La iniciativa llega en el tiempo de descuento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y abre la vía a oposiciones propias, mientras que UGT pide respetar "los derechos del profesorado".
El Ministerio de Educación acelera la reforma que permitirá a las comunidades autónomas crear especialidades docentes para las lenguas no oficiales que cuentan con protección legal como el asturiano o el aragonés.
El pasado 13 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del proyecto, un procedimiento que no implica la aprobación definitiva del real decreto. Posteriormente, este martes, el texto se sometió al trámite de audiencia e información pública.
La iniciativa llega junto a otras medidas en la cuenta regresiva del Gobierno antes de volver a las urnas el próximo 29 de noviembre.
En el caso de las lenguas protegidas, la novedad no consiste en autorizar por primera vez su enseñanza. El asturiano y el eonaviego ya se imparten en las aulas.
El objetivo, según indica el Gobierno, es permitir su reconocimiento como especialidades docentes y facilitar una regulación propia de las plazas y del acceso del profesorado.
Qué cambia
La nueva regulación permitirá a las comunidades autónomas crear especialidades docentes propias para la enseñanza de lenguas no oficiales con protección legal, como el asturiano o bable, el aragonés, el leonés y el gallego-asturiano o eonaviego.
La memoria de análisis de impacto normativo señala que la normativa estatal contempla las especialidades correspondientes al castellano y a las lenguas cooficiales, "sin prever un régimen equivalente para las lenguas no oficiales que gocen de protección legal".
Según explica el Gobierno del Principado de Asturias en la hoja de ruta publicada en su web , el cambio permitirá avanzar en la estabilización del profesorado de asturiano y eonaviego y mejorar sus posibilidades de movilidad y desarrollo profesional.
Aun así, primero debe modificarse el marco estatal y luego aprobarse un decreto autonómico para ambas lenguas.
Una vez publicada esa regulación, se podrían convocar los correspondientes procedimientos selectivos.
La creación de la especialidad no supone, por tanto, que los docentes actuales obtengan automáticamente una plaza fija ni una convocatoria inmediata de oposiciones.
Desde UGT han defendido que la implantación de estas especialidades "respete plenamente los derechos del profesorado afectado", ante las modificaciones anunciadas por Moncloa.
La reforma se centra en la regulación del profesorado. En la presentación del compromiso alcanzado en el mes de julio, el presidente asturiano, Adrián Barbón, señaló que el asturiano y el eonaviego seguirán siendo optativos.
Requisitos
El proyecto plantea algunas preguntas para los docentes que ya imparten estas materias y para quienes quieran acceder a ellas.
¿Qué titulaciones permitirán presentarse a cada especialidad? ¿Cómo se acreditará el conocimiento de la lengua? ¿Qué certificados se admitirán y qué nivel se exigirá? ¿Cómo se valorarán la formación específica y la experiencia en las aulas?
Consultado sobre estas cuestiones, desde el Ministerio de Educación afirman a EL ESPAÑOL que "las respuestas a las demás preguntas son prematuras: lo que ahora se hace es dar la posibilidad a las comunidades autónomas para que creen las especialidades de esas lenguas con protección legal, si así lo consideran".
Además, agregan que "cuando esas comunidades comiencen con la creación de las especialidades, será el momento de que les planteen esas preguntas".
Otra cuestión será el calendario. El reconocimiento normativo de una especialidad no permite dar por hecha una convocatoria para un curso concreto.
En el caso asturiano, el propio Gobierno autonómico sitúa los procesos selectivos después de la aprobación de su regulación.
El acuerdo del 13 de octubre permite tramitar el proyecto por la vía urgente. Se podrán modificar los reales decretos sobre especialidades docentes en relación con las lenguas no oficiales protegidas, aunque no aprueba aún el contenido definitivo de la reforma.
La memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al borrador sometido a audiencia e información pública señala, además, que el real decreto no figura en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026.