El Consejo de Ministros aprueba este martes el Estatuto del Estudiantado Universitario. Lo hace mediante un Real Decreto, es decir, sin contar con las Cortes –ya disueltas– con el fin de sacar adelante otra de las normas en las que el Ministerio de Universidades ha estado trabajando desde hace meses.
Este nuevo estatuto, que actualiza el de 2010, regula y desarrolla por primera vez el derecho a la huelga académica, impone la obligatoriedad a las universidades para que ofrezcan ayuda psicológica a sus alumnos o refuerza el poder de los universitarios a la hora de influir en los programas que los docentes deben impartirles, entre otras medidas.
Esta última cuestión, de hecho, es de las más polémicas y desde el pasado mes de mayo ha generado controversia entre algunos catedráticos y miembros de la comunidad universitaria.
La redacción del anteproyecto dice que "la programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso y en cada universidad según la normativa de esta, asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado".
Esto significa que los universitarios podrían influir en los programas docentes. Así, año tras año darían el visto bueno a lo que les enseñan sus profesores.
Algunos catedráticos de universidad, como Ramón Espejo, califican esta norma como una "ocurrencia". "Puede repercutir en que la calidad de los programas se podrá ver resentida, ya que los estudiantes podrían eliminar las materias más difíciles; aquellas impartidas por los profesores más exigentes", ha dicho a EL ESPAÑOL.
Otros, como Daniel Arias, avisaban hace unos meses a este medio de los riesgos que este nuevo precepto podría provocar: "Determinadas asociaciones estudiantiles muy politizadas pueden poner vetos a contenidos que no encajan dentro de su doctrina. Es decir, pueden usar la medida para adoctrinar".
De ahí que algunos sectores de la universidad teman que la medida pueda interferir o afectar a la libertad de cátedra. El Ministerio de Universidades, no obstante, argumenta que lo que se busca es que los alumnos conozcan los planes docentes antes de las matrículas y que no haya cambios injustificados con los criterios de evaluación.
Derecho a huelga y al psicólogo
Pese a todo, el nuevo estatuto, que ha sido consensuado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) trae consigo otras regulaciones.
Por ejemplo, por primera vez regula el derecho a huelga académica "total" o "parcial", un derecho que se incluyó de manera laxa en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023. Ahora, las universidades deberán regular cómo debe ejecutarse este derecho.
Además, la norma obligará a las universidades, públicas y privadas, a dar apoyo psicológico al alumnado y disponer de unidades específicas y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas.
El objetivo es cuidar la salud mental de los estudiantes en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad autónoma y esta será una de las principales novedades.
También mejorará las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y la movilidad nacional e internacional además de reforzar los apoyos para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.
El Estatuto del Estudiantado Universitario, según ha explicado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’ reconoce "nuevos derechos, potencia la participación y la representación, promueve la movilidad, incide en el apoyo psicológico, garantiza la conciliación, protege los datos y también la desconexión digital".
"Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha dicho antes de añadir que "la universidad es el mayor ascensor social que tenemos y, con este Estatuto, desde la Administración General del Estado lo que hacemos es contribuir a que cumplan esta función con un marco de derechos, también de obligaciones, destinado a garantizar la seguridad y las oportunidades de todos y todas".
"Hoy no estamos simplemente actualizando un estatuto, que también hacía falta, estamos reafirmando que la universidad debe ser un espacio de igualdad de oportunidades y también de libertad, porque cuando abrimos las puertas de la universidad, estamos abriendo las puertas del futuro, no sólo para quienes estudian en ella, sino para el conjunto de la sociedad española", dijo.
45 millones para residencias
Pese a todo, el mayor anuncio que lanzó Sánchez este lunes tiene que ver con las residencias universitarias. El presidente aprovechó el acto para anunciar que este martes el Consejo de Ministros también aprueba un paquete de 45 millones de euros para crear en una primera fase 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias.
Se trata de un decreto que pretende impulsar las residencias para estudiantes y profesorado a precios asequibles, que tampoco necesita convalidación en el Congreso de los Diputados y que estaba pendiente de ser aprobado en esta legislatura.
"Porque la universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades", ha señalado Sánchez durante la firma.
El decreto sobre la vivienda universitaria supondrá la puesta en marcha de varios proyectos que ya estaban maduros y en este sentido la Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones, el Campus de Albacete de la UCLM, 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 6,5 millones, la Universidad de Burgos, 5,94 millones, la Jaume I de Castellón, 4,45 millones, la Universidad de Jaén, 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida 2,97 millones.