PP y Vox volvieron a mostrar este martes plena sintonía en el segundo debate de enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Una jornada en la que ambas formaciones aprobaron incorporar el concepto de 'prioridad nacional' en los objetivos de las actuaciones que ponga en marcha la Conselleria de Servicios Sociales durante este ejercicio.
Los populares respaldaron las modificaciones legales planteadas por el partido de Santiago Abascal en diversas líneas de ayudas públicas: la financiación de la intervención social de las personas sinhogarismo y para reducir la feminización de la pobreza, el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y la ampliación de sus beneficiarios.
Proponían, así, crear una nueva ley de la RVI para "ampliar su campo de actuación e incorporar el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana".
El objetivo es el mismo que con la modificación de los objetivos de varias líneas de los presupuestos del área de Vivienda, en la que también incluyeron el concepto de prioridad nacional: "Asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región".
También aprobaron la incorporación del concepto en las líneas de actuación frente a las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Al respecto, el grupo parlamentario de José María Llanos pedía que en estos casos el Consell actuase "priorizando los recursos públicos" a las personas con un mayor "arraigo" en el territorio valenciano.
Entre las modificaciones que afectan al departamento que dirige Elena Albalat, PP y Vox aprobaron con sus siete votos un recorte de 300.000 euros en las subvenciones que reciben las ONGD para la inversión en programas y proyectos de impacto en cooperación internacional al desarrollo.
La partida total que quedará para ello será de 6,5 millones de euros. Asimismo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tendrá un presupuesto de 600.000 euros.
Único cambio
La única enmienda en el que PP ha descartado apoyar de Vox ha sido una en la que reclamaban aplicar el principio de prioridad nacional en la "gestación, coordinación y seguimiento de prestaciones sociales".
Esta vinculaba el acceso a ayudas "a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema". Y exigía asimismo la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".
La enmienda, en realidad, tenía un alcance más simbólico que efectivo, puesto que la legislación actual ya establece requisitos administrativos para acceder a la mayor parte de las prestaciones sociales.
Esto es, que las personas en situación irregular no tienen acceso a estas ayudas, por lo que el hecho de intentar introducir restricciones adicionales hubiera sido, tal y como lo han calificado los grupos parlamentarios de la oposición, un "brindis al sol".
Con todo, PP y Vox han acordado una enmienda transaccional en la que comprometen a la administración a actuar frente a la "crisis demográfica" en la Comunitat Valenciana mediante ayudas a familias valencianas "que sigan el principio de prioridad nacional".
Estas subvenciones se destinarían a la crianza, manutención o actividades extraescolares de los hijos que puedan tener las familias valencianas.