El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha sacudido por completo la agenda legislativa del Gobierno. En el ámbito de la educación, la disolución de las Cortes Generales supone un frenazo para varias normas.
Así, los proyectos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que estaban en trámite parlamentario o en fase de elaboración decaen, obligándolos a empezar de cero tras la formación de un nuevo Gobierno.
La medida más mediática que se queda en el tintero es el Proyecto de Ley para la bajada de las ratios. Esta norma pretendía reducir por ley el número máximo de alumnos por aula en las etapas obligatorias.
En concreto, el texto normativo proponía pasar de un máximo de 30 estudiantes en la ESO a 25. Además, en Primaria, el límite se iba a establecer por primera vez en 22 alumnos.
Una de las grandes novedades de este proyecto decaído era el nuevo cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales. La intención del Ministerio era que cada estudiante con discapacidad o trastorno del espectro autista contara siempre doble a efectos legales.
Esta ley se encontraba ya en sus primeras fases de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Ahora, al decaer, se frustra también el desarrollo del real decreto paralelo que iba a reducir alumnos en Educación Infantil.
Junto a las ratios escolares, el otro gran pilar de la reforma era el límite a la jornada lectiva del profesorado. El objetivo principal era fijar un tope nacional de horas de clase directa para aliviar la sobrecarga.
Estatuto del Docente
Esta medida formaba parte de las negociaciones para el Estatuto del Docente, otro proyecto histórico que queda suspendido. Este marco normativo estaba llamado a regular la carrera profesional y las complejas condiciones laborales de miles de maestros.
El Estatuto se encontraba en plena fase de negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Educación. Buscaba homogeneizar la formación de acceso, el ingreso en la función pública y los diferentes complementos salariales entre comunidades autónomas.
Además de las medidas específicas para el profesorado, el adelanto electoral también afecta a la Formación Profesional. El Ministerio estaba trabajando a contrarreloj en varios reales decretos para completar el desarrollo normativo de la nueva y demandada ley actual.
No se sabe si los decretos que regularán a la FP privada verán la luz o no.
Pesar en los sindicatos
Con todo, el parón legislativo supone un golpe anímico para el sector educativo, que esperaba ver cristalizadas estas promesas. La indignación es completamente palpable entre los diferentes representantes de los trabajadores de la enseñanza pública nacional.
Así, los sindicatos educativos han expresado su profunda "decepción" ante lo que consideran una nueva oportunidad histórica totalmente perdida.
Los representantes sindicales han lamentado que el repentino adelanto electoral frustre, una vez más, las grandes promesas que el Ejecutivo había realizado.
Desde las principales organizaciones sindicales, como UGT, CCOO o ANPE, recuerdan que esta iba a ser la bautizada por el propio Gobierno como "legislatura del profesorado".
Sin embargo, denuncian que se cierra la etapa política sin que haya habido avances normativos sustanciales para ellos.
Las diversas plataformas de docentes critican que las negociaciones con el Ministerio han sido sumamente "lentas" y, al final, "estériles". Consideran que la paralización de la bajada de ratios condena a las aulas a seguir sufriendo problemas crónicos de masificación.
El enfado se centra, especialmente, en no haber conseguido un Estatuto del Docente. Los profesores sienten que sus reivindicaciones históricas han vuelto a ser utilizadas como mera moneda de cambio.
A partir de ahora, el futuro de todas estas iniciativas queda en el aire, a expensas de la nueva mayoría parlamentaria. El Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre tendrá que decidir si retoma estos proyectos.