Raúl Mérida ocupa desde comienzos de diciembre el cargo de comisionado del Gobierno valenciano para la Recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que asoló más de un centenar de municipios valencianos y dejó 231 víctimas mortales.

Una tarea que le encomendó el entonces recién investido president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y que asumió tras haber ocupado previamente el cargo de director general de Medio Natural y Animal, así como el de secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio durante el mandato de Carlos Mazón.

A lo largo de esta entrevista, Mérida repasa el estado de la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas, analiza la relación entre la Generalitat y el Gobierno de España, las lecciones que deja la dana, cambios normativos que pretende promover en Madrid el Consell tras la catástrofe, así como las últimas novedades del futuro parque inundable metropolitano.

Su cargo se creó hace apenas 8 meses con la intención de coordinar la labor de la reconstrucción junto al vicepresidente Vicente Martínez Mus. ¿Qué balance hace y cómo avanza la reconstrucción de los municipios afectados?

Se ha realizado un trabajo enorme. La Generalitat Valenciana asumimos en las diferentes infraestructuras una serie de obras. Por ejemplo, en carreteras acordamos con el Ministerio de Transportes encargarnos del 60% de las obras municipales, además de las propias de la Generalitat. En ese sentido, ya estamos por encima del 95% de ejecución.

Ante una catástrofe de esta magnitud, la respuesta se articula en tres ejes principales. El primero es la respuesta humanitaria y de emergencia: abrir las vías de circulación, retirar lodos y residuos, y coordinar con la Conselleria de Educación la escolarización de los niños. El gran esfuerzo de esa primera fase evitó que tuviéramos un problema de salud pública, algo que hoy debemos poner en valor dada la situación catastrófica inicial.

La segunda fase es la reconstrucción, que consiste en rehabilitar las infraestructuras y restituir lo que el agua se llevó. Sin embargo, existe un tercer eje que es fácil de confundir con la reconstrucción, que es la recuperación, que consiste en devolver a los ciudadanos la seguridad, la confianza y la fe en el futuro, mostrando que las administraciones trabajamos unidas por el bien común.

¿Qué grado de participación debe asumir el Gobierno central en esta recuperación y también la Generalitat?

Debe ser un trabajo conjunto. Una de las cosas que más inseguridad genera en la ciudadanía es ver que las administraciones públicas no se ponen de acuerdo o están enfrentadas. Por este motivo, consideramos prioritaria la creación de la comisión mixta intergubernamental.

"Hay que garantizar por ley que, gobierne quien gobierne, las comisiones mixtas tras una catástrofe se pongan en marcha desde el minuto cero"

Abogamos por su constitución desde el primer día y, de hecho, estamos promoviendo un cambio normativo para garantizar por ley que, gobierne quien gobierne, esta comisión mixta se ponga en marcha desde el minuto cero. Lo que no puede volver a suceder es lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde esta comisión tardó más de 470 días en constituirse, frente a los apenas 9 días que costó activarla en la isla de La Palma tras la erupción del volcán.

Ninguna catástrofe debe ser objeto de debate político ni de distinciones en la coordinación de las administraciones.

¿Cómo se está articulando y qué objetivos concretos persigue este cambio normativo que proponen?

Consideramos fundamental extraer lecciones aprendidas de una tragedia como la de la dana. El primer cambio debe asegurar la constitución inmediata de la comisión mixta y la activación del mecanismo de protección civil europeo desde el primer momento. En esta ocasión, la protección civil europea tardó 15 días en activarse.

También planteamos reformas urgentes en la contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público debe flexibilizarse para que cualquier secuela de una catástrofe, sin importar el tiempo transcurrido, pueda tramitarse mediante contratación de emergencia. Hay daños estructurales en puentes o edificios que no se manifiestan hasta años después, y los ayuntamientos deben poder afrontarlos de forma ágil.

"No puede volver a suceder lo ocurrido en la Comunitat Valenciana, donde la comisión mixta tardó más de 470 días en constituirse tras una catástrofe"

Además, la normativa actual de emergencia solo permite restituir la infraestructura previa, pero se ha demostrado que muchas de ellas agravaron la catástrofe en lugar de mitigarla. Es necesario poder reconstruir con mejoras de diseño, no solo restituir lo anterior.

Por otro lado, los plazos de trámites administrativos e impuestos deben suspenderse de forma automática por ley ante una catástrofe, sin depender de que se solicite de forma expresa al Gobierno. Del mismo modo, debemos agilizar la contratación temporal de personal técnico por parte de los ayuntamientos, que ahora encuentran enormes dificultades administrativas.

Estamos manteniendo reuniones con diversos colectivos, como asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio, para recabar el máximo consenso en torno a estas reformas, que competen a la legislación estatal.

Los empresarios se quejan especialmente de la inflación y la desactualización de precios en las licitaciones públicas. ¿Cómo les afecta esta situación?

Es una de sus principales quejas, ya que la desactualización de los precios de licitación está provocando que algunos concursos queden desiertos. Solicitamos que se apliquen mecanismos de actualización europeos que actualmente no se están utilizando, a pesar de que la Comunidad Valenciana ha sufrido un impacto mayor que otras regiones, con incrementos de costes que superan el 20%.

No podemos permitir que las obras necesarias se queden sin hacer. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la Conselleria priorizó la escolarización rápida construyendo aulas provisionales y prefabricadas. No sería admisible que ahora se nos deniegue la financiación para construir los colegios definitivos bajo el pretexto de que ya se cuenta con esas infraestructuras, que al final no dejan de ser provisionales.

Al tratarse de modificaciones de leyes estatales, ¿cómo pretenden que salgan adelante?

No podemos predecir dónde golpeará la próxima catástrofe. Por tanto, cuando hablamos de consenso hablamos de consenso de todos los grupos. Desde fuerzas del País Vasco hasta Cataluña o cualquier otro lugar. Vamos a tener reuniones en Madrid, estamos movilizándonos aquí también en la Comunitat Valenciana y ya nos hemos reunido con la Fundación Conexus.

"Los plazos de trámites administrativos e impuestos deben suspenderse de forma automática por ley ante una catástrofe, sin depender de que se solicite de forma expresa al Gobierno"

Vamos a ir a Madrid para llevarlo al Congreso de los Diputados y pediremos un consenso. ¿Queremos ayudar a la gente o no? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Desde ese punto de vista, no se trata de una normativa que vaya contra nadie, sino que va a favor de todos.

Hay que ver en qué situación estamos: los ayuntamientos recibieron 1.745 millones pero no han podido ejecutar más de un 5%. ¿Por qué? ¿Porque no quieren? No, porque no pueden. Tenemos que dotarles de personal y mecanismos para que puedan hacerlo. Por tanto, es una obligación escuchar para poder dar respuesta.

Hay alcaldes que nos han trasladado trabas. Por ejemplo, a un ayuntamiento se le denegó la construcción de una escuela infantil de 0 a 3 años por la vía de emergencia porque el técnico municipal interpretó que la educación infantil no es obligatoria en España.

Esto demuestra la tremenda indefinición de la contratación de emergencia actual. Queremos consensuar con el Gobierno una regulación clara que dé seguridad jurídica, permita pedir presupuestos de forma rápida y evite la parálisis de los ayuntamientos. Lo único inaceptable es no hacer nada.

¿Cuentan ya con un borrador o algún texto inicial?

Contamos con un borrador que detalla las normas y artículos concretos que se deben modificar o crear. Será una combinación de una ley nueva y modificaciones puntuales de textos vigentes. Y para garantizar la máxima solidez jurídica y técnica, hemos recabado el apoyo externo de dos cátedras de Derecho Administrativo y sumaremos una cátedra de Derecho Tributario.

Nosotros queremos recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? A partir de tres ejes: el primero, un cambio normativo para que la gente sepa que si vuelve a ocurrir lo del 29 de octubre la respuesta vamos a poder hacerla más adaptada a lo que suceda.

Estamos también trabajando en la creación del Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática (Cemic). Será el primer centro de estas características en Europa. Utilizará inteligencia artificial para procesar información oficial y monitorizar en tiempo real el mar Mediterráneo, permitiéndonos anticipar fenómenos extremos.

Y todo eso se puede traducir en en una serie de acciones y medidas de prevención, ya que puedes crear una serie de infraestructuras para mejorar la resiliencia y estar más preparados. Actualmente, las boyas en el Mediterráneo registran temperaturas históricas de entre 4 y 6 grados por encima de la media.

Científicamente, cada grado de incremento de la temperatura del mar se traduce en un 7% más de condensación en la atmósfera, lo que multiplica la torrencialidad de las lluvias, el riesgo de inundaciones y la gravedad de los incendios.

No sabemos dónde golpeará la próxima dana, pero sí que volverá a ocurrir, ya que en los últimos cinco años se han registrado inundaciones anuales en alguna zona del arco mediterráneo europeo. Por eso cuando presentamos este proyecto ante el Comité de las Regiones despertó un enorme interés, con ayuntamientos interesados en participar.

Estará ubicado estratégicamente en Valencia, concretamente en el Instituto de Investigación Príncipe Felipe, lo que permitirá vincular la monitorización climática con investigaciones sobre el impacto de las temperaturas extremas en la salud humana.

Entre las actuaciones que contempla la Generalitat bajo la estrategia de infraestructuras verdes la principal es la del parque inundable metropolitano...

Estamos trabajando para que se publique el concurso internacional de paisajismo con la ejecución de los dos primeros proyectos en el eje Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet.

"No sabemos dónde golpeará la próxima dana, pero sí que volverá a ocurrir"

Defendemos que frente a la naturaleza se debe responder con la propia naturaleza, aplicando una gestión extraordinaria para situaciones extraordinarias. Y por eso estamos trabajando en una red de parques metropolitanos agroforestales inundables.

Pero aún así quiero dejar claro que estas infraestructuras verdes no sustituyen, en ningún caso, las grandes obras de encauzamiento hidráulico que son competencia del Gobierno de España.

Desde la lealtad institucional, pero con absoluta firmeza, exigiremos que se ejecuten estas obras de ingeniería civil, en las que coincide de forma unánime toda la comunidad científica para proteger a los valencianos ante futuras riadas.

¿Qué elementos serán irrenunciables en el proyecto del parque inundable? Al principio se mencionó que contaría con un auditorio, pero ¿sigue en pie ese proyecto?

Estamos en una fase de escucha activa y abiertos a las propuestas que nos trasladen los ayuntamientos para definir qué espacios y necesidades concretas quieren integrar en cada uno de sus sectores. No descartamos nada, pero quiero dejar claro que si finalmente se proyecta un espacio para conciertos o eventos, se construirá exclusivamente mediante desniveles de tierra, vegetación y gradas completamente naturalizadas.

Cualquier equipamiento se basará en espacios abiertos integrados en la naturaleza. La dana del 29 de octubre nos enseñó con crudeza el camino a seguir, y ese camino pasa obligatoriamente por un urbanismo basado en la naturaleza.

¿Cuándo se convocará finalmente el concurso internacional de ideas y qué presupuesto contempla?

Contará con un presupuesto de 7,5 millones de euros y su publicación es inminente. Queremos que sea el gran parque del siglo XXI y por ello hemos colaborado con los colegios oficiales de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos y de Ingenieros Agrónomos para articular un concurso sumamente riguroso.

Contará con un jurado internacional de máximo renombre compuesto por 12 expertos y se estructurará en dos fases para seleccionar la propuesta ganadora. Hay una expectación enorme en toda Europa y sabemos que se va a presentar un número muy importante de firmas internacionales de primer nivel.

Recientemente, los alcaldes solicitaron en la comisión mixta que la Generalitat asuma directamente las obras municipales ante el atasco administrativo que sufre Tragsa y la falta de personal técnico local. ¿Se ha aceptado esta petición?

Nos ofrecemos a ayudarles en todo lo que necesiten. Sin embargo, dado que estos fondos fueron asignados directamente por el Estado a los municipios, es el Gobierno de España quien debe autorizar legalmente esta fórmula de delegación de las obras.

"No nos consta que el Gobierno haya autorizado que la Generalitat asuma las obras de la dana de los municipios, y no Tragsa"

En su momento, ya asumimos de forma voluntaria la ejecución de un 60% de las obras municipales que no eran de nuestra competencia directa para aliviar a los ayuntamientos, y ya las hemos finalizado con éxito. Estamos a su total disposición, pero dependemos de que el Gobierno central emita dicha autorización. Y de momento, no nos consta que se hayan pronunciado al respecto.

La alcaldesa de Catarroja denunció que, con el ritmo actual de ejecución de Tragsa, tardarán 14 años en concluir las obras municipales, habiendo ejecutado apenas un 1% de los dos millones de euros recibidos. ¿Cómo valora esta situación?

Mantengo una relación magnífica y una comunicación constante con Zulima Pérez y con Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja. Y entiendo perfectamente su desesperación. La situación es enormemente compleja: reconstruir por completo el alcantarillado de municipios enteros mientras la población sigue residiendo en ellos.

Tu no puedes meter máquinas y levantar tuberías, porque entonces la gente no puede vivir ahí. Hay que tener un plan. La situación exige una planificación progresiva e ir haciendo infraestructuras a lo largo de los años, pero esto se va a alargar mucho tiempo.

Para agilizarlo, es vital contar con el cambio normativo que proponemos y dotar de músculo técnico a los consistorios. No es razonable que un ayuntamiento como Paiporta pase de gestionar un presupuesto ordinario de 20 millones de euros a uno de emergencia de 200 millones sin capacidad legal para incorporar personal técnico de forma inmediata debido a las trabas de contratación.

Los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant conocen perfectamente el problema, esta realidad, porque se la expusimos directamente en las reuniones de la comisión mixta, y es imperativo actuar. Hay que dar un paso adelante y ponerse a trabajar.

De igual forma, la nueva normativa debe resolver algunas disfunciones administrativas. Y me refiero a, por ejemplo, cuando un ciudadano recibe por un mismo concepto dos ayudas porque resulta que el Gobierno central saca una ayuda y la Generalitat otra. Y si recibe las dos, una la tiene que devolver.

Vale, debe ser así. Pero no puede ser que la tenga que devolver con intereses, porque no ha habido ánimo de nada, ni se hace con mala fe. Sino que lo hace intentando buscar ayuda desesperadamente tras una catástrofe. Cuando devuelve esa ayuda, se tiene que devolver sin intereses.

"Cuando un ciudadano devuelve una ayuda porque ha recibido otra de otra administración por el mismo concepto tiene que hacerlo sin intereses. ¿Es normal que algo así haya que pedirlo? Esto debe blindarse en una ley"

¿Pero eso es normal que algo así haya que pedirlo? Cuando lo hablas con cualquier representante te da la razón y te dicen "lo vamos a ver". Pero eso debe quedar claro en una normativa, blindado por ley, porque es lo que da seguridad al ciudadano. Porque en caso de una catástrofe sabe que está cubierta su seguridad. Y al final todo esto también tiene que ver con la salud mental de las personas tras una catástrofe.

Una de las áreas más sensibles creadas bajo su comisionado es la Dirección General de Atención a Víctimas. ¿Qué balance hace de su gestión en estos meses?

Colocamos al frente de esta área a una psicóloga de reconocidísimo prestigio dedicada toda su vida a la salud mental, bajo la premisa de que los familiares de las víctimas debían sentirnos a su lado, con las puertas del despacho siempre abiertas.

Hasta la fecha, se han emitido 469 resoluciones aprobando ayudas por un importe global de 17,28 millones de euros. Esto representa el 100% de las solicitudes que hemos recibido.

Durante la recepción de peticiones, veíamos que había algunos fallecidos que nadie pedía la ayuda. Así que pusimos en marcha un grupo de trabajo para que se buscara a cada uno de los familiares de las víctimas, de los fallecidos, para comprobar si habían solicitado la indemnización.

Encontramos casos de personas que vivían aquí de forma temporal y cuyos familiares residían en otros países y no sabían cómo proceder. Los localizamos y les ayudamos a tramitar la solicitud.

Recuerdo especialmente el caso de dos trabajadores desplazados desde Marruecos que fallecieron en la catástrofe. Ellos enviaban mensualmente su sueldo a sus familias, que dependían totalmente de ellos y que no habían solicitado ninguna ayuda. Conseguimos localizarlos en su país de origen y tramitarles el dinero.

Es la primera vez que la Generalitat Valenciana gestiona una línea de ayudas con este nivel de búsqueda activa y empatía. Y creo que eso marca el cómo hemos creado esa Dirección General.

Su comisionado se creó también con el objetivo de canalizar la comunicación de la Generalitat con las víctimas. ¿Cómo va esa relación? ¿Existe contacto con todas las asociaciones?

Es cierto que algunas asociaciones conocidas han decidido no asistir a las reuniones. Respetamos plenamente su postura y jamás hacemos distinciones entre unas y otras.

Saben que, cuando coincido con sus representantes en cualquier acto público, siempre me acerco a hablar con ellas. Las de mi despacho están y estarán siempre abiertas, siempre desde la empatía y la solidaridad.

Finalmente la Generalitat ha descartado poner en marcha el plan de choque de ascensores. Pero casi 21 meses después de la tragedia, aún quedan 150 por reparar...

Desde el Comisionado diseñamos una línea de ayudas que pasamos a las consellerias competentes para tres materias que son esenciales. El primero estaba destinado al arreglo de fachadas, una medida que consideramos clave para la salud mental, ya que ver tu calle rehabilitada ayuda a que tu mente no regrese constantemente al desastre.

Los otros dos se enfocaban en los ascensores: uno para Industria para que sufragara los gastos de desplazamiento de los técnicos que vinieran de toda España, y otro dirigido a las comunidades de propietarios para financiar la reparación.

Se lo pasamos a las consellerias, Vivienda e Industria, para que tuvieran el apoyo de la parte administrativa para tramitar las ayudas. Luego las diferentes consellerias tienen a su personal técnico, que tienen el contacto directo con la patronal de ascensores, y van valorando y monitorizan si son necesarias o no.

Nosotros desde el comisionado sí emprendemos las medidas a llevar, pero luego son las diferentes consellerias las que tienen información para saber si realmente hay una demanda o no. Luego ya habría que preguntar a esas consellerias la situación que manejan con las diferentes empresas y trabajadores.

Sí puedo decir que lo que nos trasladan es que los 150 ascensores que quedan pendientes corresponden a casuísticas privadas muy complejas: comunidades de propietarios que no se ponen de acuerdo o que deciden no restituirlos por diversos motivos.

A nueve meses de que concluya la legislatura, ¿considera necesario que la figura del Comisionado para la Reconstrucción tenga continuidad en el próximo Gobierno autonómico?

Creo que es muy importante que esta figura continúe y siga desarrollando la labor que hemos diseñado. La recuperación emocional y la devolución de la seguridad a los ciudadanos es un proceso que va a perdurar mucho tiempo en la Comunitat Valenciana. Además, la vulnerabilidad climática extrema que compartimos todas las regiones del arco mediterráneo exige un organismo con planificación.