España afronta las elecciones generales del 29-N ante una encrucijada educativa sin precedentes. Tras más de ocho años de Pedro Sánchez en la Moncloa, el balance del sistema formativo arroja un saldo desolador.
Desde la moción de censura de junio de 2018, la política educativa del Gobierno ha estado guiada por un intervencionismo constante. El Ejecutivo sustituyó la cultura del esfuerzo y el rigor académico por un igualitarismo homogeneizador que ha terminado gripando los motores del aprendizaje.
El deterioro abarca todas las etapas del itinerario formativo, desde las aulas de Infantil hasta las facultades universitarias. La obsesión por maquillar las estadísticas de repetición y abandono ha derivado en "una rebaja generalizada de las exigencias mínimas para titular en la enseñanza obligatoria", según algunos expertos consultados por EL ESPAÑOL.
El resultado es "un sistema que no premia la excelencia" y desprotege a las rentas más bajas, incapaces de compensar en el ámbito privado las carencias del aula pública.
En consecuencia, las mediciones internacionales constatan un retroceso formativo que hipoteca la competitividad económica y la productividad de nuestro país. El pasado mes de septiembre, sin ir más lejos, España firmó el peor resultado de su historia en el Informe PISA, en el que participa desde el año 2000.
Si bien es cierto que esta bajada en las notas es generalizada en todo el mundo, no es menos cierto que la rebaja de la exigencia académica derivada de la LOMLOE, la ley educativa vigente conocida como Ley Celaá, también ha influido en que los resultados del alumnado estén en caída libre.
La educación española llega a las elecciones generales, por tanto, sumida en la inestabilidad regulatoria, la sobrecarga burocrática del profesorado y el enfrentamiento directo del Gobierno contra la enseñanza privada y concertada. La falta de consenso institucional ha consolidado 17 modelos territoriales dispares.
Los docentes denuncian una pérdida continua de autoridad pedagógica frente a directrices curriculares etéreas que priman lo competencial sobre el conocimiento empírico. A ello se suma una precarización estructural en las plantillas y una alarmante desmotivación en los claustros.
EL ESPAÑOL desgrana el declive acumulado a lo largo de dos legislaturas de Sánchez, radiografiando cómo las decisiones de Moncloa han lastrado el rendimiento académico y han degradado la formación de las futuras generaciones de españoles.
El problema
El punto de inflexión de esta involución educativa quedó sellado el 19 de noviembre de 2020. Aquella tarde, en plena pandemia y con el estado de alarma vigente, el Congreso de los Diputados aprobó por la mínima la LOMLOE, bautizada de inmediato como la Ley Celaá por la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá. Luego llegarían Pilar Alegría y la actual ministra, Milagros Tolón, quienes no modificarían la ley,
La norma nació sin el consenso con la oposición ni con la comunidad escolar mayoritaria. Se convirtió así en la octava ley orgánica de educación de la democracia, perpetuando una inestabilidad jurídica que ha impedido consolidar un pacto de Estado duradero.
Bajo la promesa de una supuesta modernización pedagógica, la LOMLOE dinamitó las exigencias tradicionales del aprendizaje. El texto legal debilitó la cultura del esfuerzo al rebajar los criterios para pasar de curso, permitiendo promocionar y titular en la ESO y Bachillerato con asignaturas suspensas.
Esta devaluación deliberada de la exigencia académica no fue un efecto colateral imprevisto, sino un objetivo programático. Como le explicó el exministro José Ignacio Wert a este diario, su anterior reforma educativa demostró que "elevar los estándares obligaba a profesores y alumnos a rendir mejor".
En la misma línea, la exsecretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, denunció de forma reiterada que el PSOE siempre "ha priorizado una falsa equidad homogeneizadora en detrimento del rendimiento académico", perjudicando paradójicamente a las clases sociales más desfavorecidas.
El filósofo y pedagogo Gregorio Luri, una de las voces más autorizadas del país, lo definió con precisión quirúrgica: "La sobreprotección y la condescendencia pedagógica con los alumnos se acaban convirtiendo en una forma encubierta de abandono", al desarmarlos frente a la realidad laboral.
Una grupo de jóvenes haciendo un examen.
El Ejecutivo también eliminó de un plumazo las evaluaciones que permitían detectar a tiempo los fallos del sistema. Al suprimir estos exámenes comunes, el Ministerio desarmó los mecanismos de rendición de cuentas e impidió comparar de forma rigurosa la calidad entre comunidades.
Además de relajar la exigencia, la LOMLOE asfixió a los docentes bajo una montaña de burocracia. Los profesores se vieron obligados a redactar complejísimas programaciones por competencias y descriptores operativos que consumen horas lectivas y dinamitan el tiempo de enseñanza real en el aula.
Las consecuencias empíricas de este viraje ideológico no tardaron en manifestarse de forma contundente. El Informe PISA de la OCDE certificó el mayor desplome del rendimiento de los estudiantes españoles desde que existen registros homologados, con caídas en picado en Matemáticas y Lectura.
En la evaluación de 2022 y sus posteriores revisiones, España marcó mínimos históricos: 473 puntos en Matemáticas y 474 en Comprensión Lectora. El retroceso acumulado equivale a la pérdida de casi un curso escolar completo en comparación con los mejores promedios de la Unión Europea.
El pasado mes de septiembre, PISA 2025, confirmó que la caída libre de España ha continuado. Nuestro país obtuvo en Ciencias una puntuación de 477; en Comprensión Lectora, de 451; y en Matemáticas, de 457. Son las peores calificaciones obtenidas por el alumnado español desde que la OCDE empezó a evaluarlo en el año 2000.
La degradación pedagógica, lejos de detenerse en las puertas de la Secundaria, ha terminado contaminando por completo los campus universitarios. Los nuevos graduados llegan a las facultades con carencias flagrantes en redacción, capacidad analítica y razonamiento abstracto elemental, según han denunciado varios catedráticos a este periódico.
Los indicadores internacionales de educación superior sitúan a España en un estancamiento crónico. Ninguna universidad pública española logra situarse de forma estable entre las 100 mejores del prestigioso Ranking de Shanghái, una anomalía flagrante para la cuarta economía de la zona euro.
A este déficit de excelencia investigadora se suma un desajuste laboral insostenible. Según los informes de la Fundación CYD y los datos oficiales de Eurostat, la tasa de sobrecualificación en España supera el 36%, la más alta de toda la Unión Europea, duplicando la media comunitaria del 22%.
Esto significa que más de uno de cada tres titulados universitarios españoles desempeña empleos que sólo exigen formación Secundaria o técnica. A la vez, el abandono prematuro en los primeros cursos de grado roza el 33%, evidenciando una grave falta de orientación y rigor previo.
Frente a este colapso de calidad, la respuesta de los tres ministros de Universidades de Sánchez —Manuel Castells, Joan Subirats y Diana Morant— ha sido emprender una cruzada contra las universidades privadas mediante trabas reglamentarias.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha acusado de forma reiterada a la iniciativa privada de mercantilizar la enseñanza superior, endureciendo artificialmente los requisitos de acreditación. Sin embargo, este hostigamiento contrasta con el aumento constante de familias que eligen centros privados huyendo del deterioro de la universidad pública.
En las facultades, la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) provocó un enfrentamiento abierto entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Ministerio. La ley fijó el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1% del PIB para 2030, pero sin transferir las partidas presupuestarias necesarias a las comunidades autónomas.
La misma ofensiva gubernamental se ha reproducido con virulencia en el ámbito de la Formación Profesional. El Ministerio de Educación ha arremetido contra los operadores privados de FP, a los que dirigentes socialistas y sindicatos afines han llegado a tildar despectivamente de "chiringuitos".
En el ámbito de la Formación Profesional, el choque es aún más sangrante si se observan las listas de espera. Comunidades como Madrid o Cataluña han llegado a registrar más de 30.000 solicitudes desatendidas en la red pública para ciclos de alta demanda tecnológica y sanitaria.
En lugar de celebrar que el sector privado acudiera a resolver esta carencia estructural, el Gobierno optó por demonizar su actividad. El discurso oficial tachó de negocio especulativo lo que para miles de familias era la única vía para que sus hijos estudiaran.
El Gobierno ha intentado limitar el crecimiento de los centros privados de FP a pesar de que estos absorbían la demanda desatendida por la insuficiente oferta pública. Decenas de miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza pública en ciclos formativos de alta empleabilidad.
A este acoso se añadió el caos en la aplicación de la nueva FP Dual, que impuso la cotización obligatoria a la Seguridad Social para las prácticas formativas no remuneradas. La medida provocó el repliegue de miles de pymes colaboradoras, colapsando la inserción de los estudiantes técnicos.
El resultado de estas reformas es un sistema educativo que ha perdido sus tres pilares rectores: la exigencia en el aprendizaje, la autonomía pedagógica de los docentes y la libertad de elección de las familias españolas.
En lugar de emular a los países europeos con mejores resultados y vincular la educación al crecimiento del tejido productivo, el Gobierno de España ha consolidado un modelo administrativamente asfixiante, financieramente descoordinado y pedagógicamente empobrecido en vísperas del 29-N.
Los hechos
1. Fractura del consenso y aprobación unilateral de la LOMLOE
Aprobada a finales de 2020 en pleno confinamiento y sin debate sosegado con la comunidad educativa, la octava ley orgánica nació con el rechazo frontal de la oposición. Su sesgo ideológico blindó la confrontación política y perpetuó la endémica inestabilidad legislativa del modelo escolar en España.
2. Asedio financiero y regulatorio a la escuela concertada
La supresión del concepto de "demanda social" y las trabas administrativas mermaron de forma deliberada el derecho de las familias a elegir centro educativo. El Ejecutivo recortó la complementariedad de las redes, asfixiando económicamente a los colegios concertados y persiguiendo los modelos diferenciados.
3. Caída histórica del rendimiento académico en los informes PISA
Los resultados de PISA certificaron el retroceso más acusado en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias de toda la serie histórica de la OCDE en España. El sistema formativo evidenció un declive pedagógico estructural que puso en entredicho el modelo competencial frente a la adquisición de conocimientos.
4. Devaluación del mérito y promoción con asignaturas suspensas
La flexibilización normativa de la Ley Celaá permitió superar la ESO y el Bachillerato acumulando materias suspensas a criterio del claustro docente. Esta decisión, orientada a maquillar las estadísticas de repetición, derivó en una depreciación de la cultura del esfuerzo y en una rebaja de la exigencia.
5. Conflicto lingüístico y desprotección del castellano en las aulas
El Gobierno central evitó exigir la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales que fijaban un mínimo del 25% de docencia en castellano en Cataluña para preservar sus alianzas parlamentarias. Esta inhibición institucional blindó la inmersión lingüística obligatoria, dejando desamparados los derechos de miles de familias.
6. Brecha de aprendizaje y secuelas estructurales tras la Covid-19
El cierre prolongado de los colegios en 2020 y la improvisada semipresencialidad posterior destaparon una grave brecha digital y pedagógica en los centros. El parón formativo golpeó con especial dureza a los alumnos de entornos desfavorecidos, generando retrasos acumulados en competencias básicas que no se han recuperado.
7. Colapso burocrático y desajustes en la estabilización docente
Los procesos extraordinarios para rebajar la temporalidad exigidos por Bruselas derivaron en un laberinto administrativo dispar entre las distintas comunidades autónomas. A ello se sumó una asfixiante burocratización impuesta por la LOMLOE, que ha desbordado y desmotivado por completo a las plantillas docentes.
8. Fricciones e improvisación en el despliegue de la nueva FP Dual
Aunque la reforma pretendía modernizar las titulaciones técnicas, obligó a enviar al alumnado a centros de trabajo desde el primer curso lectivo sin estructura previa. El requisito de cotización colapsó la capacidad de recepción de las pymes, tensionando la oferta formativa y bloqueando convenios empresariales clave.
9. Ofensiva ideológica y regulatoria contra la FP y la universidad privada
Desde el Gobierno se impulsó una campaña de hostigamiento contra la iniciativa privada, tildando despectivamente de "chiringuitos" a los centros de formación técnica y superior. Mediante reales decretos restrictivos, el Ejecutivo buscó frenar la implantación de nuevas titulaciones a pesar de su altísima empleabilidad. También ha ocurrido con la universidad privada.
10. Aprobación de la LOSU y colapso por infrafinanciación universitaria
Aprobada con el rechazo unánime de los rectores, la nueva ley orgánica impuso exigentes obligaciones organizativas sin acompañarlas de una memoria económica garantista. La promesa de alcanzar una inversión del 1% del PIB derivó en un choque institucional continuo entre el Ministerio y las autonomías por la financiación.
11. Caos de plantilla y precarización encubierta del profesorado asociado
La LOSU intentó atajar la temporalidad limitando drásticamente las horas lectivas del profesorado asociado, pero sin transferir presupuesto para convocar plazas de titular a tiempo completo. Como resultado, las facultades afrontan un colapso de contratación y recurren a nuevas fórmulas precarias para cubrir la docencia.
El Análisis
La abrupta caída de los rendimientos académicos en España no es fruto de la casualidad ni una anomalía pasajera. Responde a un cambio de paradigma pedagógico deliberado, impuesto desde el poder político y desconectado de la evidencia empírica internacional.
La primera causa de este retroceso radica en el arrinconamiento del conocimiento formal en favor de un enfoque competencial. Al suprimir la memoria de trabajo, la lectura profunda y el esfuerzo disciplinado, el currículo se ha vaciado de contenidos vertebradores.
La pedagogía del Gobierno ha transformado al docente en un mero facilitador emocional, despojándolo de su autoridad académica en el aula. En lugar de transmitir saberes sólidos, los profesores han sido obligados a gestionar una mayor carga burocrática y situaciones de aprendizaje artificiosas.
A esto se añade la desaparición sistemática de los incentivos al esfuerzo. Cuando suspender materias deja de tener consecuencias académicas y se premia la promoción automática, el mensaje institucional traslada a los jóvenes que el rigor personal carece de valor objetivo.
Los datos cuantitativos confirman la gravedad de esta deriva. El informe PISA 2022 acreditó que los alumnos de 15 años obtuvieron apenas 473 puntos en Matemáticas y 474 en Lectura, situando a España en el furgón de cola de los países desarrollados.
Y llegó PISA 2025 confirmando los peores presagios. Con un 477 en Ciencia, un 451 en Comprensión Lectora y un 457 en Matemáticas, España obtuvo las peores calificaciones desde que la OCDE empezó a evaluar a los jóvenes españoles en el año 2000.
El informe TIMSS y las evaluaciones de la OCDE ratifican este diagnóstico en Primaria y Secundaria. A pesar del ligero descenso estadístico del abandono escolar temprano hasta el 12,8%, España sigue doblando la media de los países líderes europeos, cuyo objetivo comunitario se sitúa por debajo del 9%.
Alumnos de una FP de Grado Superior en Castilla y León
En la etapa universitaria y técnica, la fractura se manifiesta en la empleabilidad. Según los registros de Eurostat y el Informe CYD, España lidera la Unión Europea en sobrecualificación laboral con una tasa del 36%, duplicando con creces la media comunitaria del 22%.
Esta parálisis formativa explica en gran medida el estancamiento de la productividad total de los factores que arrastra España desde hace dos décadas. Diversos estudios del Banco de España y Funcas señalan que la baja calidad del capital humano explica hasta un 40% de la brecha de productividad frente a los países del norte de Europa.
Las consecuencias económicas y sociales de este vaciamiento formativo resultan devastadoras para el futuro inmediato de España. La educación constituye el motor primordial de la productividad, la innovación tecnológica y la soberanía industrial de cualquier sociedad avanzada.
Un país cuyos jóvenes presentan graves deficiencias en comprensión lectora y razonamiento matemático queda incapacitado para liderar los sectores de alto valor añadido. España se arriesga a quedar atrapada indefinidamente en una economía subsidiada y de servicios estacionales de baja remuneración.
La mayor tragedia de este modelo igualitarista es que liquida el ascensor social que prometía defender. Cuando la escuela pública renuncia a la exigencia académica y abarata el título escolar, las clases sociales más desfavorecidas quedan desprovistas de su única herramienta de emancipación.
Las familias con mayores recursos económicos siempre encontrarán vías para blindar el porvenir de sus hijos a través de colegios privados, academias de apoyo o estancias lingüísticas en el extranjero. Por el contrario, los hijos de las familias trabajadoras quedan atrapados en un sistema de mínimos que los condena a la precariedad.
La pérdida de la meritocracia institucionalizada castiga el talento individual y consagra una sociedad de castas educativas encubierta. El título de Bachillerato o de grado universitario ha dejado de actuar como una garantía objetiva de cualificación y competencia laboral ante las empresas.
Los modelos de éxito internacional, como los de Estonia, Singapur o los Países Bajos, demuestran con hechos que la equidad real no se logra bajando el listón. Se consigue combinando una altísima exigencia de contenidos con programas intensivos de refuerzo pedagógico individualizado para quienes se quedan atrás.
Imagen de un colegio público de Palencia.
A nivel cívico y cultural, la degradación educativa deteriora la calidad misma de la democracia. Una ciudadanía con dificultades para interpretar un texto complejo o analizar estadísticas básicas es infinitamente más manipulable por el populismo político y la desinformación digital.
La educación no es una herramienta de ingeniería ideológica al servicio de un Gobierno, sino el cimiento indispensable sobre el que se levanta una civilización próspera y libre. Revertir esta caída exigirá valentía política, devolver la voz a los maestros y restaurar de urgencia la cultura del mérito.
Las propuestas
El deterioro educativo español no se corrige con una novena ley orgánica ni con más burocracia competencial. Responde a un modelo que ha priorizado la homogeneización y la promoción automática en detrimento del conocimiento, el esfuerzo y la rendición de cuentas, con resultados lamentables en PISA, en las aulas universitarias y en el mercado laboral.
Revertirlo exige devolver exigencia, autonomía a los docentes y libertad de elección a las familias, y sustituir la inestabilidad legislativa por un marco estable basado en la evidencia.
Las siguientes medidas buscan restaurar los pilares que el sistema ha perdido: rigor académico, evaluación transparente, libertad de elección y vinculación real con el tejido productivo.
1. Pacto de Estado por la educación basado en la evidencia
España no puede seguir cambiando de ley orgánica cada pocos años.
Necesitamos un acuerdo a largo plazo que fije objetivos verificables de aprendizaje (competencias básicas en Lectura, Matemáticas y Ciencias), reduzca la inestabilidad normativa y establezca mecanismos de evaluación independientes que no dependan del color político de cada Gobierno.
El pacto debe incluir continuidad en las medidas que mejoran resultados y revisión de las que los empeoran, con rendición de cuentas anual ante el Congreso y las comunidades autónomas.
2. Restaurar la exigencia académica y la cultura del mérito
La promoción y la titulación con asignaturas suspensas devalúan el título y envían el mensaje de que el esfuerzo no sale rentable.
Hay que recuperar criterios claros y exigentes para pasar de curso y obtener el título de ESO y Bachillerato, de forma que la promoción automática deje de ser la norma.
Al mismo tiempo, se deben reforzar los programas de apoyo individualizado para quienes se quedan atrás, en lugar de bajar el listón para todos.
La equidad real se logra elevando el nivel y ayudando a alcanzarlo, no homogeneizando a la baja.
3. Recuperar las evaluaciones estandarizadas y la rendición de cuentas
La eliminación de pruebas comunes impidió detectar a tiempo los fallos del sistema y comparar resultados entre centros y comunidades.
Hay que restablecer evaluaciones externas periódicas en Primaria, Secundaria y Bachillerato, con resultados públicos y desagregados, que sirvan para orientar mejoras y no para maquillar estadísticas.
Estas pruebas deben medir conocimientos y competencias básicas de forma rigurosa y comparable, y sus resultados deben tener consecuencias para la mejora de los centros, no para la estigmatización.
4. Reducir la burocracia y devolver autonomía y autoridad al docente
Los profesores dedican horas a programaciones por competencias que restan tiempo real de enseñanza.
Hay que simplificar drásticamente la carga administrativa impuesta por la LOMLOE, recuperar la autoridad académica del docente en el aula y permitir mayor libertad pedagógica dentro de un currículo centrado en contenidos vertebradores (lectura profunda, matemáticas, ciencias y conocimiento histórico-cultural).
El docente debe ser un transmisor de saberes, no un gestor de burocracia.
5. Garantizar la libertad de elección de las familias
El derecho constitucional a elegir centro educativo no puede quedar condicionado por la eliminación del concepto de demanda social ni por trabas administrativas a la concertada.
Hay que restablecer la complementariedad real entre las redes pública y concertada, asegurar la financiación equitativa de los centros que cumplen los requisitos y respetar los modelos educativos diferenciados que las familias demandan.
La libertad de elección es especialmente relevante para las familias de rentas medias y bajas que no pueden recurrir a la privada pura.
6. Formación Profesional y universidad orientadas a la empleabilidad y la productividad
La FP Dual y la universidad deben priorizar la inserción laboral y la calidad sobre la expansión ideológica o regulatoria.
Hay que corregir el caos de la cotización obligatoria de prácticas no remuneradas que ha retraído a las pymes, ampliar la oferta pública y concertada de ciclos de alta demanda sin demonizar la iniciativa privada que cubre plazas desatendidas, y vincular la financiación universitaria a resultados de empleabilidad, investigación y reducción de la sobrecualificación.
La LOSU debe acompañarse de financiación real y de autonomía de gestión para las universidades, no de más cargas sin recursos.
7. Medición de resultados y revisión continua
El sistema debe disponer de indicadores públicos y vinculantes: evolución de PISA y evaluaciones nacionales, tasas de abandono temprano y universitario, sobrecualificación laboral, satisfacción de las familias y de los empleadores, y reducción de la brecha de aprendizaje entre entornos socioeconómicos.
Las medidas que no mejoren estos indicadores deben revisarse.
El criterio no puede ser el número de leyes aprobadas ni la retórica de la equidad, sino si los alumnos aprenden más, si los títulos recuperan valor y si la educación vuelve a funcionar como ascensor social y en conexión con el mercado laboral real, no con las fantasías ideológicas de una casta pedagógica desconectada de la realidad y anclada en vetustas teorías educativas de magros resultados.
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Estas propuestas no buscan imponer un modelo único ni volver a un pasado idealizado. Buscan lo que la evidencia internacional muestra que funciona: exigencia alta con apoyo a quienes lo necesitan, evaluación transparente, autonomía docente, libertad de elección y estabilidad normativa.