Es una auténtica revolución en las normas que regulan el Impuesto de Valor Añadido (IVA) en la Unión Europea (UE). Si sale adelante, los gobiernos europeos tendrán libertad total para rebajar el impuesto a los productos que deseen, incluso sin necesitar permiso de Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto presentar las líneas directrices de esta reforma del IVA el próximo 23 de marzo, según han explicado a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. Pero su aprobación podría ser larga y complicada porque se requiere el apoyo unánime de los 28 estados miembros.

La legislación vigente sobre el IVA se basa en dos reglas. En primer lugar, los gobiernos deben aplicar un tipo normal de al menos el 15% a todos los productos y servicios. En segundo lugar, las capitales tienen la posibilidad de fijar uno o dos tipos reducidos, que no deben ser inferiores al 5%. Esta excepción se aplica sólo a una lista limitada de productos y servicios, que se detalla en la propia directiva del IVA. Entre ellos se encuentran los alimentos, el agua, los fármacos, la vivienda social o los espectáculos.

A partir de ahí, cada Estado miembro puede fijar los tipos que quiera. El tipo normal oscila entre el 27% que aplica Hungría y el 17% de Luxemburgo. Tras las subidas que realizó durante la crisis por la presión de la UE, España tiene ahora un tipo general del 21%, un tipo reducido del 10% y otro súper reducido del 4%.

Múltiples excepciones

Sin embargo, esta aparente simplicidad oculta un auténtico caos. Existes múltiples excepciones a las dos reglas básicas. Por razones históricas, que en muchos casos se remontan al momento de la adhesión, a la mayoría de los estados miembros se les permite aplicar “tipos especiales”. Estos pueden ser inferiores al 5% o incluso cero. Cada país tiene sus propias excepciones, que son diferentes al resto y que provocan todo tipo de agravios. Francia luchó durante años por un IVA reducido a los restaurantes que ya se autorizaba a España. Reino Unido reclama un tipo cero para los tampones, al igual que ya hace Irlanda.

El caso que mejor representa este desorden es el diferente tratamiento a los libros en papel, a los que sí se les aplica el IVA reducido, y a los libros electrónicos, que no se benefician de este trato favorable. De hecho, la Comisión Europea llevó a Francia y a Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia por rebajar el IVA a los libros electrónicos. La justicia europea prohibió el IVA reducido a los ebooks por considerar que son en realidad “servicios suministrados por vía electrónica”, y que por ello están excluidos de la lista de excepciones.

Dos opciones

Bruselas ha acabado cediendo a las quejas de los gobiernos europeos por estas restricciones que responden a “reglas obsoletas”. Por ello, el Ejecutivo comunitario propondrá el 23 de marzo dos opciones. La primera, más conservadora, consiste en revisar de forma regular la lista de productos y servicios a los que se pueden aplicar tipos reducidos. Se tendrían en cuenta las peticiones de las capitales a la hora de añadir o suprimir elementos de la lista.

La segunda opción, la más radical, es “dar a los estados miembros el poder de fijar sus propios tipos de IVA, incluso el tipo normal”, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. Eso supondría en la práctica suprimir el umbral mínimo del 15%.

Los críticos con el plan avisan de que podría provocar una carrera entre los países de la UE para bajar impuestos. Bruselas responde que esta opción incluiría toda una serie de salvaguardas. Los estados miembros deberían garantizar que su política en materia de tipos de IVA se ajusta a las reglas de la UE en materia de mercado único, competencia y gobernanza económica.

Por ejemplo, en el caso de España, la Comisión sigue insistiendo en que debería subir el IVA a algunos productos a los que aplica tipos reducidos, aunque nunca ha concretado cuáles. España es uno de los socios que menos IVA recauda en proporción a su PIB. Bruselas podría impedirle cualquier bajada de este impuesto si considera que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit.

El Ejecutivo comunitario alega además que las capitales podrán utilizar esta flexibilidad adicional de la forma que consideren oportuna. “Pueden elegir recortar los tipos o no hacer nada”, explican las fuentes. En cuanto a posibles subidas del IVA, la reforma no cambiará nada. Los gobiernos ya son libres de aumentar los tipos todo lo que quieran, no hay un máximo.

Combatir el fraude

El principal objetivo de la reforma del IVA es combatir el fraude. Según los cálculos de Bruselas, el fraude del IVA provoca pérdidas anuales de 50.000 millones de euros a los países de la UE. El plan incluirá medidas inmediatas y otras de carácter estructural para crear un sistema único de IVA más simple y a prueba de fraudes.

El Ejecutivo comunitario quiere además reducir la carga burocrática para las empresas. Considera que el actual sistema del IVA es demasiado pesado y complejo para las empresas, especialmente para las pymes que quieren hacer negocios transfronterizos, cuyos costes acaban siendo un 11% más altos que los nacionales. La reforma pretende reducir la burocracia y actualizar las reglas para la era digital.