Cataluña afronta una crisis educativa marcada por huelgas docentes y polémicas en la gestión de la prueba PISA, que dejó fuera al 23,2% de los alumnos seleccionados.
Los partidos políticos debaten un pacto educativo para reformar el sistema y avanzar hacia una inversión del 6% del PIB regional en educación, aunque persisten desacuerdos sobre el modelo lingüístico y otras cuestiones clave.
La consellera Esther Niubó enfrenta peticiones de dimisión por parte de PP, Junts y Vox debido a la gestión del informe PISA, mientras el Govern mantiene su confianza en ella.
Sindicatos docentes continúan movilizándose y exigen más recursos y mejoras laborales, en un contexto de protestas y amenaza de nuevas huelgas en el sector educativo catalán.
El curso apenas había empezado y los profesores ya estaban en la calle. El 8 de septiembre, primera jornada lectiva en Cataluña, una huelga docente volvió a colocar frente al Govern el malestar por los recursos, las ratios y las condiciones del sistema. Dos semanas después, los sindicatos ya preparaban un nuevo calendario de movilizaciones.
Pero el terremoto educativo tenía otro epicentro. PISA dejó a España en sus peores resultados históricos y Cataluña ni siquiera pudo compararse con el resto: 591 de los 2.545 alumnos seleccionados quedaron fuera de la prueba, un 23,2%.
La muestra dejó de ser representativa y abrió una batalla política que terminó con PP, Junts y Vox reclamando la salida de la consellera Esther Niubó.
Con ese escenario llegó este viernes la cumbre educativa convocada por Salvador Illa. El presidente reunió en el Palau de la Generalitat a representantes de los partidos —Vox no participó— para intentar abrir un pacto que permita reformular el sistema y acordar, entre otras cuestiones, cómo avanzar hacia una inversión equivalente al 6% del PIB regional.
Siete avisos
La crisis de PISA había estallado con toda su fuerza apenas dos días antes. Illa compareció el miércoles en el Parlament y calificó lo sucedido de "errores graves e inaceptables".
El presidente situó el fallo en la aplicación, seguimiento y validación de la muestra. También negó que se hubieran perdido pruebas, manipulado resultados o producido errores en la corrección de las respuestas de los alumnos.
Las pruebas se realizaron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025. El primer aviso llegó el 9 de abril, cuando todavía quedaban centros por examinar.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa advirtió de que Cataluña registraba más exclusiones que otras comunidades y pidió recordar a los centros que sólo debían quedar exentos quienes realmente no pudieran realizar la evaluación en las condiciones requeridas.
Después llegaron más comunicaciones. El organismo catalán recibió hasta siete informes técnicos antes de que terminara el periodo de evaluación, pero no consta que se adoptaran medidas específicas para corregir el exceso.
Illa terminó reconociéndolo ante el Parlament: "Había margen para reforzar la supervisión", volver a advertir a los centros pendientes y controlar las exclusiones. Las diligencias determinaron que esas actuaciones no se produjeron.
El resultado fue una muestra incapaz de representar al conjunto de los alumnos catalanes de 15 años. La OCDE no incorporó los resultados de Cataluña a sus informes internacionales y el informe español advierte de que tampoco permiten comparaciones con otros territorios o ediciones anteriores.
La presión llegó directamente a Niubó. Illa salió en su defensa en el Parlament con un mensaje tajante: "Tiene mi confianza". PP, Junts y Vox, sin embargo, han reclamado su dimisión; Junts también pide una comisión de investigación.
Sin bronca dentro
Después de aquella batalla parlamentaria, la escena del viernes fue muy distinta. Una fuente presente en la reunión asegura a EL ESPAÑOL que el encuentro fue "bastante civilizado" y "muy de trabajo", sin grandes cruces entre los partidos.
Illa tomó primero la palabra y trasladó su intención de reducir el futuro pacto a "cinco o seis medidas como mucho" para que resulte operativo. Después intervino cada grupo.
"No ha habido reproches porque no ha habido un segundo turno de intervención", explica a EL ESPAÑOL una fuente presente en la reunión. Cada formación expuso su postura y no hubo réplicas ni contrarréplicas.
Sí hubo, según esa misma fuente, un diagnóstico compartido: "Hay un problema y no se puede mirar hacia otro lado". La discrepancia comienza cuando se discute cómo solucionarlo.
Niubó cerró el encuentro con las cuestiones más prácticas. Comunicó que existe un esbozo de calendario todavía pendiente de cerrar y confirmó dos nuevos espacios de trabajo.
Las líneas rojas
El primero reunirá al presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, con representantes de los grupos para seguir el proceso de deliberación. El CEC prevé finalizar el debate en abril.
El segundo se centrará en la "senda" para alcanzar el 6% del PIB dedicado a Educación y en su calendarización. Niubó admite que difícilmente pueda alcanzarse ese nivel durante una sola legislatura y reclama la "complicidad" del máximo número de formaciones.
La consellera sostiene que existe un "consenso muy mayoritario" en cuestiones como la formación y carrera docente, las nuevas tecnologías, la autonomía de los centros, las funciones directivas o el refuerzo de los aprendizajes fundamentales.
Pero el consenso tiene límites. Niubó dejó claro que el modelo lingüístico es una cuestión "no negociable" para el Govern. El PP defendió dentro de la reunión que Cataluña es bilingüe y que la escuela también debe serlo.
Y fuera de la sala volvieron las hostilidades. Junts consideró que la cumbre había quedado "vacía de contenido" y aseguró haber salido "igual que ha entrado", al tiempo que volvió a pedir el cese de Niubó.
ERC tampoco ahorró críticas: Jordi Albert calificó al Ejecutivo de "Govern del marketing" por sus anuncios sin concreción, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de mejorar el sistema. El PP, por su parte, se desmarcó de cualquier acuerdo que suponga mantener intacto el modelo actual.
Huelgas abiertas
La pelea política coincide con el conflicto en las aulas. Los sindicatos USTEC-STEs, CGT, La Intersindical y COS comenzaron el curso con una huelga y reclamaron al Govern más recursos y la reapertura de las negociaciones.
El malestar no terminó aquel día. La Assemblea Educativa de Catalunya acordó el 19 de septiembre preparar un nuevo calendario de huelgas y movilizaciones y describió la situación como una "crisis de emergencia educativa grave".
Niubó asegura ahora que el pacto político no debe excluir el diálogo con las organizaciones sindicales y con el resto de la comunidad educativa.
Illa busca así reconstruir un consenso mientras PISA sigue reclamando responsabilidades, los partidos mantienen sus líneas rojas y los docentes amenazan con volver a la calle. Dentro del Palau hubo calma. Fuera, la guerra por la educación catalana continúa.