En la mayoría de causas de corrupción, los grandes protagonistas suelen ser dos: los políticos que, desde sus puestos, desvían el dinero público hacia lo que a ellos conviene como adjudicaciones o contratos a dedo; y, de otro, los que se ven beneficiados de esta actuación y pagan a los primeros una contraprestación -por regla general, empresarios-.
Ocurre en el caso Azud, donde la jueza encargada de la investigación dictó la semana pasada auto de procedimiento abreviado y ha dejado al borde del banquillo a un total de 38 personas. Entre ellas, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio; o el empresario Jaime Febrer.
Pero esta causa cuenta con una particularidad que no es tan habitual: el número de funcionarios que también quedan a un paso del juicio -un total de cinco- y el grado de responsabilidad de algunos en los presuntos amaños de contratos o en el blanqueo. Algunos de ellos siguen a día de hoy en el Ayuntamiento de Valencia y otros se han jubilado.
En este último listado se encuentra María Amelia Quintana, esposa del exconcejal del PSPV Rafa Rubio. Este último ha renovado recientemente la prolongación de su permanencia en el consistorio como funcionario en el Servicio Devesa-Albufera.
La jueza expone unos hechos que supondrían un supuesto delito de blanqueo de capitales. Así, le atribuye la ocultación del origen delictivo del dinero cobrado por su marido de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas desde el Ayuntamiento.
Ambos, dice el auto de procedimiento abreviado, realizaron ingresos en efectivo en las cuentas que titulaban conjuntamente en un total de 197.256 euros en 77 imposiciones realizadas por Rafa Rubio que comenzaron en el año 2007 y terminaron en el 2013.
El año en el que comenzaron estas operaciones para reintegrar el dinero de las mordidas en el circuito económico, dice la magistrada, también contrataron una caja de seguridad en el BBVA en 2007. Se cerró en 2013, fecha en la que ya dejaron de producirse nuevos ingresos en efectivo en las cuentas bancarias.
Las cuentas bancarias empleadas para este fin, remarca la jueza, eran en las que se ingresaban las nóminas de ambos investigados por su actividad profesional como funcionarios públicos. El procedimiento, según describe el auto, consistía en que Rafa Rubio efectuaba una imposición en efectivo en una de las cuentas del matrimonio por importe inferior a los 3.000 euros. Esos fondos eran transferidos días después a la otra cuenta.
A continuación, incide la magistrada, se procedía a contratar productos de inversión, a los que se destinaban alrededor del 55% de los ingresos en metálico, confundiéndose así el ingreso efectuado del dinero ilícito con el proveniente de las nóminas.
De acuerdo con la investigación, en 2007 se efectuaron 14 imposiciones en efectivo por importe total de 44.450 euros (13 de ellas fueron el 24 de diciembre). En 2008 llevaron a cabo 23 imposiciones en efectivo por importe total de 62.791 euros. Durante dicho periodo se procedió a la apertura de 4 nuevas cuentas bancarias asociadas a productos de ahorro e inversión. Todos los ingresos que se efectuaron lo fueron en cuantía cercana a los 3.000 euros sin sobrepasar dicha cantidad.
En 2009 se efectuaron imposiciones en efectivo en un total de 18 por importe total de 54.275 euros con la misma operativa que en las anteriores ocasiones, efectuándose bien o en el mismo día o en sucesivos días en las cuentas, tituladas por ambos investigados.
En el año 2010 se realizaron 15 imposiciones en efectivo por importe de 58.150 euros utilizándose el mismo patrón que los anteriores. A partir de ese año la actividad decayó, puesto que en 2011 solo se producen dos imposiciones en efectivo por importe de 1.540 euros; en el año 2012 5 imposiciones en efectivo por importe de 5.050 euros; y en año 2013 una imposición en efectivo.
Durante los años 2007 y 2008, al disponer de dinero en efectivo los investigados no solo lo introdujeron en el circuito económico financiero de la forma detallada, sino que además apenas realizaron gastos con las tarjetas de crédito ni solicitaron ningún tipo de financiación en entidades bancarias puesto que utilizaban las comisiones ilícitas recibidas para gastos ordinarios", afirma la jueza.
Operación Colegios y regalos
Otra de las funcionarias que más aparece a lo largo del auto es Esmeralda Orero, actual jefa de servicio de Responsabilidad Patrimonial, dependiente de la concejalía de Cecilia Herrero (Vox).
Según la jueza, participó en uno de los pelotazos urbanísticos estrella del caso Azud: la llamada Operación Colegios, en la que se habrían vulnerado todos los procedimientos establecidos.
El Ayuntamiento de Valencia aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer. Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con los investigadores, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
El consistorio cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. El truco estuvo, según con las indagaciones, en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 31 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.
Por la parte del Ayuntamiento todo lo gestionó el que fuera vicealcalde, Alfonso Grau. Pero la maniobra urbanística presuntamente ilegal habría contado con el impulso de dos de los funcionarios de la casa: el jefe de Asesoría Jurídica y Esmeralda Orero, persona de la máxima confianza de Rita Barberá.
La magistrada cree que esta última facilitó a Febrer, desde el Servicio de Patrimonio, una relación de seis parcelas destinadas a uso dotacional.
También habría remitido las tasaciones de los terrenos hechas por Tinsa -algo muy relevante para los intereses de la presunta trama- al Servicio de Planeamiento del consistorio sin encargo formal.
Por toda esta labor, el auto concluye que recibió regalos a través de la mercantil de Febrer, Construcciones Valencia Constitución. "En concreto que se sepa, desde el año 2002 hasta el año 2007, tuvo como “Regalo de Navidad” bolsos de la marca Loewe que, según facturación, como mínimo costaban 450 euros; y en alguna de las ocasiones el bolso se complementaba con un pañuelo de la misma marca cuyo precio era de 240 euros", señala la jueza.
El hospital universitario
El auto apunta a otra funcionaria: Carmen Saurí, actual jefa del Servicio de Contratación, dependiente del concejal José Marí Olano (PP). En el momento de los hechos era jefa del Servicio de Patrimonio.
La investigación le atribuye una participación en otra de las operaciones urbanísticas de la trama: la del concurso, convocado por el Ayuntamiento de València, para la selección del proyecto de construcción de un hospital universitario privado -que nunca llegó a materializarse-.
La magistrada sostiene que fue una de las que confeccionó las bases para la concesión de las parcelas para la construcción del centro universitario, tuvo contactos personales con José María Corbín y conocimiento de que las bases estaban siendo manipuladas por Jaime Febrer.
Esta funcionaria, remarca la instructora, fue quien informó en el proceso de tramitación del instrumento de planeamiento con el que dar viabilidad a la construcción de dos plantas técnicas cuando en principio esa construcción estaba desestimada.
Como afectaba a los intereses monetarios del entramado, prosigue, se procedió a su modificación, algo en lo que ella insistió. En todo ello, dice la jueza, "siguió las indicaciones de Jaime Febrer a través de Alfonso Grau".
El contrato de Saneamiento
Por último se encuentran Juan Carlos Girbes y Juan Bautista Calatayud, ambos en el Servicio del Ciclo Integral del Agua en aquel momento. La magistrada considera que favorecieron, junto a otros técnicos, la adjudicación del contrato público de gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de Valencia que, en fecha 21 de julio de 2006, fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a la UTE Saneamientos de Valencia, compuesta por las mercantiles Infilco Española S.A. y Acciona Infraestructuras S.A.
La investigación señala que esa adjudicación estaba previamente decidida y que se produjo una grave arbitrariedad en la puntuación gracias a los técnicos que la otorgaron sin motivación objetiva, entre ellos los dos funcionarios mencionados.
Aunque estos 5 funcionarios son contra los cuales la jueza ha decidido seguir el procedimiento, lo largo de la instrucción de Azud han aparecido más. Sin embargo y pese a las sospechas, la magistrada no ha logrado probar su participación en los hechos con suficiente solidez.