LA NUEVA LEGISLATURA

El arma de Rajoy para persuadir a los barones del PSOE: un ajuste más duro si no hay Gobierno

Montoro advierte que la prórroga de los Presupuestos obligará a las comunidades a afrontar un desfase de 4.000 millones.

Cristóbal Montoro este martes en el Congreso.

Cristóbal Montoro este martes en el Congreso.

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El arma secreta de Mariano Rajoy para que los barones socialistas promuevan una rápida abstención del PSOE que le permita al PP formar gobierno es la prórroga de los Presupuestos. “Tiene que haber un gobierno cuanto antes, en agosto; si no hay gobierno, las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste más duro este año”, dijo a EL ESPAÑOL el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la sesión de arranque de la XII Legislatura.

La falta de un nuevo gobierno ha impedido legalizar la senda acordada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 28 de abril pasado que suavizó el ajuste del déficit autonómico. En aquella ocasión, el Gobierno accedió a que el techo de déficit de las comunidades fuera del 0,7% para 2016 y del 0,5% en 2017 en vez del 0,3% que había que alcanzar originalmente este año. En total son 4.000 millones adicionales que se repartieron en dos ejercicios fiscales: 2.000 millones para 2016, pendientes de que se forme un nuevo gobierno que legalice la decisión en el Parlamento, y una cantidad similar para 2017 que debería incluirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pero la ausencia de un gobierno impide modificar el actual techo de déficit aprobado legalmente que sigue siendo del 0,3%. Y esto tiene dos efectos: como el ejercicio 2016 ya está muy avanzado, los 2.000 millones correspondientes a este año van a convertirse en déficit imprevisto (un nuevo incumplimiento que no será bien recibido por Bruselas tras la desviación de 2015) y la prórroga automática de las cuentas públicas, que se producirá si no hay un gobierno que elabore unos PGE para 2017, forzarán a las comunidades a cumplir con un techo de déficit del 0,3% en 2017 en vez del 0,5% acordado en abril. Un ajuste adicional para el próximo año de 2.000 millones de euros.

Techo de gasto no financiero

En una situación institucional normal, el proceso de elaboración de los PGE se inicia cuando el Gobierno envía al Congreso la ley fijando el techo de gasto no financiero del Estado, lo cual ocurre normalmente a finales del mes de julio. Una vez aprobado dicho techo, el Gobierno elabora el anteproyecto de ley y lo remite a las Cortes al final de septiembre y la discusión de las enmiendas se realiza en octubre y noviembre.

Ya es imposible iniciar el camino en julio porque el Gobierno está en funciones, así que Rajoy apuntó ayer a agosto como el mes en el que un nuevo Ejecutivo debería “aprobar el techo de gasto”. El presidente advirtió que “no tiene ningún sentido retrasar nada, porque esto obligaría a prorrogar los presupuestos y eso no ayudaría al correcto funcionamiento de las instituciones”.

No pueden elaborar Presupuestos

Este año, además, Bruselas anunciará la nueva senda de reducción del déficit la próxima semana. España está negociando que el objetivo de déficit para 2016 sea del 3,9% del PIB y para 2017 del 2,7%, lo que supone suavizar el ajuste en 2.000 millones cada año. El Ejecutivo había prometido transferir a las comunidades autónomas ese alivio.

La falta de una ley que fije el techo de gasto por la ausencia de Gobierno a nivel estatal provoca una serie de disfunciones en los gobiernos autonómicos, los cuales, a diferencia del nacional, no están en funciones. La primera consecuencia es que sus parlamentos no pueden elaborar su propios Presupuestos debido a que carecen de la orientación básica de la política fiscal que es el límite del gasto.

En abril pasado, las comunidades gobernadas por el PSOE, tanto en solitario como en coalición (Asturias, Extremadura, Aragón, Cantabria, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha) así como Cataluña, votaron en contra de la senda de ajuste del déficit para el periodo 2017 y 2019 y criticaron “el reparto unilateral” que Hacienda hizo del mismo, pese a que les supuso una reducción de 2.000 millones este año y otros 2.000 millones el próximo.

Decalaje de los ingresos

Una prórroga presupuestaria supone automáticamente una congelación del gasto y puede producir una reducción del déficit si los ingresos aumentan más que lo estipulado debido a un mayor crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de las comunidades autónomas, la prórroga sería muy negativa ya que tampoco podrían recibir los incrementos que el mayor crecimiento ha generado en la recaudación tributaria de 2015. Hacienda acaba de liquidar esos mayores incrementos correspondientes al ejercicio de 2014 pero porque ya estaban previstos. El sistema de financiación autónomica estipula que las comunidades recogen el impacto del ciclo económico con un decalaje de dos años. Así, sólo en 2011 experimentaron la caída de ingresos de 2009 y, por contra, sólo en 2016 han empezado a recibir el impacto de la recuperación de 2014.  

La Ley de Presupuestos forma parte del paquete básico de apoyos parlamentarios que debe reunir un Gobierno. “Sería absurdo que se lograra constituir un gobierno, con el apoyo o la abstención de determinadas fuerzas políticas, y después el Parlamento tumbara la ley que fija el techo de gasto”, dijo ayer un observador.

En octubre de 1995, Convergencia i Unió (CiU) se negó a apoyar la Ley de Presupuestos de Felipe González. Éste interpretó el rechazo como una pérdida de confianza en su Gobierno y decidió convocar elecciones anticipadas el 3 de marzo de 1996, las que fueron ganadas por José María Aznar.