Las secciones sindicales con representación en la plantilla de la Policía Local de Paiporta defienden la legalidad de las últimas oposiciones al cuerpo tras la denuncia presentada por un agente anónimo que, como reveló EL ESPAÑOL, investiga la Agencia Valenciana Antifraude.
En un comunicado conjunto, CCOO, UGT y SPPLB señalan al agente denunciante, cuya identidad no revelan pero sí algunas de sus circunstancias personales.
"Las denuncias provienen de un opositor que resultó calificado como 'no apto' en el proceso selectivo para la categoría de Oficial, concretamente en la prueba psicotécnica". Como informó este periódico, dicho agente pronosticó su propio suspenso meses antes en su acta notarial.
"Lejos de acudir a los canales de transparencia legalmente establecidos, dicho aspirante rehusó expresamente presentarse a la sesión de revisión de su propio examen, declinando verificar de forma objetiva sus correcciones y puntuaciones", añaden sobre el mismo.
Los sindicatos exponen que dicho agente "promovió recusaciones previas contra miembros del tribunal y otorgó un acta notarial de presuntas 'previsiones' sobre el resultado final". En efecto, trató de recusar al psicólogo responsable de la prueba psicotécnica al no considerarlo imparcial.
En el escrito, los tres sindicatos afirman que el acta notarial, en la que el denunciante acertó el nombre de siete agentes que obtuvieron plaza en propiedad y el de los dos nuevos oficiales promocionados, "carece de validez probatoria respecto a la limpieza del proceso".
Para desmerecer su acierto en el pronóstico de quienes lograron plaza, le afean que no acertara también la totalidad de los nombres que conforman la bolsa. "El declarante erró de forma abrumadora en sus predicciones: sobre una bolsa de más de 30 opositores, únicamente acertó 7 nombres, fallando en la inmensa mayoría de los adjudicatarios de plaza", afirman los sindicatos.
"Las Secciones Sindicales expresan el profundo malestar de la plantilla de la Policía Local de Paiporta ante acusaciones descontextualizadas e injustas que pretenden empañar la imagen de un colectivo profesional volcado intachablemente con el servicio público", asevera el escrito sindical.
La denuncia
La denuncia que investiga Antifraude aprecia arbitrariedades en el proceso de selección de la "oferta de empleo público de siete plazas (cuatro por turno libre -una de ellas reservada a mujeres- y tres por turno de movilidad)".
También en el "proceso selectivo para la provisión de dos plazas por promoción interna para la categoría de oficial de Policía Local". En julio concluyeron ambos procesos, cuando el consistorio publicó los resultados definitivos.
El Ayuntamiento de Paiporta, preguntado al respecto por este periódico, explicó que recibió hace semanas un requerimiento de información por parte de Antifraude, al que aportó toda la documentación para "acreditar la legalidad del proceso", que habría sido "dirigido por los técnicos municipales", sin intervención política. Confían en que la investigación acabe archivada.
El denunciante, en cambio, señaló que se produjo enchufismo. "Se ha presentado el hijo de una oficial. Justamente queda de los aprobados y arriba del todo, supongo que habrá estudiado mucho, así como la sobrina de un oficial que se abstuvo una vez nombrado como parte del tribunal pero no se indicó la causa para no destaparse", manifiesta en su escrito a Antifraude.
El pronóstico ante notario del agente denunciante, realizado el 12 de febrero de este año y actualizado el 26 de marzo, cuando ya era conocida la "lista definitiva de admitidos y excluidos" para participar, acierta el nombre de siete agentes que después obtuvieron la plaza, así como el de los dos oficiales promocionados. Este periódico ofrece solo las iniciales para preservar la identidad de los policías.
Sobre las cuatro plazas de turno libre, el denunciante aseguró ante notario que las tres primeras serían para M. H. G., C. G. P. y D. J. G. L. Y estas tres personas lograron después su puesto en julio.
Otro que la consiguió fue D. V. B., sobre quien el denunciante también había advertido que ocuparía posiciones destacadas en la oposición, si bien vaticinó que se quedaría en la bolsa.
Sobre una plaza reservada para mujeres, el agente acertó que sería para S. L. H., la mencionada "sobrina de un oficial" que "habría figurado inicialmente en el tribunal", del que después se abstuvo.
Hijo de oficial
Incluso auguró, como después ocurrió, que el aspirante P. F. C., hijo de la oficial L. C. M., "podría superar el proceso y situarse en los primeros puestos de la bolsa de trabajo".
En efecto, esta persona aparece en el acta final como la primera en la bolsa, en la que también constan E. B. T. y S. M. S., ambos pronosticados en el acta notarial.
Respecto al turno de movilidad, afirmó ante notario que obtendrían la plaza dos personas: S. O. B. y J. R. G. C., y ambos la consiguieron junto a un tercero.
En cuanto a los dos nuevos oficiales promocionados, el denunciante adivinó ya en su acta de febrero que los puestos serían para V. A. C. y para I. F. C., tal y como se confirmó después en julio.
El ayuntamiento insistió en la legalidad del proceso y en que los jurados de todos los procesos selectivos que realiza los integran técnicos municipales. En el caso de la Policía Local, con la participación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).
Sobre el acierto en los nombres por parte del denunciante, alegaron que por conocimiento interno del cuerpo y, en particular, en la selección de los nuevos oficiales, no es difícil especular con quién puede concurrir a los procesos.
La Agencia Valenciana Antifraude mantiene abierta la investigación sobre estos procesos selectivos, a la espera de analizar la documentación remitida por el consistorio y las alegaciones de las partes implicadas.