El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de esta normativa, el departamento que dirige Mónica García quiere limitar la gestión privada y auditar los acuerdos vigentes, entre otras medidas. 

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha dicho la ministra en declaraciones en los medios durante el 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

Así, el objetivo de la norma es limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. A esto se suma la mejora de los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los acuerdos ya existentes en la actualidad, según recoge el documento publicado este lunes.

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Del mismo modo, se introducirán reformas que faciliten también la reversión de los modelos de gestión existentes. En este punto, el proyecto de ley sacado a consulta pública detalla que uno de los problemas que viene a solucionar esta norma es la incapacidad de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión llevadas a cabo por gobiernos previos y cuyos efectos se han prolongado durante décadas.

Para la ministra, esta ley supone "un freno" a todas las noticias sobre "comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos" que se han visto "en los últimos años". "Nosotros queremos que cada euro de los impuestos de los españoles vaya destinado a la salud". García recupera así una norma que puso en marcha la exministra Carolina Darias, la conocida como Ley de Equidad, y que finalmente no consiguió aprobar.

Los recursos sanitarios privados

La Fundación IDIS, a través de un comunicado, recuerda que el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y colaboran asiduamente con el SNS, bien a través de los convenios singulares o de los conciertos.

Además, según el Catálogo Nacional de Hospitales, de todos los hospitales privados, sólo un testimonial 5% corresponde a hospitales sin ánimo de lucro (benéficos). "La limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas", reza el comunicado.

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"La Fundación IDIS entiende que lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española", continúa.

En este sentido, la organización que preside Juan Abarca, se muestra a favor de las reformas que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible. Pero advierte de que la limitación de la colaboración público-privada por cuestiones ideológicas solo generaría un aumento de los probelmas sanitarios para los pacientes.

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española califica de irreal la intención de gestionar de manera eficiente un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado y observa un riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública.

"La eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación”, tal y como señala Carlos Rus, presidente de ASPE.