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¿Quién pone en peligro las pensiones?

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“Always thinking 'bout that pension plan, the day of retirement, the promised land” Seasick Steve

El debate de las pensiones siempre se intensifica cerca de las elecciones. Muchos autores han reflejado en los últimos días distintos problemas, fundamentalmente el envejecimiento de la población, desde ópticas razonables. Pero, es curioso, en la solución es donde en muchas ocasiones los políticos se entregan al partidismo, a acusarse unos a otros, y, en algunos casos, a defender soluciones mágicas que solo llevan a empeorar.

Conviene recordar los dos retos esenciales, el demográfico y el económico.

Demográfico:

España es uno de los países donde la población envejece más rápidamente. Lo han explicado autores de distintas escuelas como Javier Díaz Giménez, Juan Manuel López-Zafra o Ignacio Conde-Ruiz. Hay elementos muy positivos. Vivimos mucho más. Pero también tenemos cada vez menos hijos. Y el riesgo de una pérdida de población “japonesa” es relevante. El país nipón sufre caída de la población total con menos ciudadanos en edad de trabajar y más jubilados.

En España, el crecimiento vegetativo de la población, es decir, nacimientos menos muertes por cada mil habitantes, ha pasado de 10,5 a 0,7 entre 1975 y 2014, y se estima que será negativo en 2016-2017. Según el INE, si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años. El porcentaje de población mayor de 65 años ya es del 18,2%. Adicionalmente, la unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70. El número de nacimientos anuales ha caído desde 669.000 en 1975 a cerca de 426.600 en 2015.

Económico:

Hay 9,3 millones de pensiones con un poco más de 17 millones de afiliados a la seguridad social. España jamás ha tenido más de 20 millones de cotizantes y se considera que un sistema de reparto de pensiones es difícil de sostener si ese ratio es menor de dos contribuyentes por pensionista. Las pensiones ya suponen más del 11% del PIB.

Los jubilados cobran ahora de media cerca de 1.040 euros al mes, un crecimiento en términos reales de más de un 45% comparado con el periodo 2003-2004.

El Fondo de Reserva, que se creó en 2000 durante el mandato de Aznar para acometer los retos demográficos y garantizar las pensiones en periodos de crisis aprovechando los ingresos extraordinarios en épocas de bonanza, ha sido un éxito que ha permitido que se incrementasen dichas pensiones en los años difíciles. Lejos de ver la reducción de su cuantía como un problema, debemos analizarlo como lo que es, un éxito que ha evitado que se hagan brutales recortes de las pensiones como en Grecia y otros países. No es que se haya reducido a la mitad, es que ha cumplido su función. Y, con la economía ya lejos de la recesión, mantiene 32.500 millones de euros de colchón.

Pero el sistema de pensiones español es de reparto, no de capitalización. ¿Qué significa eso? Que usted no cotiza para asegurar su pensión, sino que contribuye a las que se pagan hoy con la esperanza de que en el futuro otros continúen haciendo lo mismo, aumentado por la inflación. Capitalización es lo que contribuye usted para su propia pensión, personal e intransferible.

Por ello debemos analizar el reto demográfico y el económico de una manera integral.

Si en esa ecuación (envejecimiento de población, aumento de afiliados, ingresos y gastos) no ponemos como pilar fundamental el crecimiento y el empleo, el resultado será el recorte de las pensiones, como ha ocurrido en todos los sistemas intervencionistas que prometían garantizarlas.

Soluciones:

Primero, conviene resaltar que la solución en nuestro país no es acabar con el sistema de reparto, sino hacerlo sostenible y compatible con uno de capitalización. Es decir, la solución a las pensiones es recuperar el crecimiento económico y número de afiliados -20 millones- y mejorar la productividad y, con ella, los salarios y los ingresos de la Seguridad Social. No solo nos permitiría recuperar las cantidades del Fondo de Reserva, sino mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Si creamos muchas más empresas y atraemos más capital, con ello más empleo y más productividad, conseguimos mitigar el efecto demográfico y, a medio plazo, aumenta la población. Al fin y al cabo, eso nos diferencia de Japón, la capacidad de atraer inmigración por afinidad cultural, idioma y localización.

Nada de eso se consigue con el método “Podemos”: entorpeciendo inversiones, aumentando la burocracia y subiendo impuestos.

Porque la tendencia demográfica no se revierte desde una fiscalidad confiscatoria. En Francia se han recortado las pensiones desde 1996 con el famoso impuesto “solidario”. ¿Por qué?, porque se reduce la capacidad de consumir, ahorrar y tener descendencia si acometemos las reformas aumentando la fiscalidad y nos lanzamos al estancamiento.

Somos muy poco nórdicos

En Suecia el Estado da una pensión mínima garantizada. A ese mínimo, equivalente a las pensiones no contributivas  -y que solo se percibe si no se tienen otros ingresos-, se suma un sistema de capitalización personal en el que la empresa pone un 10% y el trabajador un 7% de su salario bruto en un plan individual de gestión estatal, y dicho plan se complementa con un 2,5% que se invierte en fondos, privados o públicos.  Los que tildan el sistema de capitalización de “privatización” de las pensiones, mienten.

Para implementar este sistema se estableció en 2001 un periodo de transición por el cual los trabajadores nacidos antes de una fecha permanecían en el sistema antiguo y el resto pasaban al nuevo sistema. Dadas las diferencias demográficas y de desempleo, en España se podría utilizar parte del Fondo de Reserva y  reducir los impuestos al trabajo para aumentar el empleo y reducir los desequilibrios. Un sistema sostenible, justo y a la vez que garantiza una pensión a todos.

Nuestro sistema de pensiones lleva criticándose desde que yo estaba en la universidad, diciendo que es insostenible. Sin embargo, se ha mantenido siempre que se ha fortalecido la creación de empleo y el crecimiento económico. Incluso si los jubilados pasaran a ser el 24% de la fuerza laboral y las pensiones el 15% del presupuesto como estima la OCDE a largo plazo, se puede mantener un sistema de reparto.

Lo que pone en peligro las pensiones públicas son las llamadas a cubrirlas desde las políticas que solo han creado salida de empresas y destrucción de empleo.

Merece la pena proponer un sistema en el que, como en Suecia, el ciudadano sepa exactamente cuánto tiene para su jubilación, sin depender de lo que diga un comité.

Porque los mismos que se rasgan las vestiduras con el poder adquisitivo de las pensiones son luego los que las hunden, sea recortándolas, devaluando constantemente la moneda y creando inflación excesiva.