La Conselleria de Vivienda del Gobierno valenciano ha convocado las ayudas dirigidas a los propietarios de viviendas que se hayan visto afectados por la ocupación ilegal. Una línea dotada con 250.000 euros que permitirá recibir a cada beneficiario hasta un máximo de 2.000 euros.
Las subvenciones, según recoge la resolución publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), podrán destinarse a sufragar tanto los gastos de asesoramiento jurídico para poder recuperar la posesión del inmueble, como a las reparaciones de los daños que hayan podido sufrir los caseros en sus casas.
Las ayudas permitirán financiar los honorarios del abogado por el asesoramiento relacionado con el desalojo y la recuperación de la posesión de la vivienda ocupada. Por este concepto, la Generalitat concede hasta un máximo de 500 euros.
Por otro lado, también serán subvencionables los gastos corrientes de reparación de los daños provocados en el hogar durante la ocupación. En este caso, la cuantía se triplica y alcanza los 1.500 euros.
Quedan fuera de la convocatoria, eso sí, otro tipo de gastos, como los correspondientes a procedimientos judiciales, o las "mejoras o actuaciones de rehabilitación del inmueble que no tengan relación directa con los daños ocasionados" por los 'okupas'.
Estas ayudas forman parte del Plan integral contra la ocupación de viviendas del Consell, que obliga a que todos los gastos deberán estar "acreditados mediante las correspondientes facturas" o documentos con valor probatorio equivalente.
En el caso del asesoramiento jurídico, según el programa, la factura deberá recoger "expresamente que el servicio se solicitó con el objetivo de recuperar la posesión de la vivienda ocupada ilegalmente".
Efectos retroactivos
La convocatoria contempla, además, un efecto retroactivo durante buena parte del ejercicio. En concreto, tal y como señala la Conselleria en su web, serán subvencionables los gastos realizados y efectivamente pagados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026, ambos incluidos.
Los beneficiarios, asimismo, deberán presentar la justificación de la ayuda hasta el 5 de diciembre de 2026, aportando las facturas correspondientes y los justificantes que acrediten que los gastos han sido abonados.
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, pero el criterio determinante será el orden de presentación de las solicitudes completas. Es decir, tendrán prioridad aquellas peticiones que entren antes en el registro con toda la documentación exigida, hasta que se agote el crédito disponible para la convocatoria.
Pacto con Vox
Conviene apuntar que, más allá de esta línea de ayudas, el PP pactó con Vox para los Presupuestos de la Generalitat de 2026 una partida de 500.000 euros para otorgar ayudas a las víctimas de este delito para que pudieran destinarlas también a reparar los daños sufridos en sus inmuebles.
Por lo que las ayudas concedidas ahora a partir de la línea de 250.000 euros deberían verse ampliadas en un futuro.
Los populares y el grupo de Santiago Abascal en Les Corts también acordaron una partida de medio millón de euros para otorgar subvenciones a los propietarios con el fin de "incentivar el arrendamiento, mediante la financiación de pólizas que garanticen el cobro de rentas y la protección del inmueble".
Esto es, que si un casero deja de percibir el alquiler por parte de sus inquilinos, la Generalitat aseguraría el pago de las cuotas con el objetivo de que las viviendas vacías que hay en estos momentos en la autonomía puedan salir al mercado del alquiler y no dejen de hacerlo por el miedo a impagos.
Por último, huelga recordar que acordaron crear una partida de 500.000 euros para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente que fueran propiedad de la Generalitat. Así, incrementaron los fondos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA) para que lo destine a este fin durante este ejercicio.