La Conselleria de Justicia tiene en los próximos meses encima de la mesa el final y el comienzo de dos importantes infraestructuras. De un lado, la inauguración del nuevo Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). De otro, el proyecto de ampliación de la Ciudad de la Justicia.

En cuanto al primer edificio, el departamento que dirige Nuria Martínez prevé recepcionar las obras en breve para realizar la inauguración oficial antes de final de año, según fuentes de la Conselleria. Entre este mes de septiembre y octubre, la idea es que se realicen o revisen algunas instalaciones pendientes, como las de climatización o pulir la eléctrica con todas las comprobaciones necesarias.

De cara a noviembre, la intención es hacer el traslado de todos los equipos materiales y del personal, ubicado en este momento de manera temporal en el antiguo edificio de la Conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás. Ya en diciembre, y si todo el calendario sale según lo previsto, tendría lugar la inauguración oficial.

Las obras del nuevo Palacio de Justicia, uno de los proyectos estrella de la exconsellera Gabriela Bravo en la etapa del Gobierno del Botànic por los problemas estructurales que sufría, han tenido diversos retrasos. En julio de 2019 se realizó el traslado del TSJCV a la ubicación provisional, pero las obras de rehabilitación integral de la antigua sede no comenzaron hasta octubre de 2022.

La sede del TSJCV fue en su concepción la Real Casa de la Aduana, un edificio que se construyó entre 1758 y 1802. Posteriormente, en 1828, se transformó en fábrica de tabacos y en 1914 se adaptó el inmueble para convertirlo en una sede judicial.

La excavación arqueológica del subsuelo de planta baja sacó a la luz importantes vestigios asociados a su uso como fábrica de tabaco. En esa etapa el edificio protagonizó una importante transformación, adaptando sus instalaciones para acoger la maquinaria que permitía industrializar el proceso de elaboración del tabaco.

Asimismo, ha aflorado una superficie considerable de pavimento de grandes losas, relacionado con la construcción original del edificio como aduana. Estos hallazgos arqueológicos en el subsuelo, por su importante valor patrimonial, han requerido la modificación del contrato inicial.

La reforma, sobre una superficie útil de 9.257 metros cuadrados, ha supuesto una inversión de 35 millones de euros. Aunque su finalización estaba prevista para 2025, finalmente llegará al borde de 2027.

El último retraso se ha debido a la compleja instalación de los vidrios de cerramiento de los patios interiores, una actuación destinada a la eficiencia energética y que ha tenido que ser muy minuciosa debido a las grandes dimensiones de las piezas que se han tenido que manejar.

De la Conselleria al Ayuntamiento

Por otro lado, se encuentra la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Valencia, un proyecto impulsado también por Bravo de cara al final de la última legislatura de la izquierda y que se quedó en anuncio al cambiar el Gobierno.

El Ejecutivo del PP -y al principio, de Vox- lo vio más bien un 'bluf' por todo el largo proceso que conllevaba, pero la Conselleria de Justicia lo ha reactivado con la intención de dar algún paso significativo antes de que acabe la legislatura. Según fuentes del departamento de Nuria Martínez, el informe de necesidad ya está prácticamente finalizado.

En este tipo de documentos suele detallarse en qué consiste el proyecto, la justificación, el uso, la contratación, el objeto del contrato, las características, el coste estimado, etc.

El citado informe deberá ser, a continuación, remitido al Ayuntamiento de Valencia, pues tiene que ceder los terrenos. Seguidamente, comenzará una tramitación administrativa larga en el consistorio, que tendría que hacer una modificación del planeamiento urbano para cambiar el uso del suelo en el que se pretende levantar el nuevo edificio.

Solo después de todo eso podrá empezar el proceso de licitación del contrato y, ya posteriormente, las obras. De manera que lo que pretende la Generalitat es que, al menos, en los próximos meses se pueda cerrar esa cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento que lidera María José Catalá. Todo lo demás se tendrá que dejar para la próxima legislatura.

El proyecto de la Conselleria de Gabriela Bravo fue que la Ciudad de la Justicia II llevara el nombre de la primera abogada colegiada de Valencia, Ascensión Chirivella, y se levantara en un solar en la calle Amado Granell de 7.589 metros cuadrados. Planeó, así, un edificio de 41.231 metros cuadrados de entre seis y ocho plantas y parking.



La intención era que albergara toda la jurisdicción de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial de Valencia. También la Abogacía de la Generalitat, los colegios profesionales y la representación sindical o espacios para formación, representación y servicios generales.



El "Ascensión Chirivella", dijo Bravo, tendrá espacio para 56 juzgados. El proyecto inicial planteaba el traslado de los actuales 18 juzgados de Lo Social del partido judicial de Valencia y los 10 de Lo Contencioso-Administrativo. A ello habría que sumar el espacio reservado para duplicar la planta judicial en ambas jurisdicciones. Es decir, 18 juzgados más de Lo Social y otros 10 de Lo Contencioso.

Ahora faltará por ver si todas esas ideas se mantienen por el actual Consell.