Se han convocado cuatro huelgas educativas en otoño en Baleares, Madrid, Huesca y Andalucía, con protestas ya activas en seis comunidades autónomas.
Los profesores exigen mejora de salarios, reducción de ratios, refuerzo de plantillas y solución a problemas de climatización e infraestructuras.
Las movilizaciones responden también a la saturación de aulas, condiciones laborales insostenibles y diferencias entre enseñanza pública y concertada.
Las protestas coinciden con los peores resultados de España en PISA y la amenaza de una posible huelga nacional si no hay avances en las negociaciones.
Eran poco más de las siete de la mañana cuando unos 80 docentes irrumpieron en la ronda Litoral de Barcelona. Era el 8 de septiembre, primer día de clase en Cataluña, y los profesores cortaban uno de los principales accesos a la ciudad.
También bloquearon otras carreteras y, en Lleida, una veintena de manifestantes ocupó durante unos minutos las vías del AVE antes de ser desalojada por los Mossos d’Esquadra.
Aquella huelga fue el primer aviso. El otoño comienza este miércoles a las 2.05 de la madrugada, pero en la educación española el termómetro lleva semanas disparado. Cuatro nuevos paros esperan ahora en el calendario.
Baleares abrirá las huelgas de octubre; Madrid y Huesca coincidirán el día 14; y Andalucía cerrará, por ahora, la sucesión de convocatorias en noviembre. A ellas se suman nuevas protestas y la posibilidad de un paro nacional.
Cuatro huelgas pendientes
La convocatoria de mayor alcance será la madrileña. Más de 60.000 docentes de la educación pública no universitaria están llamados a una huelga general e indefinida desde el próximo 14 de octubre.
Antes, la Marea Verde se manifestará el 27 de septiembre. La movilización está respaldada por nueve sindicatos y colectivos, entre ellos CCOO, UGT, Menos Lectivas, Marea Verde y Queremos FP.
El profesorado exige "reforzar las plantillas, mejorar los sueldos, bajar las ratios y resolver los problemas de climatización e infraestructuras". También reclama "más profesionales para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales".
Los sindicatos piden limitar la jornada a 18 horas lectivas semanales en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria. Sostienen que el exceso de clases reduce el tiempo disponible para preparar contenidos, corregir y atender a las familias.
La primera huelga del mes llegará antes a Baleares. Allí, el conflicto se concentra en la Educación Infantil de cero a tres años, cuyas trabajadoras denuncian una pérdida constante de poder adquisitivo y condiciones laborales "insostenibles".
El sector ya se ha concentrado frente al Parlament y en Mallorca, Menorca e Ibiza. También organizó encierros con familias en unas 25 escoletes y tiene prevista una manifestación para el 25 de septiembre.
Si la negociación no avanza, las trabajadoras iniciarán una huelga general el 6 de octubre. Reclaman un convenio autonómico, mejores salarios, ratios más bajas y una regulación común para el sector.
El 14 de octubre también parará la enseñanza pública de Huesca. Seis sindicatos han convocado la huelga tras dos años de denuncias contra la actuación de la Inspección Educativa.
Exigen revisar externamente los expedientes sancionadores abiertos al profesorado, unificar los criterios utilizados en las tres provincias aragonesas y cesar al jefe provincial de Inspección.
Andalucía cerrará el calendario conocido el 11 de noviembre. Más de una treintena de organizaciones han anunciado una huelga general contra la pérdida de unidades públicas, la privatización y la falta de recursos para atender a la diversidad.
Los primeros paros
Las cuatro convocatorias tienen como precedente las huelgas de Cataluña y Galicia. La catalana, promovida por USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS, se hizo notar más en las carreteras que dentro de los centros.
La Generalitat cifró su seguimiento en el 12,65% del personal educativo, mientras los sindicatos lo elevaron hasta aproximadamente el 30%. Los colegios abrieron sin grandes incidencias, pero hubo cortes y manifestaciones por todo el territorio.
Los convocantes reclamaron ratios más bajas, más personal para la educación inclusiva, aulas climatizadas, menos burocracia y una inversión educativa equivalente al 6% del PIB catalán.
La Asamblea Educativa de Cataluña advierte de que "la lucha va para largo" y prepara nuevas movilizaciones, aunque todavía no ha comunicado fechas. Rechaza conceder una tregua al Govern mientras persistan las carencias de personal.
Un día después, el conflicto llegó a Galicia. El 9 de septiembre, primer día lectivo, los trabajadores de la enseñanza concertada hicieron una huelga parcial entre las 9.00 y las 12.00 horas.
Mientras los alumnos regresaban a clase, los docentes se concentraban ante las delegaciones de Educación de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo. Los sindicatos cifraron el seguimiento en un 60%; la Xunta lo redujo al 17,6%.
Los trabajadores sostienen que sus condiciones llevan 17 años bloqueadas. Reclaman actualizar complementos salariales, cobrar las pagas extraordinarias por antigüedad y reactivar la Mesa Tripartita.
La disputa afecta a unos 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego. Su principal demanda es avanzar en la equiparación de sus condiciones con las de los trabajadores de la enseñanza pública.
Por su parte, la Comunidad Valenciana todavía no ha convocado una nueva huelga, pero mantiene abierta la que fue suspendida en junio después de cinco semanas. Los sindicatos advierten de que pueden reactivarla si la Generalitat no presenta avances.
El 12 de septiembre, unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron el centro de Valencia. También hubo marchas en Alicante y Castellón para exigir la reanudación de las negociaciones.
Camisetas verdes, silbatos y chalecos con el mensaje "Docent treballant en precari" tiñeron la movilización. La pancarta de cabecera pidió la dimisión de la consejera de Educación, Carmen Ortí.
PISA, telón de fondo
La oleada de protestas coincide con los peores resultados de España en la historia de PISA. Los alumnos de 15 y 16 años obtuvieron 477 puntos en Ciencia, 451 en Lectura y 457 en Matemáticas.
El deterioro llega mientras los docentes denuncian plantillas insuficientes, aulas saturadas y una burocracia creciente. El 72% del alumnado estudia en centros cuyos directores consideran que la falta de personal de apoyo dificulta la enseñanza.
La tensión ya ha alcanzado al Ministerio. El 15 de septiembre, varios centenares de docentes convocados por CSIF desplegaron banderas verdes frente a su sede para reclamar la reactivación del Estatuto Docente y mejores condiciones laborales.
El sindicato mantiene sobre la mesa una huelga nacional si el Gobierno no abre una negociación antes de que termine 2026. El otoño empieza ahora, pero la educación española ya ha entrado en ebullición.