Centenares de profesores se concentraron ante el Ministerio de Educación exigiendo una mejora de sus condiciones laborales y la reactivación del Estatuto Docente.
El sindicato CSIF amenaza con convocar una huelga nacional si no se establece una mesa de negociación antes de 2026 y se fija un calendario cerrado para abordar sus demandas.
Los profesores denuncian plantillas insuficientes, aumento de la carga lectiva, problemas de salud mental y falta de recursos para atender adecuadamente a los alumnos.
CSIF reclama también una normativa básica sobre ratios y horarios lectivos, equiparación salarial y una mayor inversión educativa para garantizar la calidad del sistema.
El hartazgo de los profesores ha llegado este martes hasta las puertas del Ministerio de Educación. Varios centenares de personas, según CSIF, se han concentrado en la calle Alcalá para exigir una negociación que mejore sus condiciones laborales.
El sindicato amenaza con convocar "una huelga nacional" si el departamento que dirige Milagros Tolón "no mueve ficha". Reclama una mesa de negociación antes de que termine 2026, un calendario cerrado y la reactivación del Estatuto Docente.
El Estatuto establecería un marco común para regular el acceso, la movilidad, la carrera profesional y las condiciones laborales básicas del profesorado público.
El primer intento de aprobarlo fracasó en 2007. Aunque desde entonces se ha tratado de retomar la negociación, la norma continúa pendiente casi dos décadas después.
Aunque buena parte de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, CSIF sostiene que el Gobierno debe responder por las que le corresponden. "No hacemos la guerra a ningún Gobierno ni a favor de otro. Exigimos al Ministerio lo suyo y a cada comunidad lo suyo", se escuchaba desde el megáfono.
El sindicato recuerda que Educación gestiona directamente el sistema de Ceuta y Melilla. "Que empiece por cumplir donde manda solo", reclamaba la misma voz ante los manifestantes.
Por su parte, Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de Educación de CSIF, aseguró a EL ESPAÑOL: "Si hay una vía de diálogo con contenido, la desactivamos; si el Ministerio se limita a escuchar y no mueve ficha, la movilización será inevitable y creciente".
La eventual huelga deberá ser aprobada por los afiliados. Antes, el sindicato espera una respuesta del Gobierno que permita avanzar en las ratios, los horarios lectivos, los salarios y la carrera profesional de los docentes.
"¡Ministra, escucha! ¡Ley de la selva en el aula! ¡Ninguna ayuda nos salva!", cantaban los manifestantes frente a la sede de Educación. A su alrededor se desplegaban banderas verdes y pancartas de CSIF.
Algunos asistentes bailaban al ritmo de la música. La protesta era pacífica, pero los profesores que hablaron con EL ESPAÑOL describieron una realidad marcada por la falta de personal, el estrés y la imposibilidad de atender a todos los alumnos.
Profesores como Gema Domínguez denuncian que las actuales condiciones les impiden ejercer como consideran necesario. Tiene 54 años, enseña Inglés en Primaria y trabaja en la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste.
Gema Domínguez, profesora de Inglés de Primaria, durante la concentración de CSIF frente al Ministerio de Educación.
"Los docentes actualmente no podemos ejercer como necesitaríamos debido a las condiciones y al incumplimiento del acuerdo sectorial vigente", sostiene.
Gema enumera la falta de profesores y administrativos, las plantillas insuficientes, el aumento de las horas lectivas y los problemas de mantenimiento de algunos centros.
"Los profesores no tienen horas ni para hacer guardias porque, en algunos momentos, las plantillas son insuficientes", asegura.
También advierte sobre los problemas de disciplina y salud mental que encuentra en las aulas. Sin embargo, las consecuencias no terminan en los alumnos.
"Los docentes somos una de las profesiones de riesgo, con un alto índice de bajas laborales debido a estados de estrés, ansiedad y problemas de salud mental", afirma.
Después de años dedicada a la enseñanza, Gema cuestiona la gestión de los recursos. Recuerda las inversiones destinadas al bilingüismo, los auxiliares de conversación y, más recientemente, la digitalización.
"A nivel personal, creo que hay mala gestión", concluye. A su juicio, esa mala gestión deteriora la educación pública, la calidad docente y la salud mental del profesorado.
Carmen conoce ese desgaste. Tiene 54 años, trabaja como docente en la Comunidad de Madrid desde 2001 y es profesora de Pedagogía Terapéutica.
Puede comenzar el curso atendiendo a 15 alumnos con necesidades educativas especiales y terminarlo con 25 o 30. Durante el año aparecen nuevos diagnósticos, pero no llegan más profesionales al centro.
"La orientadora sigue diagnosticando alumnado y tú lo tienes que atender, pero los recursos no aumentan", explica a este periódico.
La normativa que regula estas ratios, señala, data de 1990. Asegura que se ha pedido en numerosas ocasiones su actualización, sin obtener una respuesta adecuada.
"Cuando llega mayo, puedes tener 25 o 30 alumnos y es prácticamente imposible", lamenta.
La principal pérdida para esos estudiantes es el tiempo. "El alumnado pierde atención y pierde su capacidad de poder mejorar. Un alumno necesita tiempo", explica.
Carmen es maestra por vocación. Por eso, dice, le afecta no poder ofrecer a los alumnos y sus familias la atención que necesitan.
"Quieres siempre dar lo mejor y al final acabas muy mal". A la atención de los estudiantes debe sumar la coordinación con los tutores y el resto de los profesores.
Carmen, profesora de Pedagogía Terapéutica en la Comunidad de Madrid, durante la movilización convocada por CSIF.
Cuando se le pregunta cómo consigue aliviar el estrés al volver a casa, responde: "Como puedo".
Álvaro Belmonte García también es profesor de Educación Especial y Pedagogía Terapéutica. Lleva entre 25 y 26 años dedicado a la enseñanza y asegura que sus dificultades comenzaron desde el primer curso.
Habla de leyes que cambian con cada Gobierno, proyectos sin continuidad, recortes salariales y recursos insuficientes. "Cada vez mi capacidad pedagógica se ve más limitada", reconoce.
Álvaro Belmonte García, profesor de Educación Especial y Pedagogía Terapéutica, durante la protesta ante el Ministerio.
Su principal preocupación es la falta de atención individualizada. Considera imposible adaptar la enseñanza cuando las aulas están masificadas.
En una clase de 25 estudiantes, explica, existen "25 maneras distintas de entender y 25 maneras de aprender". Cada alumno tiene su propio desarrollo, su contexto familiar y un ritmo diferente.
"Esto no es una ciencia exacta", advierte. Para Álvaro, la capacidad de ofrecer una respuesta ajustada a cada estudiante es el verdadero indicador de la calidad educativa.
Esa responsabilidad también invade su vida privada. "El problema es que mis horas de trabajo no acaban", asegura.
Pese al desgaste, volvería a elegir la docencia. "Siempre, pese a esto, siempre, porque es vocacional", dice emocionado.
Las reclamaciones que se escuchan frente al Ministerio incluyen un Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema, una inversión educativa del 7% del PIB y un gasto mínimo por alumno.
CSIF también pide una normativa básica sobre ratios y horarios lectivos y un plan nacional de equiparación salarial.
Álvaro resume el conflicto entre la vocación y el coste personal que describen los tres profesores: "Por cada diez fracasos que pueda tener, si tengo un éxito, creo que ha merecido la pena. Pero ¿a qué coste?".