones autonómicas. El problema de la desigualdad es importante, más todavía cuando el País Vasco y Navarra tienen sus conciertos propios y, por tanto, una financiación mayor que el resto de autonomías. Las regiones pedirán mayores transferencias del Estado y la Administración Central tendrá que apretarse el cinturón para financiarlo.

Algunas regiones exigirán, además, que se homogeneice el tipo impositivo aplicado a los tributos que tienen transferidos, como son los de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones o el tramo autonómico del IRPF. Estas regiones, como son Andalucía o la Comunidad Valenciana, ya han protestado de los impuestos bajos que ponen las regiones ricas como Madrid, para atraer a más personas y así engrosar sus bases imponibles. El debate de la competencia fiscal entre autonomías será otra papeleta para el próximo ejecutivo.