Cuando el 5 de septiembre de 2013, Bertín Osborne dio el pregón y cantó en las fiestas de Navalcarnero -a razón de 32.670 euros el bolo- el pueblo madrileño ya estaba quebrado. La intervención municipal emitió un informe desfavorable contra la intención de contratar al artista, un contrato que fue intermediado por Waiter Music, la empresa relacionada con la trama Púnica. El alcalde, Baltasar Santos, del Partido Popular, siguió el que había sido su protocolo particular desde que en 2011 la intervención empezó a ponerle pegas a sus decisiones: no le aprobaban lo que él quería, hacía un decreto de Alcaldía y ordenaba el pago.

Ni con la crisis accedió Santos a parar la fiesta, que ya duraba casi dos décadas (empezó a gobernar en 1995). Al contrato de Bertín se sumaron en aquellas fiestas 30.000 euros para fuegos artificiales, 11.495 para la actuación de la orquesta Wall Big Band; 8.470 euros para la Divina Orquesta; 6.050 para la Orquesta Evasión y otros tantos para la Farándula; cuatro pagos de 6.201 euros cada uno para producir el primer festival de música electrónica y dance del municipio; 9.680 para el camerino, el escenario y los auxiliares de carga y descarga. A dedo y pagados por decreto del alcalde contra la opinión de la Intervención. 

Menudencias. Un año después, el pueblo se haría famoso tras conocerse la decisión de su alcalde de plantar 150 cruceiros y gastar cerca de 11 millones de euros en granito, traído en su mayoría de Galicia.

Poco significaban esas cifras para Santos, quien a principio de siglo había vendido suelo del municipio por un valor estimado de 400 millones de euros (incluidos cinco millones de metros cuadrados de la Dehesa), sin constituir siquiera el registro municipal del suelo como exige la ley y destinando por tanto lo cobrado a lo que él creyó oportuno.

No habría crisis que se interpusiera en los deseos del edil que, sin informe geotécnico ni proyecto mediante ni presupuesto aprobado, había empleado 30 millones de euros, según estimaciones del equipo de gobierno actual, en tunelar el subsuelo del centro histórico de Navalcarnero, calificado como Bien de Interés Cultural por Patrimonio (Decreto 266/2000 de 14 de diciembre), para imitar unas cuevas históricas de las que hoy lo único que los habitantes del pueblo pueden ver (están cerradas al público por no estar clara su seguridad) son las grietas que han aparecido en fachadas e interiores de edificios públicos y privados de la protegida Plaza de Segovia.

Ayuntamiento de Navalcarnero, construido a principios de siglo. DANI POZO

Baltasar Santos convirtió Navalcarnero en un muestrario de sobrecostes, en un catálogo de aberraciones urbanísticas, un parque temático del ladrillo y la rotonda sin cumplir casi ni un procedimiento de forma ortodoxa. Hoy sus prácticas le tienen imputado en tres causas: una la de las cuevas, otra por los gastos abonados a golpe de decreto en contra de la opinión de la Intervención desde 2011 (que el actual equipo de Gobierno cree que pueden elevarse hasta 100 millones) y una tercera por el proyecto del Polideportivo de la Estación, abonado al 90% (10,5 millones) pese a que de las obras previstas no se ha ejecutado ni el 20%. Dicho polideportivo fue contratado con una de las empresas ligadas a la trama Gürtel, Constructora Hispánica.

En el Consistorio aseguran a este periódico que han localizado otras facturas con destino a la empresa que pagaba presuntamente sobornos a la red de Francisco Correa y que pronto estarán a disposición judicial. 

Así de feas tuvieron que ponerse las cosas, con las citadas tres imputaciones a las que se sumó un informe demoledor de la Cámara de Cuentas a comienzos de 2015, para que finalmente Esperanza Aguirre cejase en su empeño de seguir apoyando a Santos como candidato por el PP para las pasadas elecciones municipales. Como no le querían en el partido, Santos montó otro, y sacó dos plazas de concejal incluida la suya, que sólo ocupó un día: el de la investidura, hasta que el pasado mes de noviembre renunció a su acta de concejal.

¿Cómo está el municipio? El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad, incluidos los votos del Partido Popular, el inicio de una comisión de investigación para dilucidar cómo se llegó a la situación financiera actual y las posibles actuaciones ilícitas que la provocaron, mientras las denuncias en los juzgados siguen su curso.

El horizonte de Navalcarnero. DANI POZO

Es un trabajo del que no se encargó quien era responsable de la vigilancia. Los edificios municipales hace meses que tienen de nuevo luz, después de que Iberdrola se la cortara por falta de pago, momento en el que el actual alcalde descubrió que la práctica habitual cuando esto ocurría era conectarse directamente de forma ilegal a la red eléctrica. El contrato de basuras, que llegó a suponer un coste de siete millones anuales y se bajó a 2,5 millones en 2011, va a volver a sacarse a concurso por una cantidad que pueda asumir el municipio. Y, entretanto, el Ayuntamiento busca cómo sacar dinero para los gastos jurídicos necesarios para seguir adelante con las causas sobre las prácticas del equipo de Gobierno anterior. 

El pueblo que Montoro no veía

Navalcarnero es un ejemplo de libro que habría servido para aplicar toda esa legislación de control de las cuentas de los ayuntamientos que Cristóbal Montoro, al frente del Ministerio de Hacienda, construyó desde la llegada al poder del PP a finales de 2011. Y, sin embargo, nadie en el Gobierno de Mariano Rajoy hizo nada salvo darle más dinero a Santos procedente de los planes de liquidez creados para salvar a municipios y autonomías de la asfixia financiera derivada de la crisis, unos planes que en teoría llevaban adosado un férreo control y planes de ajuste del gasto que no se aplicaron a Navalcarnero. No saltaron las alarmas o no se quisieron oír.

José Luis Adell, alcalde de Navalcarnero, en el inmenso salón de actos del Ayuntamiento. DANI POZO

José Luis Adell, alcalde del municipio desde las pasadas elecciones de mayo, dedicó la pasada legislatura desde la oposición a exigir a Hacienda y al Tribunal de Cuentas que actuasen. Adell no era nuevo en la política del municipio ni tampoco en sus infraestructuras. Había sido concejal de Urbanismo entre 1979 y 1983, y alcalde del pueblo de 1983 a 1995. Después se marchó fuera del país y a su regreso se encontró el pueblo cambiado.

La población había pasado de algo más de 16.000 personas a más de 26.000. Casas uniformes, adosadas, formaban parte del pueblo, otrora formado casi exclusivamente por pequeñas viviendas de paredes blancas. El histórico colegio Santa Cristina había sido sustituido por una mole de cemento y cristal en cuya fachada podía leerse Ayuntamiento de Navalcarnero (se contrató con Sacyr por nueve millones y, tras un modificado, había acabado costando 11 millones). A su alrededor, una plaza con una enorme escalinata (se contrató con Consvial por 2,5 millones y, tras tres modificados que incluyeron una estatua Homenaje a la Democracia no prevista, se habían gastado 7,5 millones). La plaza de toros también era nueva (se presupuestó en 14 millones y acabó costando 29 millones). Recorrer el pueblo era hacer la ruta de las rotondas con sus correspondientes esculturas detenidas entre el césped. Y las cuevas.

Hacienda y el Tribunal de Cuentas no despertaron pese a los 14 escritos enviados por Adell y su equipo desde 2011 pidiendo que se pusiera freno a lo que ocurría en el municipio, que prorrogaba año tras año sus presupuestos (lo hizo desde 2008 hasta 2015 como confirmaría con detalle el informe tardío de la Cámara de Cuentas de Madrid). Esa prórroga servía para justificar, con unos ingresos falsos de épocas previas al derrumbamiento de la economía, gastos que sí eran reales , a la vez que se escondían otros muchos que afloran ahora semana tras semana según los proveedores se van acercando al Consistorio a reclamar el cobro, y que en conjunto iban engordando el agujero de deuda bajo los pies del pueblo.

"Nos pasamos el verano de 2011 trabajando para detectar las irregularidades y remitirlas al Tribunal de Cuentas", explica Adell a EL ESPAÑOL. "Después de las elecciones no tardaron ni una semana en archivar el caso. Desde ese momento decidimos presentar denuncias ante el Tribunal prácticamente cada mes, al igual que ante la Dirección General de Coordinación de las Corporaciones Locales", dependiente del Ministerio de Hacienda. "En Hacienda nos decían que fuésemos a la jurisdicción ordinaria y al Tribunal de Cuentas; y en el Tribunal de Cuentas, que acudiésemos a Hacienda".

Cuando ganaron las elecciones municipales (el PSOE gobierna en Navalcarnero con sus seis concejales y el apoyo de cuatro de Cambiemos y uno independiente, que es el concejal de Hacienda), acudieron a una reunión al Ministerio. "Su respuesta ante la situación que les planteamos fue remitirnos al marco legal. Dijeron que no había otra solución, que teníamos que afrontar la deuda con los bancos, la de la Seguridad Social, la factura de la luz, Hacienda... todo lo que se había dejado pendiente Santos", explica el actual alcalde. Entonces empezaron a hacer público su caso por los medios hasta que Antonio Beteta, secretario general de Administraciones Públicas, se reunió con ellos recientemente para tratar de buscar una solución. 

Año nuevo en un municipio en quiebra

Hoy este municipio madrileño se prepara para cerrar 2015 con su fiesta de Fin de Año en la plaza de toros (que se construyó con un presupuesto inicial de 14 millones de euros y acabó costando 29 millones). Fiesta en la que el ayuntamiento gastará un tercio de lo que costó contratar a Bertín Osborne. Se ha optado por retrasar hasta el día 18 de diciembre el encendido del alumbrado, reducido a la mínima expresión. No hay equilibrio en las cuentas y Hacienda, como se ha dicho, ha hecho con el nuevo equipo de Gobierno de Navalcarnero lo que no hizo con el anterior. Exigirle que cumpla la ley.

"Tenemos que equilibrar el presupuesto, que según nuestras estimaciones incluye unos 23 millones de euros de gastos y 19 millones de ingresos. Estamos haciendo frente a los gastos que generamos: la luz, etc. Los gastos esenciales. El resto queda a la espera de tener fondos. Hemos empezado además a buscar una solución a la deuda bancaria (44 millones), a lo que se debe del Plan de Pago a Proveedores (más de 50 millones) y a las sentencias judiciales que ya se han perdido. Quedan además todas las facturas que estaban fuera de presupuesto y las reclamaciones judiciales que no tienen sentencia, que son muchas", explica el alcalde.

"El Gobierno nacional del PP no ejerció sus labores de fiscalización ni de control de los ayuntamientos. Han estado mirando para otro lado mientras se producía el saqueo", añade. 

Las constructoras sí, la luz, no

Frescos de Pirongelli en las Cuevas del Concejo (Navalcarnero). DANI POZO

Santos dejó una deuda municipal de 200 millones de euros, según especificó la Intervención municipal al poco de tomar posesión el nuevo Gobierno. En estos se incluyen 59 millones de euros ya localizados en gastos que nunca fueron recogidos en un presupuesto ni aprobados por un órgano competente y más de 52 millones por vender suelo en 2002 para su aprovechamiento futuro que nunca se entregó y por el que el Ayuntamiento ha empezado ya a recibir demandas. 

Los 26.000 habitantes del municipio tendrían que abonar, incluidos niños y ancianos, casi 7.700 euros cada uno para dejar a cero la cuenta pendiente. Pagarla con los ingresos del Consistorio (15 millones de euros si no se tiene en cuenta la participación en tributos del Estado y las transferencias de la Comunidad) equivaldría a emplear la totalidad de los ingresos públicos a pagar deuda durante 14 años, sin contar los intereses.

Según la Intervención, los ingresos anuales del Ayuntamiento no son suficientes para pagar los intereses y la parte anual proporcional de la deuda ni aunque se dejaran de prestar los servicios esenciales. Navalcarnero está en quiebra técnica.

El saldo conocido sigue aumentando, según pasan al cobro nuevas facturas que el anterior equipo de Gobierno registró pero no contabilizó. Un día llega una factura de 3.600 euros de gorras y uniformes para la Policía comprados en 2010; otro 10.000 euros para bolardos hidráulicos, otro 20.000 euros por no haber actualizado el IPC de las contratas de las escuelas infantiles, otro 90.000 euros del pintor de cámara del anterior alcalde (que lo tenía, Alberto Pirongelli, autor de los frescos en el interior de las cuevas entre otras obras), otro 24.000 euros de la SGAE… La semana pasada pasó por el Ayuntamiento la hija de Manuel Fernández García, un empresario gallego al que asegura que se adeudan 3,5 millones de euros en granito. 

Santos tenía sus prioridades a la hora de pagar. Pagaba las obras y sus sobrecostes, pagaba los festejos y no mostraba prisa ninguna por atender el recibo de la luz de los edificios municipales, las contratas de basura, ni tampoco sus compromisos ante la administración, como el pago de la Seguridad Social (dejó una deuda de 2,8 millones) ni a la Agencia Tributaria (3,3 millones). Todo lo que fuese apariencia encontraba rápidamente saldo en la cuenta para ser abonado. El resto, sin prisa.

Rotonda de El Calvario, en el municipio de Navalcarnero. DANI POZO

Santos sí pagaba, por ejemplo, las rotondas y las pagaba también con cuantiosos modificados (sobrecostes). Los navalcalnereños se compraron dos inmuebles (por 82.535 y 124.094 euros) para tirarlos porque estorbaban al alcalde para hacer hueco, en el punto más alto del pueblo, a la rotonda del Calvario, cuyas estatuas del gallego David Dos Santos Feal  (212.280 euros) replican el episodio de la crucifixión de Jesús. En total, la rotonda costó 418.909 euros.

La rotonda del Polígono Alparrache, acabó costando 579.117 euros, en los que se incluyen los 258.110 euros de la escultura La Torre de los Arcos, instalada por Consvial. La remodelación de la rotonda de la variante de salida a Villamanta acabó costando 601.144 euros, tras un modificado por el que el Ayuntamiento pagó 351.145 euros por la construcción a Urvama y la colocación de la escultura Cristal Garden por Igsaarte por importe de 250.000 euros. Fueron Urvama y Igsaarte las encargadas también de remodelar la rotonda de salida a Brunete y colocar la escultura de La Corte de Felipe II, por un total de 601.145 euros.

Las tripas de Navalcarnero

El balcón de los apodos, en las Cuevas del Concejo (Navalcarnero). DANI POZO

En febrero de 2014, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid enviaba a la inspección a comprobar qué estaba pasando en el subsuelo de Navalcarnero, tras sendas denuncias del grupo socialista municipal y propietarios de viviendas de la plaza desde la primavera de 2011.

Se encontró, según se recoge en el acta de Inspección, que bajo los Bienes de Interés Cultural, como son los edificios y la parroquia de la plaza, se habían excavado "galerías que discurren a través de rampas y escalones con un trazado zigzagueante de varios centenares de metros de longitud, atravesando de noroeste a sureste el subsuelo de la Plaza de Segovia, llegando a entrecruzarse en dos niveles de altura y apareciendo elementos de transmisión de cargas puntuales en forma de columnas". 

Para justificar su proyecto, el Ayuntamiento había emitido un informe en 2011 en el que aseguraba que las cuevas eran un hallazgo histórico, un descubrimiento de la antigüedad. La inspección casi se mofa de esta afirmación cuando dice que "no se aprecia la existencia de cuevas-bodega de cronología antigua" y que, "en caso de que hubieran existido en algún momento anterior, tal y como indica el Ayuntamiento de Navalcarnero en su informe de fecha 6 de abril de 2011, firmado por el arquitecto municipal y con el visto bueno de la Concejala Delegada de Urbanismo, éstas han sido destruidas como consecuencia de las nuevas Cuevas del Concejo".

A pesar de todas las deficiencias encontradas, para sorpresa de los denunciantes Patrimonio resolvió la causa con una multa de 30.000 euros por infracción leve. 

Las cuevas presentan humedades y deficiencias de ventilación que impiden su apertura al público. Una pena porque dentro, recorriendo sus bóvedas y pasillos, escoltados por miles de ladrillos que se compraron a un euro la pieza, se puede asistir a la exposición de lo que fueron los años de alcaldía de Santos. Una réplica soterrada del personaje. Los pasillos se abren en salas de mayor o menor tamaño en cuyas paredes se han incrustado azulejos con los epitafios que el alcalde iba encontrando. "Disfruta hoy. Es más tarde de lo que crees. (Proverbio chino)", dice uno. "Cree el ladrón que todos son de su condición. (Proverbio español)", le contesta otro. "El que tiene discreción, tiene ventaja (Proverbio Hawaiano)"; "Rico y de repente no puede ser santamente. (Proverbio Español)"; "Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no tiene remedio, ¿por qué te quejas? (Proverbio Oriental)". 

Junto a estos toques bizarros con regusto a una declaración de intenciones, como el del balcón de los apodos, donde tiene recogidos los motes de un buen número de lugareños, dispersas por las cuevas hay columnas y figuras que parecen verdaderamente sacados de una construcción con siglos de historia a sus espaldas. Columnas, pilas bautismales, figuras en piedra que, junto al granito, se estima que pudieron llegar a suponer un gasto de 50 millones de euros. ¿Expolio?, se preguntan en el Ayuntamiento, señalando que estas eran las cosas que Santos se traía de sus viajes a Galicia. 

Navalcarnero saldrá de la quiebras, se muestra confiado el alcalde. No tanto en lo que ocurrirá después. "La gente, en las municipales, votó por el cambio de gobierno pero en cuanto han llegado las generales ha vuelto a ganar el PP. La responsabilidad última de dar cobertura a este tipo de actuaciones la tienen los ciudadanos. No lo verán tan mal. Pero con esta actitud es probable que, en cuanto se cure lo que hoy afecta al pueblo, vendrá otro y hará lo mismo. Esto no se va a solucionar hasta que los ciudadanos no dejen de votar a los corruptos", sentencia.