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El ‘chollo’ de echar gasolina en España

Todos los días Portugal pierde más de un millón de euros como consecuencia de los miles de ciudadanos que cruzan las frontera para llenar sus tanques.

Surtidores de combustible.

Surtidores de combustible. Reuters

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A Diogo no le caen bien los españoles. “Sin ánimo de ofender, los castelhanos gritan mucho y no hacen el mínimo esfuerzo por aprender nuestra lengua cuando vienen aquí”, dice el joven de 25 años, residente del pueblo alentejano de Vila Boim, a unos 30 kilómetros de la frontera española. “Y eso sin entrar en las injusticias que nos han hecho en los campeonatos de fútbol”.

Pese a la poca afinidad que tiene por los ciudadanos del país vecino, Diogo lo tiene claro cuando es hora de repostar.  “Siempre voy a Badajoz para echar gasolina. Soy portugués, pero mi bolsillo no entiende de nacionalidades”. Diogo es uno entre los cientos de miles de portugueses que optan por pasar por tierras españolas cuando es hora de llenar el tanque, con el objetivo de evitar los impuestos lusos.

En la actualidad los portugueses pagan una media de 10 céntimos más que los españoles por litro de gasolina. Diferentes impuestos suponen el 60% del precio por litro de gasolina y el 50% del precio de los gasóleos en Portugal, y a este valor se le tiene que añadir los costes fijos relacionados con el almacenamiento y la distribución de estos productos, que llegan a suponer el 12% del coste total.

Las tasas sobre la gasolina en Portugal eran elevadas desde hace años, pero la situación empeoró el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno de António Costa anunció el aumento del Impuesto sobre los Productos Petrolíferos (ISP), con una tasa adicional de seis céntimos por litro de gasolina y gasóleo.

El Ejecutivo socialista tomó posesión el pasado noviembre prometiendo poner fin a la austeridad, pero la reposición de los salarios de los funcionarios públicos, la paralización de la privatización de varias empresas públicas y la eliminación de muchos de los recortes del anterior Gobierno conservador hizo que el Presupuesto General del Estado para 2016 fuera cuestionado por Bruselas. Muchos interpretaron el aumento de los carburantes como un intento (entre otros muchos) para cubrir los costes de las medidas sociales, pero el Ejecutivo mantiene que fue creado para recaudar unos 360 millones de euros para compensar el impacto que la caída de los precios del petróleo ha tenido sobre las arcas del Estado.

Aunque el Gobierno Costa optó por reducir el ISP en un céntimo la semana pasada, el peso fiscal –junto al ineludible IVA del 23%– ha hecho que muchos portugueses busquen cualquier alternativa a los elevados costes nacionales. En tiempos de crisis son muchos los portugueses que han convertido la visita a las gasolineras españolas en un hábito semanal. Actualmente se estima que estos desplazamientos suponen una pérdida de un millón de euros diarios para la economía portuguesa.

Cálculos complicados

Según el índice de precios de productos petrolíferos emitido semanalmente por la Comisión Europea, esta semana la media (con impuestos incluidos) por litro de gasolina en España era de 1,156 euros mientras que en Portugal era 1,380; para gasóleo, la diferencia era de 1,007 contra 1,115. A efectos prácticos, eso quiere decir que llenar un depósito de 60 litros en España implica un ahorro de 6,48 euros en gasóleo y 13,54 euros si el coche utiliza gasolina.

Para los afortunados que viven cerca de la frontera la decisión de hacer el pequeño desvío a Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Galicia es fácil. Para otros, que viven en el interior de Portugal, decidir dónde repostar se convierte en una serie de ecuaciones matemáticas más complejas, en las que tienen que tomar en cuenta no sólo el coste físico y temporal de desplazarse hasta tierras españolas, sino también factores como el precio de peajes en las autopistas lusas.

Los análisis publicados por asociaciones automovilísticas estiman que sólo sale rentable hacer el viaje si vives a 20 kilómetros de frontera en el caso del gasóleo, y a 30 si vas en busca de gasolina, pero hay ciudadanos lusos que recorren distancias infinitamente mayores para repostar en gasolineras españolas.

“Francamente, paso más tiempo en el coche yendo y viniendo de Badajoz que desplazándome por esta zona”, reconoce Alberto, que regenta una tienda en Estremoz, una idílica ciudad amurallada en el centro del Alentejo. “Aprovecho para ir de compras en el centro comercial pero principalmente voy a repostar. La ida y vuelta son casi 110 kilómetros, pero estoy convencido que me sale más rentable que repostar aquí”.

En el lado extremeño de la frontera entre Portugal y España quienes trabajan en las gasolineras reconocen están encantados con la situación actual.  “Hubo un tiempo que éramos nosotros los que cruzábamos el Guadiana porque todo tendía a ser mucho más barato en Portugal, pero desde hace unos años la gasolina es una excepción”, comenta un empleado de una estación de Repsol cerca del pueblo de Olivenza que prefirió no dar su nombre por no pronunciarse en nombre de su empresa.

“Cada vez se vienen más portugueses por aquí, porque es una frontera fluida y les están crujiendo con los impuestos sobre los carburantes. Por mí, genial, cualquier cliente es bienvenido, sea del lado del río que sea”.

El proyecto piloto de las zonas francas

Gran parte de la población portuguesa vive en el litoral, alejado de la frontera con España, y para ellos el peso de los impuestos sobre los carburantes es motivo de comentarios enfurecidos. Los más vocales con sus protestas han sido los transportistas, cuyas principales asociaciones –la Asociación Nacional de  Transportadores de Mercancías (ANTRAM) y la Asociación Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP)– denuncian la desventaja que supone tener que pagar una media de 10 céntimos más por litro de gasóleo que la competición española. Ante la injusticia de esta situación, los transportistas llevan meses exigiendo una reducción del gasóleo en 20 céntimos al Ejecutivo.

Tras meses de negociaciones que fuentes del Gobierno reconocieron como “muy tensas”, esta semana el ministro-adjunto Eduardo Cabrita anunció un acuerdo con los transportistas, según el cual Portugal creará cuatro zonas francas experimentales en las fronteras con España. Este proyecto piloto, que comenzará a funcionar el próximo mes de julio, se llevará a cabo en las localidades de Quintanilha (en la frontera con Zamora), Caia (frontera con Badajoz), Vilar Formoso (frontera con Ciudad Rodrigo) y Vila Verde de Ficalho (frontera con Jabugo), y será aplicable a vehículos pesados de 35 toneladas.

En estos sitios el llamado ‘gasóleo profesional’ consumido por los transportistas tendrá un impuesto fijo de apenas 33 céntimos sobre la base de referencia, que oscila de acuerdo con el precio del petróleo en los mercados internacionales. Así, los transportistas que reposten en estas zonas paguen exactamente lo mismo que pagan sus homólogos en España: el impuesto mínimo permitido por la Comisión Europea. A efectos prácticos, el Ejecutivo espera que esto reduzca la capacidad española de hacer ‘dumping’ en suelo portugués y permita que los lusos puedan competir en el mercado español.

El Gobierno asegura que, de tener éxito este proyecto piloto, la reducción aplicable al gasóleo profesional en estas zonas francas se extendería a todo Portugal en 2017. En declaraciones en el Parlamento esta semana, Fernando Rocha Andrade, secretario de Estado de Asuntos Fiscales, afirmó que “el Ejecutivo está poniendo su parte y colocando los impuestos sobre el transporte pesado al mismo nivel que los de la competencia. Estamos creando las condiciones para que el precio de venta de nuestros productos esté en igualdad de condiciones con los que provienen de España”.

‘Portugueses de primera y de segunda’

Aunque la medida ha sido acogida con entusiasmo por parte de los transportistas, representantes de las petrolíferas y de las principales asociaciones de consumidores de Portugal se han mostrado críticos con la medida. Carlos Gomes da Silva, presidente de la petrolera portuguesa Galp, comentó que la medida levanta serias preguntas relacionadas con competitividad, no sólo a nivel europeo, sino entre los consumidores portugueses. “Está claro que los consumidores no pueden ser tratados de forma diferente y cualquier discriminación en materia de impuestos es sensible”.

Carlos Barbosa, presidente del Club Automovilístico de Portugal, fue más severo al asegurar que la iniciativa era una “injusticia que favorece a un sector sobre otros” y acusó al Ejecutivo de crear “portugueses de primera y de segunda, cediendo ante el miedo a manifestaciones de camioneros en las autopistas”.  

“El 90% del tejido empresarial portugués está compuesto por pymes que pasan por las mismas dificultades que las grandes transportadoras pero no tendrán derecho a aprovecharse de estas medidas”, denunció Barbosa. “Como mínimo, supone una distorsión de los principios de competencia”.

Dentro de la Asamblea de la República la oposición conservadora ha aprovechado la limitación del proyecto piloto a cuatro regiones para introducir un diálogo regionalista más típico de los debates en las Cortes Españolas que en Portugal, país donde no existen fuertes divisiones de carácter autonómico.

“¿Acaso el Algarve no tiene una frontera? ¿Y Valência do Minho? ¿Por qué no les dan ‘zonas francas’? ¡Estáis enfrentando unos contra otros!”, exclamó el diputado conservador Pedro Mota Soares durante un debate en la Asamblea de la República esta semana, asegurando que las transportadoras se desviarían para pasar sólo por las partes del país con los impuestos reducidos. Rocha Andrade respondió que no tendría sentido ejecutar un proyecto piloto a nivel nacional y acusó a la oposición de “aprovechar cualquier medida para intentar fomentar la envidia entre los portugueses”.

Por mucho que no exista esa envidia entre las regiones, de ser un éxito el programa piloto es probable que muchos ciudadanos portugueses envidien los impuestos reducidos de los transportistas lusos. Por el momento el Gobierno no se plantea llevar a cabo reducciones adicionales del ISP: desde el Parlamento el secretario Rocha Andrade argumenta que la medida no se podría extender a todos ya que “supondría una pérdida de capacidad recaudatoria que el Gobierno no podría asumir”.

Sin embargo, el ministro-adjunto Cabrita ha prometido “revisarlo” trimestralmente, por lo que teóricamente se podría modificar el precio nuevamente en agosto o noviembre. Entretanto, muchos portugueses seguirán practicando su castellano con mayor asiduidad de lo normal, si sólo para poder charlar con los trabajadores de sus gasolineras favoritas al otro lado de la frontera.