En su toma de posesión, el martes 12 de enero, el nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, afirmó que “estamos ahogados y humillados financieramente, estamos desatendidos en inversiones del Estado”. Estas patrañas nacionalistas, no por repetidas, se convierten en verdades.

Es muy difícil que un ciudadano que vive en España crea que Cataluña ha sido “ahogada” financieramente cuando desde 2012 ha recibido más de 40.000 millones en medidas de apoyo financiero. Esto supone alrededor del 35% del total de 115.000 millones que se ha facilitado a las comunidades autónomas mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el mecanismo de pago a proveedores en los últimos cuatro años.

En diciembre, Cataluña además recibió 3.000 millones de euros adicionales del fondo de casi 8.000 millones de la partida extraordinaria que se liquidó al final de la legislatura anterior.

Lo cierto es que Cataluña no hubiese podido sobrevivir a la crisis sin este dinero adicional al estar fuera de los mercados financieros desde 2011. Las únicas regiones que lograron superar la crisis sin acudir al FLA entre 2012 y 2014 (en 2015 los mecanismos fueron reformados) han sido las de régimen foral (País Vasco y Navarra), Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja, y Madrid. En cambio, al mecanismo de pago a proveedores acudieron todas, excepto el País Vasco.

Y en cuanto a la inversión en infraestructuras de transporte, un nuevo libro elaborado por el economista José Luis Feito, que se presentará próximamente, desmonta la presunción catalana desde un ángulo original. A mediados de 2014, la Cámara de Comercio de Barcelona presentó un informe en que aseguraba que el stock de inversión pública en infraestructuras en Cataluña osciló entre el 12,9% de las inversiones totales realizadas en España en 2004 y el 13,9% en 2010. Esto arrojaría un déficit respecto de la aportación de la economía catalana al PIB español que en estos años ha fluctuado entre el 18% y el 19%. También estaría por debajo del peso de la población catalana, que representa el 16% de la española. Es decir, según el informe, el Estado ha invertido sistemáticamente menos en Cataluña.

En su libro, Feito cuestiona estos datos porque olvidan que el territorio catalán representa apenas el 6,4% de la superficie de España. Esta cifra es la tercera parte del 18,7% de Castilla y León o del 17,3% de Andalucía. Cataluña, por ejemplo, tiene 250 kilómetros de litoral menos que Andalucía. Si se toma en cuenta esta dimensión, en Cataluña se ha sobreinvertido en la última década.

El informe de la Cámara barcelonesa se centraba en el déficit de inversión en carreteras (el 9,1% del total), pero lo cierto es que si se hubiese invertido un porcentaje proporcional a la aportación al PIB de Cataluña, la región estaría alicatada hasta al techo. Trabajos como el de Feito, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), o como el último libro de de Josep Borrell (Las cuentas y los cuentos de la independencia publicado en 2015 con Joan Llorach por Ed. Catarata) han puesto de manifiesto que el poco interés que ha existido hasta ahora por cuestionar con rigor los mantras nacionalistas ha permitido que se consoliden muchos mitos.